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28 Aug 2020 - 10:10 p. m.

La acusación de la Fiscalía al coronel (r) Plazas Acevedo por secuestro extorsivo

La Fiscalía radicó escrito de acusación por el secuestro de Martha Cecilia Velásquez Álvarez en Bogotá. El Espectador revela los detalles del documento y los testimonios que relacionan al oficial con el crimen de esta mujer que fue secuestrada y entregada a los paramilitares del Magdalena Medio. Ellos la asesinaron y desaparecieron.
El coronel (r) del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz. / Archivo particular
El coronel (r) del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz. / Archivo particular

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra del coronel (r) del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo por su presunta responsabilidad en el crimen de Martha Cecilia Velásquez Álvarez. A la mujer se la llevaron seis personas que, vestidas con camuflado y armas de largo alcance, llegaron a una fama en el barrio Britalia en Bogotá, el 22 de febrero de 1999. Dijeron ser parte de una comisión de la Fiscalía. El 15 de marzo siguiente su esposo recibió una llamada en la que le pedían $600 millones y nunca más se supo de ella.

La Fiscalía, que había dictado medida de aseguramiento en su contra en abril de 2018, ahora lo acusó como presunto responsable en calidad de coautor del delito de secuestro extorsivo agravado. Plazas Acevedo quien se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz, está condenado a 40 años de prisión por el secuestro y homicidio del israelí Benajmín Khoudari, ocurrido el 30 de octubre de 1998. También está procesado por el crimen de Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999; por la Masacre de Mapiripán, cometida por paramilitares en julio de 1997; y por el homicidio de Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en mayo de 1997.

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El Espectador conoció el documento de 42 páginas de la Dirección Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía sobre este caso que inició a raíz de la investigación realizada en el caso del secuestro del industrial judío Benjamín Khoudary, acontecido el 30 de octubre de 1998, en el que se encontraron evidencias de la existencia de una banda integrada por militares y civiles dedicada a cometer secuestros y homicidios. De esa organización, que habría funcionado como escuadrones de la muerte, fueron condenados Álvaro Guerrero Cárdenas y Fabio Ramiro Casallas, alias Gemelo, quienes aseguraron que el coronel Plazas Acevedo, a quien conocían con el alias de Don Diego, pertenecía a la misma.

La Fiscalía tuvo en cuenta que el exparamilitar Arnubio Mahecha Triana, alias Botalón, confesó en Justicia y Paz que recibió a Martha Cecilia Velásquez Álvarez luego de ser secuestrada y que la mantuvo ocho meses con vida antes de ser ejecutada y desaparecida, al parecer, el 22 de febrero de 2000. Y expuso que el coronel Plazas entonces integrantesde la Brigada XIII del Ejército Nacional sería uno de los integrantes de la estructura criminal a la cual se le endilga el secuestro del israelí y de Wilson Martínez y Luis Antonio Castro.

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Para esto, tuvo en cuenta las indagatorias rendidas por los detenidos Álvaro Guerrero y Nelson Casallas, así como el registro de llamadas de los integrantes de la organización en los cuales “aparece las varias llamadas entre sí con el aquí incriminado Plazas Acevedo”. Los testimonios aportados apuntan a que en todos los casos hubo relación con miembros de la Brigada XIII de inteligencia, con la intención de burlar la ley y se cita cómo el coronel Plazas realizó varios intentos para liberar a Raúl Mallana y a Nelson Casallas cuando fueron detenidos en Bogotá con armas de fuego y un carnet del B2.

“Tal y como se probó en la investigación Khoudari, que dicho sea de paso, fue el camino para lograr esclarecer los demás conductas punibles a investigar (...) también se logró evidenciar la participación del teniente coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo en la perpetración de los mencionados, pues no solo se cuenta con las situaciones de hecho que han reseñado Álvaro Guerrero y Nelson Casallas, quienes en sus primeras versiones corroboraron las teorías expuestas por el grupo investigador, es decir, la conformación de una sociedad criminal dedicada a ejecutar retenciones con el aval de personal perteneciente a las fuerzas militares”, dice el escrito de acusación.

“También obra los registros fílmicos de la vigilancia efectuada en el inmueble destinado como recinto de operaciones, así como las diferentes interceptaciones realizadas a los números telefónicos de varios miembros del grupo delincuencial, como las transcripciones de las conversaciones sostenidas entre los miembros del consorcio criminal, y el cruce de registros de los abonados telefónicos, lo que permitió establecer que del número celular perteneciente al coronel Plazas Acevedo se originaban y recibían llamadas de las personas que fueron reconocidas y debidamente identificadas como pertenecientes al grupo al margen de la ley”, agrega el documento.

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La Fiscalía asegura en el escrito de acusación que el coronel Plazas Acevedo mantenía constante contacto con el sargento Guillermo Lozano quien, junto a José Bladimir Lozano, entregaron a Martha Cecilia Velásquez a las autodefensas, según el testimonio de alias Botalón, comandante de las Autodefensas de Puerto Boyacá. Esto bajo la falsa excusa de que era aliada de la guerrilla. “Yo en varias oportunidades traté de hablar con ella y otros comandantes también. Ella nunca dijo que fuera guerrillera. La señora era pelinegra alta, blanca, de cabello negro, de contextura acuerpada, bien parecida, se veía cuidada, era una mujer de ciudad. Ella dijo que tenía una hija como de 15 años. Solo queda pedirle perdón de corazón a estas víctimas”, dijo Botalón.

La Fiscalía igualmente señaló que la alianza de los paramilitares con algunos de los miembros de la Brigada XIII y, en especial con el entonces coronel Plazas Acevedo, se robustece con la declaración que dio Darwin Betancourt en el proceso por la muerte de Jaime Garzón: “Mis funciones eran dar información que yo conocía de la guerrilla, la ubicación de la gente, caletas, lugares donde se desplazaban en el área de Cundinamarca y Boyacá y señalar o identificar algunos testaferros de la guerrilla. Por esa situación estoy pagando condena, porque yo identifiqué una serie de testaferratos (sic), se los indique a las Brigada 13 y el coronel Plazas en junta del general (Rito Alejo) del Río que era el jefe en ese momento. lo que hicieron es que esas personas se las pusieron a disposición de los paramilitares, de Castaño de Córdoba y Botalón del Magdalena medio”.

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Darwin Betancourt también dijo que una persona identificada con el alias de Camilo era emisario de la casa Castaño y acudía a la Brigada. Ese Camilo, dijo, se lo presentó “el coronel Plazas a principio del año de 1998, en la Brigada 13 en el B2. Me dijo que él era el delegado de Carlos Castaño en Bogotá y que estaba encargado de coordinar con el Ejército, el DAS y la Policía. Me dijo que el general del Río y el coronel Plazas los conocía desde Urabá”. Según la Fiscalía, “esta declaración, deja entrever la relación que poseían los miembros de la organizada banda criminal con los paramilitares de Puerto Boyacá (y que) existe coincidencia en los nombres de los enlaces que utilizaban los militares con los grupos de autodefensas".

“Reiteramos que el delito de secuestro extorsivo con las causales de agravación referidas, tuvo real ocurrencia y fue cometido por hombres quienes se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, vestían con uniformes camuflados portaban armas de largo alcance. Respecto de la responsabilidad del señor Plazas Acevedo en su comisión, si bien es cierto este se muestra ajeno y se declara inocente, se han recaudado a lo largo del instructivo testimonios que ofrecen serios motivos de credibilidad (que lo) incriminan como uno de los coautores del ilícito en su condición de militar de la Brigada XIII”, dijo la Fiscalía.

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