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El 23 de enero de 1994, integrantes de las Farc y disidencias del EPL masacraron a 35 personas y dejaron lesionadas a 12 más en la vereda La Chinita de Apartadó en Antioquia. Las víctimas eran desmovilizadas del Ejército de Liberación Popular y hacían parte de un movimiento político que se llamó “Esperanza, Paz y Libertad”. 27 años después, estando el caso en absoluta impunidad, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la privación injusta de la libertad de diez personas que fueron capturadas por supuestamente estar vinculadas al crimen, que fueron condenadas incluso en 1997, pero cuyos casos se cayeron y terminaron en la prescripción en su favor.
La decisión conocida por este diario la tomó el Consejo de Estado a finales de 2020, sin que se hiciera pública y sale a relucir justo ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda que presentaron los apoderados de las víctimas, alegando que el Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar de forma eficiente aquellas situaciones que pueden conducir a la violación al derecho a la vida, tanto por acción como por omisión. El fallo del Consejo de Estado favorece a Francisco Calvo Sánchez, Luis Ruiz Arango, Yomar Hernández Pineda, Elizabeth López Tobón, Gonzalo Peláez Castañeda, Luis Sánchez Echavarría, Franklin Rivas de Diego, Alberto Villada Trujillo, Gustavo Manuel Arcia y Alcira Rosa Quiroz Hinestroza.