Una acción popular impulsada por la Fundación SalBo podría significar un avance histórico para la prevención del cáncer de cuello uterino, la causa número uno de muerte por cáncer en mujeres entre los 30 y 59 años. El recurso, que acaba de ser aceptado para su revisión en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, busca que el sistema de salud colombiano elimine todas las barreras que existen para que las mujeres accedan a la prueba de ADN del virus del papiloma humano (VPH), una enfermedad que puede causar cáncer de cuello uterino y manifiesta sus síntomas en las etapas más avanzadas. Y, pese a que existe una prueba para detectarlo, que es diferente a la citología, el número de exámenes que se realiza en el país es mínimo.
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El Tribunal consideró que la demanda de la Fundación SalBo cumple todos los requisitos para poder darle un giro al sistema de salud. Los accionantes esperan que la justicia determine que el Ministerio de Salud ha venido vulnerando los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, al acceso a los servicios públicos de salud de manera eficiente y oportuna a favor de las mujeres, y a los derechos e intereses colectivos sexuales y reproductivos de las mujeres. Según las cifras del Ministerio, a corte de 2023, el sistema está en capacidad de otorgarle este examen a únicamente al 4,8 % de todas las mujeres que pueden solicitarlos.
Para entender el caso, hay que remontarse a 2018. Entonces, el Ministerio de Salud expidió una resolución con la más reciente Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud. Un potente documento que contiene los pasos que pacientes, instituciones y personal de salud deben seguir para atender diversas afectaciones médicas. Entre ellas, la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Aunque en principio las intervenciones y acciones médicas definidas estaban garantizadas para toda la población, incluyendo el examen de ADN para el VPH, una prueba destinada a mujeres mayores de 29 años, todo cambió un año después con otra resolución.
En febrero de 2019, el Ministerio consideró que para esa prueba se iba a aplicar la progresividad. Es decir, se decidió que ese examen crucial para detectar el VPH, y potencialmente el cáncer de cuello uterino, se aplicaría limitadamente para las mujeres entre los años 2020 y 2023. El problema que denuncia la Fundación SalBo es que se acordó una cobertura como máximo de solo el 4,8 % de las mujeres en capacidad de solicitar el examen. En las cuentas de la Fundación, para ejemplificar la gravedad del asunto, si todas las colombianas entre los 30 y los 65 años solicitaran la prueba al mismo tiempo, el Estado solo se la podría garantizar a máximo cinco.
“No podemos asumir que el Ministerio de Salud abolió la situación porque ya es 2023. Solicitamos que se desmonte la progresividad que cursa específicamente sobre esa prueba. Yo me imagino que eso se podría dar vía resolución. La misma Cuenta de Alto Costo (del Ministerio de Salud), en sus informes, revela que el 75 % de los casos de cáncer de cuello uterino que se están detectando en Colombia son en estadios demasiado avanzados, cuando no hay nada que hacer. El llamado es a las mujeres que vayan a su EPS y soliciten la prueba, que debería ser universal en el país”, explicó a este diario Hárold Salamanca, cofundador de SalBo.
Según el último informe de la Cuenta de Alto Costo sobre la situación del cáncer en la población adulta, el 49 % de los casos nuevos de cáncer de cuello uterino se presentaron en mujeres entre los 20 y los 44 años. De acuerdo con el Ministerio de Salud, “la mortalidad por cáncer de cuello uterino está asociada a condiciones socioeconómicas desfavorables. Encontrándose un mayor riesgo de mortalidad en regiones rurales dispersas, con bajo acceso a los servicios de salud y en grupos de menor nivel educativo”. Además, según estima el Observatorio Global de Cáncer, en Colombia semanalmente mueren 50 mujeres por cáncer de cuello uterino. La incidencia está en 14,9 casos por cada 100.000 habitantes.
Uno de los puntos claves de la acción popular es el hecho probado de que el cáncer de cuello uterino se puede curar si se detecta a tiempo. Limitar la prueba de ADN para el VPH resulta, entonces, una lotería, dice el recurso judicial, pues no hay forma de que las mujeres candidatas a la prueba sepan si van a alcanzar a estar dentro de ese limitado 4,8 %. Por eso, lo que el Tribunal estudiará es si ampliar el margen de acceso significaría darles mayores posibilidades a las mujeres de conocer si contrajeron el virus y si la cepa presente en su cuerpo es cancerígena. Un fallo a favor sería una victoria a favor de los derechos a la seguridad y salubridad pública, al acceso a los servicios públicos de salud de manera eficiente y oportuna, y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
