Carolina Olarte-Báqueres, Decana de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, ha sido designada por el Gobierno como miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya, uno de los más destacados organismos internacionales en esta materia. La académica es abogada de la Universidad Javeriana. Tiene una Maestría en Derecho de la Universidad Robert Schuman de Francia y es Doctora en Derecho de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne. Su experiencia se ha centrado en el arbitraje de inversiones y la relación entre empresa y derechos humanos.
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¿Qué es la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) y qué casos suele llevar?
La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) es una organización intergubernamental creada en 1899 por uno de los Tratados de Paz de La Haya. Tiene por objetivo la resolución pacífica de las controversias a nivel internacional. Presta servicios de arbitraje, mediación y conciliación entre Estados y también entre particulares.
¿Cómo cuáles?
Entre los primeros, se puede mencionar el disenso por derechos costeros entre Ucrania y Rusia, estrechamente vinculado con el conflicto actual. También casos muy importantes entre Estados y multinacionales, por ejemplo, por temas de inversión extranjera. Un caso muy conocido fue el de Ecuador contra Chevrón (Texaco), otros como el caso Glencore, Panamericana Televisión, por ejemplo. Otro caso es el de Renco Group contra el Estado de Perú.
¿Qué significa para usted su reciente designación como miembro del Grupo Nacional de la CPA de La Haya?
Es muy importante porque el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) prevé que, además de estar en la lista de árbitros para resolver este tipo de controversias que mencionaba, se nos delega la responsabilidad de designar a los candidatos para ser jueces de la CIJ, el órgano jurisdiccional de mayor relevancia a nivel global. Además, podemos designar candidatos para el Premio Nobel de Paz.
Desde su experiencia, ¿cómo considera que podría aportar al equipo al que llega?
Mi perfil es eminentemente académico. De científica social. He trabajado desde esta perspectiva el ámbito del arbitraje y la solución de las controversias en el mundo del derecho. Mi principal aporte es resaltar la importancia que estos mecanismos revisten para contextos jurídicos, sociales y económicos como los de los países en desarrollo, en particular: Colombia.
En el Grupo Nacional de la CPA se sumaría a Ricardo Abello, Guillermo Fernández de Soto y Eduardo Silva Romero. A propósito de ser la única mujer, ¿cómo ve la equidad de género en estas designaciones?
Es un mensaje muy importante. En estas instituciones con trayectoria histórica, existe aún un rol predominante de los hombres en el litigio y en el arbitraje. De alguna manera, persiste la idea de que es una función que requiere fortaleza y esto se equipara al género masculino. Además, motiva, anima e inspira a otras mujeres, por ejemplo, estudiantes de Derecho en el arbitraje como un campo de proyección.
Los procesos de arbitraje en materia internacional entre Estados deberían apuntar a disminuir el enfrentamiento de estos ante la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales ¿Lo está cumpliendo actualmente?
El arbitraje, por naturaleza, es una figura que ofrece una solución más rápida que las instancias judiciales convencionales porque da la oportunidad a las partes de establecer las normas que van a regir el procedimiento, e incluso, dependiendo del caso, los árbitros que dirimirán el caso. Ahora bien, esto no significa que los casos tratados no vayan a llegar a la CIJ o a otras instancias judiciales. Pero allí juegan otros elementos de tipo diplomático y geopolítico que se suman a la controversia y hacen que sea mucho más compleja. Yo estoy totalmente persuadida de que el arbitraje ha permitido evitar ir a los estrados judiciales convencionales y ha logrado una mayor fluidez en ellos.
¿Considera que existe actualmente un caso emblemático que vincule a Colombia y en el que su postura y experiencia pueda ser útil?
Actualmente, Colombia, como parte, está enfrentando varios casos de arbitraje internacional, específicamente de inversión por presuntas violaciones a los Tratados de Inversión o capítulos de inversión de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que firmó Colombia. La mayoría de estos se encuentran en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a Inversiones (CIADI). Uno de los casos más conocidos fue el de Granahorrar (una controversia de esa empresa contra el Estado colombiano, que se resolvió a favor de este último). Mi experticia en particular está en el arbitraje y específicamente en el arbitraje internacional de inversiones.
Esto podría ser clave de cara a las propuestas de algunos candidatos a la presidencia de revisar TLC y los problemas jurídicos que pueden surgir de allí…
Esto es fundamental. Colombia no tenía ningún trámite de arbitraje por este tema en su contra, pero a partir de 2015, y con ocasión de la adopción de medidas para garantizar los derechos de las personas en Colombia, se ha visto comprometida la responsabilidad internacional del Estado. Tanto los términos de los tratados, así como las decisiones internas que toma el Estado colombiano, son fundamentales en este tipo de situaciones jurídicas. Esto es crucial de cara a las decisiones que tome el próximo gobierno, porque si sumamos solamente las compensaciones que actualmente están esperando recibir los inversionistas extranjeros que han demandado, se compromete un porcentaje elevado del presupuesto nacional.
¿Quisiera añadir algo más?
La importancia para Colombia de participar en estas instancias de solución de controversias a nivel internacional, en este caso la CPA. Esto nos permite ser partícipe en la toma de decisiones sobre una función tan importante como la de dirimir los conflictos de manera pacífica. Pero, sobre todo, nos permite aportar una visión desde las realidades y desde el contexto jurídico, social y económico del país.
*@luisferpacheco
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Por Luis Fernando Pacheco G.*
