El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, tendrá que revisar la decisión que tomó el pasado 22 de abril, de archivar el proceso disciplinario en contra del jefe de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez Ossa, quien estaba siendo investigado por reunirse en la Casa de Nariño, en abril del año pasado, con Severo Antonio López, alias Job, un desmovilizado de las Auc y emisario de Diego Fernando Murillo, más conocido comoDon Berna. Así lo solicitó la Corte Suprema de Justicia en una misiva enviada esta semana al despacho de Ordóñez Maldonado, a través de un recurso de reposición.
El Espectador conoció que la carta se originó por el inconformismo que se respira en la Corte frente a los resultados de la Procuraduría en este caso. El proceso disciplinario comenzó en agosto de 2008, un par de días después de que se divulgara que el 23 de abril de ese mismo año, en el palacio presidencial, había tenido lugar una particular reunión. Los asistentes, además de Velásquez Ossa, fueron el secretario jurídico del presidente, Edmundo del Castillo; Diego Álvarez, el abogado de Don Berna; Henry Anaya, un abogado de Barrancabermeja que se identificó como un hombre cercano al magistrado que investiga la parapolítica, Iván Velásquez, y alias Job.
A pesar de que los funcionarios del Gobierno han argumentado que el encuentro no tuvo nada de ilícito, el singular episodio y la manera en que trascendió a la opinión pública provocaron suspicacias. Tanto Velásquez como Del Castillo señalaron que habían accedido a verse con los delegados de Don Berna porque, supuestamente, traían información delicada sobre un presunto complot que la Corte Suprema estaba tramando contra el presidente Álvaro Uribe. Velásquez, según el concepto de Ordóñez, se presentó en la reunión sólo por casualidad y no permaneció mayor tiempo, razón por la cual se consideró que no había cometido falta alguna.
Otro fue el panorama para Edmundo del Castillo. En ese mismo fallo, la Procuraduría le abrió pliego de cargos porque, al recibir unas grabaciones de Álvarez que supuestamente demostraban el mencionado complot, “olvidó su deber de institucionalizar y formalizar las averiguaciones (...) no sólo conservó para sí mismo la información que progresivamente le entregaba el abogado Diego Álvarez, sino que los elementos materia de prueba se manejaron contrariando el orden jurídico vigente”. Con base en esos alegatos, Ordóñez señaló que Del Castillo había incurrido en faltas gravísimas, como abuso de autoridad por omisión de denuncia y abuso de la función pública.
Del Castillo, sin embargo, le dijo a este diario que él, simplemente, no le siguió el juego a una información infundada. En su momento, el alto funcionario le solicitó a María del Pilar Hurtado, directora del DAS, que enviara un representante del organismo a Palacio para efectuar la reunión y que, en caso de recibir algún material, el DAS lo analizara. Y así fue. A Palacio llegó la entonces subdirectora de operaciones de inteligencia, Marta Leal. La delegada debía recopilar la información, analizar su contenido y reportar los resultados. Cuando se destapó el escándalo, en agosto de 2008, Hurtado exhibió un documento en el que se mostraba que Leal había hecho un informe el mismo día de la reunión.
No obstante, la Procuraduría estableció que Leal había alterado dicho informe, pues la verdadera fecha de su realización no era el 23 de abril de 2008 sino el 23 de agosto de ese año, el mismo día en que la revista Semana divulgó el encuentro en cuestión. Por esta circunstancia, tanto Leal como Hurtado también están siendo investigadas disciplinariamente pero, hasta el momento, el Ministerio Público no ha resuelto si archiva el expediente o si les abre pliegos de cargos. Hurtado renunció en octubre, cuando se supo que el DAS estaba haciendo seguimientos ilegales al senador Gustavo Petro; y Leal dimitió en febrero pasado, poco después de que estallara la controversia por las interceptaciones ilegales.
Este singular encuentro entre altos funcionarios y delegados de Don Berna seguirá siendo objeto de pesquisas por un buen tiempo. El último nombre en salir a la luz pública fue el de Juan José Cháux, quien para la época había sido designado como embajador en República Dominicana. Cháux tuvo que declinar a sus funciones diplomáticas y está siendo investigado por la Fiscalía. Y aunque la Procuraduría ha afirmado que sancionará a quien tenga que hacerlo, la Corte Suprema, que fue precisamente la que impulsó las investigaciones disciplinarias, cree que en el caso de Velásquez no se indagó lo suficiente. Y que, por ende, la decisión del Ministerio Público merece una revisión a fondo.
Por Redacción Judicial
