Uno de los puntos claves del posconflicto colombiano, si es que se llega a un eventual acuerdo en la mesa de negociaciones de los diálogos de Paz en La Habana (Cuba), es establecer la verdad de lo que sucedió durante medio siglo de violencia. Una de las formas, y que está incluida dentro del Marco Legal para la Paz –que será discutido el próximo jueves en la Corte Constitucional–, es la creación de una comisión de la verdad. Los retos a los que se tiene que enfrentar la conformación de estos grupos investigativos es lidiar con las presiones de diferentes sectores políticos, lograr tener autonomía en su mandato y abrir el espacio a una discusión sobre el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido.
Uno de los expertos en la creación de estos grupos de investigación, Eduardo González en entrevista con El Espectador evaluó la posible creación de una comisión de este tipo en Colombia y los desafíos que implican dar a conocer una verdad que ha estado suprimida, oculta y cerrada. Sin embargó, señaló que estas iniciativas no resuelven todas las incógnitas, especialmente, en un conflicto como el colombiano que ha durado décadas.
González, quien actualmente trabaja como director del Programa de Verdad y Memoria del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), indicó que en Colombia apenas se está dando una discusión sobre la eventual creación de una comisión de la verdad, que esta iniciativa no se hace por conveniencia política sino por derecho de las víctimas a conocer la historia real y que además, las personas que hagan parte de este grupo de trabajo tienen que tener un reconocimiento social, liderazgo y ética para evadir cualquier presión.
¿Cuáles fueron los tres puntos claves para el éxito de la comisión de la verdad y reconciliación en Perú?
Parte del debate en mi país tenía que ver la comisión iba a investigar todos los hechos cometidos durante conflicto armado o solamente hechos atribuidos a una de las partes. Segundo punto fue si la comisión investigaría las violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Fujimori o si también las violaciones cometidos antes durante gobiernos elegidos democráticamente en los 80. Y, por supuesto, si se investigarían los hechos de conflicto armado utilizando las categorías del derecho internacional humanitario como crímenes de lesa humanidad.
¿Cómo se solucionaron estos temas?
Fueron zanjados en el decreto presidencial que creó la comisión y, también, la forma en que ésta investigó. En un principio se hizo un recorrido muy amplio de todo el conflicto armado desde la década del 80, incluyendo periodos en los que se cometieron violaciones bajo gobiernos elegidos democráticamente, y hasta el 2000 cuando aún se mantenía la dictadura de Alberto Fujimori. Segundo fue una comisión cuya investigación dejaba la lista abierta para que violaciones de similar gravedad a los delitos establecidos a investigar fueran incluidas. Un ejemplo es que la violencia sexual no estaba incluida, pero como existía una cláusula para que los comisionados interpretaran e incluyeran violaciones de similar gravedad, definitivamente se terminó investigando la violencia sexual en todas sus formas.
¿Por qué ningún país Latinoamericano abordo en sus comisiones el tema de los delitos sexuales directamente? ¿Recomendaría que Colombia lo estableciera como uno de los delitos a investigar?
Sin la menor duda. La violencia sexual y de género es acontecimiento general de los conflictos armados y una táctica de guerra. Eso está demostrado. No solamente se trata de incluir los delitos de violencia sexual porque son fundamentales y han afectado los derechos de las víctimas, sino, además, porque investigar estos crímenes permite una reconstrucción más adecuada de la historia de lo que ha ocurrido al interior del conflicto.
¿Qué tan difícil fue abordar para Perú abordar los crímenes cometidos por el Estado (Fuerzas Militares)?
Lo que ocurrió en Perú fue que al momento de la creación de la Comisión la mayoría de los casos atribuibles a los grupos armados ilegales ya estaban judicializados porque ya habían sido derrotados militarmente y muchos de sus dirigentes estaban en la cárcel. De modo que la tarea pendiente era con respecto a la Fuerzas Armadas que habían estado en situación de impunidad durante la dictadura. Lo que se hizo fue abrir esa puerta que estaba cerrada. Algunos casos avanzan y otros no tanto porque los casos que involucran altos mandos del Ejército avanzan lentamente. Pero el caso de Fujimori es el más ejemplar porque el propio presidente fue condenado a 25 años de cárcel.
¿Qué similitudes encuentra entre los casos de Colombia y Perú?
No sé qué se podría esperar. Todos los casos son distintos pero lo que es claro es que cuando se tiene un conflicto tan largo y complejo como el peruano que fue de 20 años y el colombiano que es de décadas, es obvio que es muy difícil suponer que solamente se van a investigar casos cometidos por un solo actor armado. Evidentemente eso sería excluir a gran parte de las víctimas. Yo creo que en Colombia se tiene que investigar todas las violaciones más graves atribuibles a distintos actores del conflicto.
¿El trabajo de la Comisión de la Verdad le cambió la cara a Perú?
El trabajo de una comisión de la verdad es un trabajo necesario porque abre una discusión que estaba suprimida, oculta y cerrada, pero no resuelve todas las incógnitas. El informe final de Perú continúa siendo debatido y rechazado por sectores políticos que tuvieron responsabilidad durante el conflicto armado. Ellos hacen lo posible por desprestigiar sus hallazgos y resultados. En el plano estrictamente político puedo decir que lo que hizo la comisión no sirvió, pero en otro sentido pienso que si se hubiera hecho un informe al antojo de los políticos se hubiera contado una historia falsa.
¿Cuál sería el valor agregado para que una comisión de la verdad en Colombia tuviera éxito?
Ejecutar efectivamente su mandato. Investigar, ir al campo a recoger evidencia, información y testimonios. Es un trabajo durísimo, no solamente en el plano técnico sino político porque hay muchas presiones de sectores sociales que quieren que la comisión haga lo que ellos quieren. Eso es inevitable y por eso se requiere unos comisionados que sean capaces de guiarse por un eje ético y a partir de ahí sean capaces de responder a las presiones. Creó que en Colombia no falta capacidad humana para crear una comisión de la verdad con solidez, pero el reto consiste en encontrar un equipo que tenga liderazgo, prestigio y reconocimiento para navegar en esas dificultades.
¿Es necesaria la creación de una comisión de la verdad en un escenario de posconflicto?
Yo creo que en primer lugar las víctimas tienen derecho a saber la verdad. El mecanismo como Colombia va a saber la verdad es lo que se está discutiendo. El conflicto colombiano es tan amplio que no creo que una comisión baste para investigar todas las violaciones y dar una explicación total de lo que ocurrió en el conflicto. Va a necesitarse una complementariedad de esfuerzos y eso incluye a la Rama Judicial, la apertura de archivos oficiales y de la sociedad civil.
¿Cómo se llega a la verdad absoluta?
La verdad que la comisión construye es intersubjetiva. La comisión tiene que escuchar a muchas partes del conflicto para tener una visión completa de lo que ocurrió. Es importante la interpretación de los hechos porque es más significativo conocer que razones llevaron a los actores a cometer los delitos.
¿Qué piensa del Marco Legal para la Paz y de los diálogos de Paz en La Habana (Cuba)?
Algo fundamental es que la búsqueda de la verdad no se hace por conveniencia política sino por derecho de la sociedad colombiana en su conjunto y las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Tanto en el procesos del Marco para la Paz como las negociaciones uno no debe plantearse una comisión para plantearse una solución fácil sino como un mecanismo para cumplirle a las víctimas. En la medida en que el Marco y los diálogos respondan constitucionalmente a estas exigencias, es lo que va a marcar su éxito o fracaso.
Por Santiago Martínez Hernández
