La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de otorgar medidas cautelares en favor de los líderes sociales Guillermo Andrés Mosquera Miranda, Nidia Marcela Montoya, Carlos Mauricio Mosquera Miranda tras identificar que se encuentran en una “situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
De acuerdo con la información entregada por esta instancia del sistema interamericano los dos primeros son docentes y líderes campesinos en el Cauca, mientras que el tercero fue candidato por una de las curules de paz en marzo 2022. Además, las tres personas son parte de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA).
Desde 2018, las personas beneficiarias de las medidas cautelares han sufrido distintas amenazas de muerte por parte de grupos criminales, fueron víctimas de desplazamientos forzados y blanco de ataques. Por ejemplo Nidia Marcela fue declarada como objetivo militar en 2020, en mayo de 2022 un carro bomba explotó cerca de la vivienda de Carlos Mauricio y, en noviembre de 2022, Guillermo Andrés sufrió un atentado. Ellos le contaron a la CIDH que ninguno cuenta con medidas de protección.
El Estado colombiano informó que el 12 de julio de 2022 la UNP otorgó medidas de protección a Guillermo Andrés. Asimismo, indicó haber incluido a Guillermo Andrés, Nidia Marcela y sus dos hijos en el Registro Único de Víctimas y afirmó que la Secretaría de Educación y Cultura adoptó las medidas para protegerlos. Finalmente, el gobierno solicitó a la CIDH que desestime la solicitud de medidas cautelares.
“La Comisión valoró la información aportada por el Estado, al mismo tiempo observó que la situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias y los factores de riesgo no habían sido mitigados. La parte solicitante (los líderes sociales) hizo referencia a la continuidad de las amenazas de muerte y a la insuficiencia de las medidas de protección adoptadas por el Estado”, señalo la CIDH.
Y agregó que: “Asimismo, la Comisión no ha recibido información sobre el avance en las distintas investigaciones por las amenazas denunciadas por las personas beneficiarias desde 2018. El Estado no presentó información respecto de la situación de Carlos Mauricio Mosquera Miranda. Por su parte, los núcleos familiares de las personas beneficiarias estarían en riesgo dadas las posibles represalias, y considerando las acciones de acoso y hostigamiento de las que han sido objeto el padre y la madre de Guillermo Andrés y Carlos Mauricio”.
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