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Por primera vez, dos naciones emiten una alerta temprana con el mismo fin: mitigar los riesgos y vulneraciones de derechos humanos que enfrentan los migrantes que atraviesan la frontera entre Colombia y Panamá. Las Defensorías del Pueblo de ambos países se unieron para crear una estrategia binacional que permita brindar protección a quienes cruzan la frontera.
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El documento está enfocado para los municipios de Necoclí y Turbo en Antioquia y Unguía, Acandí y Juradó en Chocó, del lado colombiano, y para los distritos de Pinogana y Chepigana y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala en la provincia del Darién por el lado panameño. En esa zona, a juicio de las entidades, es donde se evidencia control territorial por parte de grupos armados ilegales y organizaciones del crimen organizado.
“Los equipos de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá encontraron a lo largo de los últimos 8 meses de trabajo, en primer lugar, una alta situación de vulnerabilidad que afrontan los migrantes y la población que vive en estas zonas. En segundo lugar, identificaron que las organizaciones ilegales que operan en estas zonas perciben ingresos por sus actividades ilícitas. Adicionalmente, hay una desprotección social que afecta a las comunidades que habitan en los dos lados de la frontera”, aseguró el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis.
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Las entidades, en su análisis, hallaron múltiples riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que deben enfrentar, no solo los migrantes, sino también las poblaciones que viven en la región. Los sucesos más frecuentes van desde violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, extorsiones para permitir el tránsito de migrantes, robo de pertenencias y dinero, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, tráfico de migrantes y hasta posible trata de personas.
En el documento de más de 60 páginas, las Defensorías advirtieron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres, madres lactantes, y niños y niñas que viajan solos o cuyos núcleos familiares han resultado divididos por cuenta de las dificultades de la travesía. “Durante ocho meses los equipos técnicos estuvieron monitoreando las vulneraciones de derechos contra los migrantes y los pobladores de la zona. Encontramos una capacidad limitada de respuesta en prevención y protección de derechos de los gobiernos territoriales y nacionales”, resaltó Camargo.
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Por su parte, Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo de Panamá indicó que “ha sido un trabajo mediante visitas de campo entrevistas a personas en movilidad humana y lugareños. Debemos prestar especial interés en los lugareños quienes han abandonado actividades agrícolas y comerciales para dedicarse a los flujos migratorios. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes hemos venido advirtiendo en conjunto con Unicef los graves problemas de abandono escolar por tareas relacionadas al flujo migratorio, el trabajo infantil y demás actividades que no corresponde al desarrollo de niños y adolescentes”.
El defensor panameño resaltó que el Darién ha sido olvidado por los gobiernos y sus necesidades de atención salud y educación resultan urgentes con el flujo de personas que se ha generado en esa zona. Así las cosas, las dos Defensorías hicieron seis recomendaciones para que se les garanticen los derechos a estas poblaciones, entre ellas, a Migración Colombia y a Migración Panamá, y con el apoyo de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, para que establezca una mesa permanente de atención a la población migrante y de esta manera se puedan revisar los flujos migratorios irregulares, las violaciones a los derechos humanos, revisar rutas, victimizaciones, además que se puedan compartir datos estadísticos.
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En la alerta, que se podría convertir en la hoja de ruta a seguir para mitigar ese tipo de vulneraciones, también se solicitó que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad de Panamá evalúen mecanismos de disuasión de las amenazas a los derechos humanos en la zona de frontera. “Allí resulta fundamental que toda intervención y atención en favor de estas poblaciones se haga bajo criterios de humanidad y dignidad, con un enfoque diferencial”, explicaron los defensores.
En el radar de la Defensoría está que el Clan del Golfo tiene el poder de los territorios colombianos por lo que, en gran medida, regulan las actividades criminales asociadas al narcotráfico aprovechando la posición estratégica de la región en cuanto a las vías marítimas. En cuanto al territorio panameño, en la lupa de la Defensoría también tienen identificado delincuencia local que, a futuro, se pueden organizar para emprender actos ilegales con las personas que cruzan la frontera.
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