Una vía construida entre los municipios de Calamar y Miraflores en el Guaviare al parecer no contó con los permisos y licencias ambientales necesarios por tratarse de una zona de especial protección ecológica. Así lo asegura la Fiscalía General de la Nación.
Por esa razón, la Fiscalía le imputó cargos a Pedro Pablo Novoa Bernal, alcalde de Calamar; y a Jhonivar Cumbe, alcalde de Miraflores. La entidad acreditó que el “paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques, incidieron en el deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la región”.
“El alcalde de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal; y el alcalde de Miraflores, Jhonivar Cumbe, habrían facilitado el avance de las obras en el corredor vial de 138 kilómetros y, al parecer, fueron permisivos frente a las irregularidades que se presentaron”, dijo la entidad.
La Fiscalía además tomó los datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam que indican que la deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de gobierno de los dos mandatarios locales. “Pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. Varios de los focos de deforestación e incendios están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal”, insiste la entidad
Los alcaldes fueron imputados por los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada. Un juez de control de garantías de San José del Guaviare ordenó el cierre inmediato de la vía y la prohibición del tránsito de vehículos pesados, incluidos los automotores de la Gobernación de Guaviare y maquinaria amarilla.
Por Redacción Judicial
