5 Feb 2020 - 3:30 p. m.

La confusa muerte de habitante de calle a manos del Ejército por la que condenaron a la Nación

A pesar de que la Fiscalía archivó el proceso por falta de pruebas, el Consejo de Estado encontró varias irregularidades que probarían serias faltas del servicio por parte del Ejército en un operativo en el que murió un habitante de calle, con antecedentes de drogadicción.

Juan Sebastián Lombo Delgado / @JuanLombo/ jlombo@elespectador.com

"Esteban murió, en extrañas circunstancias, en un operativo del Ejército en Soledad, Atlántico.  / Archivo El Espectador
"Esteban murió, en extrañas circunstancias, en un operativo del Ejército en Soledad, Atlántico. / Archivo El Espectador

El 2 de octubre de 2007, Esteban*, un vendedor ambulante, quedó de encontrarse en la tarde con su madre en Barranquilla. Sin embargo, este hombre, que había reportado varios ingresos a rehabilitación por consumo de drogas, nunca apareció a la cita en cuestión. Por dos días, su familia no tuvo ninguna noticia de él, a pesar de que lo buscaron en varios lugares donde hubiera podido estar.

Solo tuvieron información sobre su paradero cuando en las páginas de un medio local apareció la noticia de que su familiar había muerto en un combate con miembros del Ejército en Soledad, municipio vecino a Barranquilla. Según las versiones de los militares, les había llegado información de que en un caño del barrio Villa Adela operaba una banda de aproximadamente 5 personas que robaba carros y después los desarmaba para venderlos por partes, por lo que decidieron lanzar una operación militar para dar con ellos.

En medio de este operativo, en horas de la noche, el destacamento militar se habría repartido en cuatro grupos para rodear el lugar donde supuestamente operaba la organización criminal. La mayoría de los uniformados interrogados concordaron que, a eso de las 10:40 de la noche, cerca de cinco hombres se estaban movilizando por el caño, en la total oscuridad, cuando los uniformados les dieron el alto y gritaron “Ejército Nacional”. Supuestamente, varios de los hombre sorprendidos huyeron del lugar, mientras que dos de ellos abrieron fuego en contra de los soldados apostados alrededor del caño.

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Tras una breve balacera, que duró cinco minutos, los uniformados entraron al área del enfrentamiento y encontraron a dos hombres muertos, los cuales tenían cerca de sus cuerpos armas de fuego. Una de las víctimas de este ataque fue Esteban. Supuestamente, según hombres del Ejército, un informante pudo identificar a los dos muertos como alias Tato y El Pelao, miembros de una banda delincuencial.

El caso pasó tanto a justicia militar como a la Fiscalía 54 de la Unidad de Derechos Humanos de Barranquilla. Frente a la versión de los uniformados, no se pudo demostrar alguna irregularidad por lo que en ambas dependencias el caso fue archivado. Sin embargo, la familia de Esteban no quedó satisfecha con el actuar de la justicia, por lo que llevaron su caso ante los tribunales administrativos, pidiendo que fueran indemnizados por la muerte de su familiar, que ellos describían como un vendedor ambulante que en algunas ocasiones había llegado a ser habitante de calle. Para ellos, se trató de un falso positivo, puesto que Esteban nunca había sido parte de una organización delincuencial.

El caso, de la mano del abogado Javier Villegas Posada, llegó al Tribunal Administrativo del Atlántico. Allí, aunque se llegó a probar el daño en contra de la familia de Esteban, el tribunal señaló que el Ejército no era imputable puesto que su presencia en el área estaba más que justificada por los reportes de organizaciones criminales en dicho barrio de Soledad. Además, señaló que todos los miembros del destacamento que participaron del operativo habían concordado con su testimonio, por lo que no se debía pensar que había irregularidades en sus declaraciones.

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De la misma manera, el tribunal departamental aseguró que fue en todo momento este vendedor ambulante el que motivó la acción del Ejército, puesto estaba probado que él abrió fuego en contra de los uniformados, como lo demostraban los informes de Fiscalía. Además, descartó la posibilidad de que se hubiera cometido una ejecución extrajudicial, también conocida como falso positivo, ya que Esteban murió en el mismo lugar donde se hizo su levantamiento, contrario a varios casos de ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, para la defensa de los familiares, el tribunal cometió varias omisiones, entre las que estuvo no entrar a estudiar de fondo las supuestas inconsistencias en los testimonios de los militares, por lo que decidió llevar el caso ante el Consejo de Estado. Fue en el alto tribunal que sus argumentos fueron escuchados.

Aunque los testimonios de los uniformados concuerdan con la narración de los hechos, todos hablan de que unos hombres estaban caminando por el lugar cuando escucharon la proclama de un oficial y que abrieron fuego en contra de los uniformados, para el alto tribunal dichos testimonios no pueden ser totalmente fiables debido a su condición de miembros del Ejército y participes de la operación en la que murió Esteban.

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De esta manera, el Consejo de Estado entró a comparar los testimonios que los uniformados rindieron en un primer momento con sus declaraciones ante la Fiscalía 54 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El alto tribunal encontró que los militares decidieron guardar silencio ante los cuestionamientos del ente acusador frente a este tema.

