La conciliación entre Petro y el Gobierno ante la CIDH

Para el próximo 21 de marzo fue citada la audiencia de conciliación entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego y el Gobierno Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington (Estados Unidos). En dicha diligencia las dos partes expondrán sus argumentos frente al organismo internacional.

“Ahora el Estado y la víctima se reúnen para conciliar, vamos a ver si conciliamos”, precisó el mandatario distrital, quien aseguró se solicitará que se aplique la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “que nosotros nos comprometimos a cumplir y no la hemos cumplido, ya veremos qué opina el Gobierno”.

Para Petro Urrego es menester implementar medidas para que un funcionario elegido por voto popular no puede ser destituido de su cargo por un organismo con la Procuraduría General. “Cuál es la coherencia entre criticar que en Venezuela no se aplique la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuántos funcionarios elegidos por voto popular han sido sacados de sus cargos sin que medie ni el pueblo ni el acuerdo de paz”.

El abogado Rafael Barrios Mendivil, quien representa al alcalde de Bogotá anunció que se propondrá un proyecto de ley ante el Congreso de la República dirigido a modificar la legislación con el fin que un funcionario público elegido por voto popular no pueda ser sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación,

“Se tramite ante el Congreso de la República un proyecto de ley que elimine la facultad de inhabilitar a cualquier funcionario público o de elección popular por parte de la Procuraduría General, las personerías, o las oficinas de control interno del Estado colombiano”, precisó el jurista en el marco de la audiencia de conciliación con el Gobierno ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh).

En este punto aseguró que el actual Código Único Disciplinario va en contravía de la Convención Americana, puesto que se permite que el Procurador General destituya a servidores públicos elegidos por voto popular. Para sacar a un funcionario de su cargo, según el abogado, solamente se puede aceptar una condena emitida por un juez de la República en el marco de un proceso penal.

De no llegarse a una conciliación ante la CIDH el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este proceso podría durar, según la defensa, entre 15 y 17 meses por lo que la decisión de fondo se conocería cuando Petro Urrego ya no sea el Alcalde Mayor de Bogotá. “Lo que queremos es ahorrar tiempo, economía procesal”, señaló el abogado.

En marzo de 2014 la Comisión Interamericana emitió una medida cautelar a favor de Petro Urrego tras la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General en el marco del proceso por las irregularidades que habrían rodeado la planeación e implementación del nuevo modelo de aseo en diciembre de 2012 en la capital de la República.

Sin embargo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos anunció que no iba a acoger dichas medidas y dejó en firme la sanción consistente en la destitución del cargo y la inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos. En mayo el Consejo de Estado restituyó a Petro al emitir medidas cautelares.