El caso contra el excongresista Julián Bedoya por presuntamente haber hecho fraude para conseguir su título como abogado en la Universidad de Medellín entró en una carrera contrarreloj. Faltan menos de seis meses para que el delito de fraude procesal prescriba y deje a Bedoya sin responder ante la justicia. La razón es que las constantes dilaciones que ha tenido el proceso han hecho que en los últimos años el proceso no haya tenido mayores resultados. La alerta la hizo el equipo legal de la Universidad, que fue acreditada como víctima en el caso, y le piden al Tribunal Superior de Bogotá que acelere el proceso para que no se quede en impunidad.
El pulso en los estrados ha estado marcado por las reiteradas solicitudes y recursos que ha interpuesto la defensa que han dilatado el proceso al punto de estar al borde de la prescripción. El caso se remonta a finales de 2019 cuando la veeduría de egresados de la Universidad de Medellín hizo una denuncia por irregularidades que identificaron en el otorgamiento del título a Julián Bedoya, quien para ese momento era senador. Por su fuero, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema lo investigó y, en 2021, Bedoya fue llamado a indagatoria. Sin embargo, renunció a su curul y la Fiscalía tomó el caso.
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Con el caso en los escritorios del ente investigador, llegó el primer intento de preclusión de la investigación por la misma Fiscalía que alegó que los hechos eran atípicos y no constituían delitos. A la par, en Medellín, avanzaba el juicio contra el entonces rector de la Universidad, Néstor de Jesús Vargas Hincapié y los docentes que ayudaron con la gestión del título de abogado para Bedoya. Para ese momento, un juez de circuito le negó al ente investigador la solicitud porque consideró que había elementos para ir a juicio por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad en documentos privados.
Después de esa decisión, la Fiscalía presentó el escrito de acusación el 5 de junio de 2024. En el documento, el ente investigador señaló que la génesis del caso se centró en un favor político. Según detalló el escrito de acusación, Bedoya habría llegado a un acuerdo con Aura Arcila, pareja del entonces rector de la institución, Néstor Vargas, para que a cambio de obtener su grado en la universidad, él le ayudaría en su campaña de reelección al Concejo de Medellín. De acuerdo al trato, la Fiscalía señaló cómo Bedoya supuestamente presentó en un solo día varios exámenes de un grado alto de complejidad, lo que levantó todas las sospechas.
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Tras resolverse un recurso de apelación por parte de la defensa de Bedoya, el 19 de mayo de 2025, el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá retomó la audiencia de formulación de acusación. En esa diligencia, la defensa del excongresista solicitó la nulidad del proceso por una presunta incongruencia entre la imputación y la acusación. Finalmente, el juzgado negó la nulidad y concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Posteriormente, a mediados de julio, la defensa señaló un conflicto de competencia porque, en su criterio, el delito más grave, el de fraude procesal, se había consumado en Bogotá.
El 31 de julio de 2025 el caso fue asignado por reparto al despacho del magistrado Javier Armando Fletcher Plazas. Desde entonces, el recurso permanece sin que se haya adoptado una decisión de fondo que permita avanzar con el proceso contra Bedoya. Con este contexto sobre la mesa, lo que señalan cercanos al caso es que para el mes de julio estaría prescribiendo el caso porque desde la indagatoria comenzó a correr un término de seis años para el delito de fraude procesal que se cumpliría en julio de 2026. Con ese tiempo en contra, todavía está pendiente la audiencia preparatoria y el juicio oral, lo que apunta a que es probable que el caso finalmente prescriba.
“Lo que se buscaba con la dilación del caso era justamente esto: la prescripción. Que él consiga terminar indemne de todo este evento que perjudicó a la Universidad de Medellín, que llevó a condenas penales a su rector de hace 25 años y a docentes de toda la vida, y que frente a él no ocurra nada por la justicia. También deja ver que tiene un gran poder de influencia, primero en la Fiscalía, porque el fiscal que en su primer momento pidió la preclusión es el mismo de ahora que se vio obligado a presentar la acusación, pero su interés inicial era precluir el caso”, señaló a El Espectador una fuente cercana al proceso.
Mientras tanto, fuentes en territorio le aseguraron a este diario que Julián Bedoya sigue con su participación en política y con el mismo poder electoral desde el partido Liberal en zonas como el suroeste antioqueño. Fuente cercanas al caso le dijeron a El Espectador que el equipo legal de la Universidad de Medellín va a presentar una solicitud de vigilancia judicial administrativa ante la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura para que se priorice el caso y se evite la inminente prescripción. Apuntan que el objetivo es que se conozca la verdad de lo ocurrido con el título universitario de Bedoya.
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