Además, según el informe de Fiscalía, la trayectoria de las balas no concuerda con los testimonios de los militares, ya que aseguran que estaban en el suelo cuando abrieron fuego, sin embargo, todas las heridas de ambas víctimas fueron en el área superior. Esto indicaría que los uniformados estaban en un lugar por encima de las víctimas del tiroteo.

El Consejo de Estado también entró a revisar algunos otros testimonios del proceso en la Fiscalía. Allí encontró que el supuesto informante que habría delatado a la organización que robaba carros no figuraba como informante del Ejército. Además, al mostrarle fotos de las dos víctimas, entre las que estaba Esteban, no pudo reconocer a ninguna de las víctimas. El supuesto informante solo pudo identificarlos como Tato y el Pelao cuando le mostraron la noticia de la acción militar, aunque nunca precisó quién era quién.

El alto tribunal encontró que las pruebas demostraron que el arma encontrada cerca de Esteban sí había sido disparada. No obstante, no se pudo comprobar que este hubiera accionado el arma ya que, a pesar de que sus manos fueron embaladas para evitar que fueran contaminadas, se omitió las pruebas de dispersión de pólvora que demostrarían si disparó o no.

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De igual manera, el Consejo de Estado evidenció que el informe de inteligencia en el que supuestamente se había fundamentado la operación fue escrito el 3 de octubre de 2007, un día después de la muerte de Esteban. Este hecho fue señalado por el procurador delegado ante la Fiscalía 54, que señaló: “nótese que el procedimiento fue adverso por cuanto primero se dio la orden de operación para iniciar un procedimiento y lo normal es que se tenga un informe de inteligencia para poder expedir una orden de operación”.

“En un orden lógico de acontecimiento de conformidad con la orden de operación se puede inferir razonablemente que primero se desplazaron al lugar de los hechos, se ubicaron allí, ejecutaron a las víctimas, después fue que elaboraron la orden de operación, al siguiente día redactaron el informe de inteligencia, sin percatarse que era irrelevante frente a los resultados operacionales”, agregó el representante del Ministerio Público para el momento de las investigaciones.

Ese concepto, conocido por el alto tribunal, también hace duros cuestionamientos a los hechos relatados por los uniformados:  “A las declaraciones de los uniformados tenemos que si las aceptamos como veraces, también generan esto duda por cuanto los uniformados dispararon sus armas de dotación contra personas que caminaban sobre la vía que por escasa visibilidad se dificultaba el reconocimiento de ellas sin determinarse quienes eran, de hecho no se dijo cuántas personas había, solo refirieron dos que arrancaron a correr y después dispararon”.

El alto tribunal también entró a analizar el auto con el que la Fiscalía 54 precluyó la investigación, allí quedó consignado que era imposible concluir si hubo o no enfrentamiento militar. “La situación en lo que atañe a los servidores militares no ha variado, pero no porque estemos convencidos de su supuesta inocencia sino porque lo recaudado por la Fiscalía General de la Nación a través del grupo de policía judicial no es ritualmente contundente para proferir resolución de acusación”, señaló el documento del ente acusador.

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Además de las pruebas obtenidas por la Fiscalía, el Consejo de Estado entró a analizar varios testimonios que señalan que Esteban no era conocido por pertenecer a grupos armados o usar armas. Asimismo, varios testimonios acreditaron que este no tenía antecedentes judiciales y que había sido internado en múltiples ocasiones debido a temas relacionados con adicción a las drogas. Una condición que lo llevó en el último tiempo de su vida a habitar la calle.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, el Consejo de Estado concluyó que no existían las pruebas para determinar que fue Esteban uno de los hombres que abrió fuego contra los uniformados, debido a que era muy oscuro para identificar a los supuestos agresores y porque la Fiscalía omitió, sin dar una razón clara, la prueba de residuos de disparo. Además, determinó que el informe de inteligencia, que data del 3 de octubre de 2007, es un “aspecto irregular que le resta credibilidad a la operación (2 de octubre)”.

Por otro lado, señaló que el Ejército no pudo probar que este hombre los había atacado puesto que “se trataba de una persona con problemas de drogadicción que había estado en centros de rehabilitación en Barranquilla”. Además, el tribunal señaló que los uniformados no encontraron evidencia alguna que la víctima estaba realizando delito alguno. Y, para concluir, aseguraron que, frente a la cantidad de uniformados, este hombre estaba indefensión y podía ser controlado sin necesidad de abrir fuego.

Con estas consideraciones, el Consejo de Estado determinó que el Ejército incurrió en faltas del servicio, pues hizo uso de la fuerza de forma arbitraria. Además, aseguró que los uniformados que estaban en la escena de los hechos eran testigos sospechosos puesto que “dado que no solo participaron en el operativo como únicos testigos presenciales de los hechos en que falleció Esteban, sino que, además, sus dichos no encuentran respaldo en los demás medios de prueba”. Al encontrar responsable al Ejército, la entidad fue condenada a indemnizar a la familia.

*Nombre cambiado para protección de la familia. 

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