Chris Stone es el presidente de Open Society Foundations y experto en reformas de sistemas de justicia criminal, al punto que le fue otorgada una Orden del Imperio Británico honoraria por sus contribuciones a la reforma del sistema penal del Reino Unido. Hace unos días, Stone estuvo en Bogotá discutiendo el tema del que más sabe: la seguridad ciudadana y la reforma del sistema penal en América Latina. Habló también con El Espectador.
De manera general, ¿cuáles son los retos que enfrenta la justicia penal hoy?
El reto principal es mantener la seguridad y resolver las disputas de maneras que las sociedades encuentren justas y legítimas.
¿Y en América Latina? ¿En Colombia?
A lo largo de las últimas décadas, América Latina ha transitado de gobiernos militares a democráticos, lo que ha requerido que se hagan cambios para lograr que la administración de justicia sea más democrática. Este es el dilema esencial que muchas sociedades de la región están afrontando a su manera. Hace diez años, los reformistas de América Latina estaban enfocados en buscar la mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema penal. Aunque ha habido avances, también se ha hecho claro que esos dos aspectos no son suficientes para construir un sistema penal más democrático.
Si países como Colombia tienen una tasa de impunidad que sobrepasa el 96 %, ¿sería justo decir que la justicia ha fallado como sistema de control social? ¿Qué alternativas hay?
Cuando Chile pasó de un sistema penal de carácter escrito e inquisitorio a uno oral de adversarios, pasó de una tasa de condenas por crímenes graves del 6 % al 35 %, aproximadamente. Hubo decepción por que la cifra no fuera mayor, hasta que se dieron cuenta de que en Estados Unidos las estadísticas son similares. No todos los crímenes tienen que terminar en sentencia para que haya un sistema penal en el que la gente crea. Al mismo tiempo, una tasa del 4 % de condenas no es suficiente.
¿Esa tasa de impunidad que hay en Colombia es, entonces, señal de que el sistema penal debería entenderse de otra manera?
Cada Estado tiene que garantizar que las leyes realmente se apliquen y que inspiren respeto. Enfocarse en una de esas dos características nunca es suficiente.
La gente suele creer que se necesitan condenas más largas para disuadir a otros que quieran delinquir, pero no hay evidencia de que esa estrategia funcione. ¿Estamos en deuda de pensar nuevas formas de justicia?
Mejorar las tasas de arrestos es más efectivo para persuadir a otros de delinquir que incrementar el tiempo en prisión. La presión para que las condenas sean más largas es, con frecuencia, un acto de desesperación de los gobiernos que se ven incapaces de aumentar las tasas de arrestos.
¿Es hora de que países como Colombia replanteen la relación entre crimen y castigo?
La cohesión social depende de que el Estado pueda prevenir el miedo colectivo. Paradójicamente, no hay relación directa entre el crimen y el miedo. Un sistema penal que se entienda como que reduce los crímenes que afectan a la gente y que lo hace con justicia puede incrementar la cohesión social y fortalecer la democracia rápidamente.
Colombia acaba de firmar el acuerdo final de paz con la guerrilla más antigua del país, las Farc. ¿Qué oportunidades pueden surgir de ese acuerdo, en referencia con el tema de justicia?
Este hecho presenta una gran oportunidad de desarrollar e implementar políticas para reducir la criminalidad por fuera del contexto y la lógica de la guerra. Esto crea más espacios para que la sociedad civil se involucre en reformas del sistema penal y para pensar en nuevas perspectivas para resolver disputas. Me motiva saber que la Policía colombiana ve este momento como un chance para construir relaciones con comunidades a las que no habían podido tener acceso antes.
En el contexto del acuerdo de paz, se ha criticado mucho que los líderes de las Farc no pagarán penas en prisión. En general, la gente suele pensar que el único castigo para el crimen es la prisión. ¿Ese paradigma podría cambiar?
No puede ser que la única alternativa a la amnistía o a la impunidad sea la cárcel. Lo que constituye un castigo apropiado es algo que varía en cada sociedad, pero sabemos que enviar a la gente a prisión por largos períodos puede, contrario a lo que se espera, empeorar los problemas de muchas maneras inesperadas.