Mientras que en 2013 la Corte Constitucional dijo que ninguna pensión podía ser superior a 25 salarios mínimos mensuales, el Consejo de Estado sostuvo que sólo aquellas pensiones otorgadas a partir de 2010 estaban sujetas a esa restricción. Ahora, el proceso regresa a la Corte.
En menos de 10 días la Corte Constitucional debe recibir un fallo del Consejo de Estado en el que el alto tribunal le dijo que sí a una tutela interpuesta por el excongresista Pablo Victoria para que se le siguiera pagando una pensión superior a 25 salarios mínimos mensuales ($16 millones).
Lo que se avecina es un álgido debate e, incluso, un posible choque de trenes pues, mientras la Corte Constitucional dijo en 2013 que desde el 1º de julio de ese año no se iba a pagar ninguna pensión superior a 25 salarios mínimos, el Consejo de Estado asegura que esta restricción es sólo para las pensiones otorgadas desde el 31 de julio de 2010.
Es decir, que, en palabras castizas, puso el dedo sobre la llaga al señalar que el fallo no era retroactivo, a diferencia de lo mencionado por la Corte, y que por ello Victoria tenía derecho a la mencionada megapensión. Apenas se suscitó la controversia, desde la oficina de prensa del Consejo de Estado se envió un mensaje negando que este fallo contrariara al de la Corte.
Sin embargo, el propio fallo del Consejo de Estado dice claramente que esta tutela se debe enviar a la Corte Constitucional lo que implica que es este alto tribunal quien tiene la última palabra. Fuentes consultadas de la Corte aseguran que, después de que el fallo le sea remitido, el alto tribunal va a tener una oportunidad de oro para que defina, de una vez por todas, los alcances del fallo que tumbó las megapensiones, que hoy, dos años después, sigue generando controversia.
Según fuentes de la Corte, es la ocasión para que especifique a quiénes debe reducírseles su pensión al límite de los 25 salarios mínimos. No obstante, según un alto funcionario judicial consultado por este diario, que conoció en detalle el debate sobre las megapensiones en 2013, el debate sobre si el fallo de la Corte es retroactivo o no “ya está saldado, ya es cosa juzgada, el Consejo de Estado se equivoca”.
En el fallo a favor del excongresista Pablo Victoria, el Consejo de Estado sostiene que este ajuste “únicamente se aplica respecto de aquellas pensiones que se causaron, reconocieron o liquidaron entre el 31 de julio de 2010 y el 01 de julio de 2013, esta última, fecha a partir de la cual tiene efectos la sentencia C-258 de 2013”.
Es decir, que los congresistas y magistrados cuyas pensiones fueron reconocidas y se venían pagando de manera legítima y de buena fe, antes del 31 de julio de 2010, “No les es aplicable lo dispuesto en la Sentencia C-258 de 2013 (…) toda vez que tienen derechos adquiridos”. Valga decir que las mayúsculas son del mismo fallo del hoy exmagistrado Marco Antonio Velilla.
Aunque en su fallo el Consejo de Estado sostiene que con este pronunciamiento “No se está llamando” a Fonprecon, la entidad encargada de las pensiones de los parlamentarios, “a inaplicar o desconocer lo dispuesto en la Sentencia C-258 de 2013”. Que por el contrario, este fallo responde es a las condiciones particulares del excongresista Victoria. La mayúscula es, de nuevo, del hoy exmagistrado Velilla.
No obstante, pese a lo señalado por el Consejo de Estado, el cual le ordenó a FONPRECON reliquidar la pensión de Victoria a como estaba antes del fallo de la Corte, no se encuentra saldada. La Corte Constitucional ya ha reiterado sus argumentos en dos decisiones judiciales.
Lo mismo ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia que en mayo de este año se mostró de acuerdo con la Corte Constitucional e indicó que las entidades pagadoras de pensiones del reajuste de las pensiones al tope máximo de los 25 salarios mínimos debía ser inmediato. Sin embargo, el debate que se avecina se espera que acabe, por fin, con esta multimillonaria controversia.