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Juan Carlos Ortiz, uno de los protagonistas del descalabro de la comisionista Interbolsa y de maniobras financieras cuestionadas con el llamado Fondo Premium de Curazao, acaba de radicar ante la Procuraduría una solicitud de conciliación extrajudicial para que el Estado indemnice dos sociedades con las que ha tenido relación comercial, por un valor de $294 millones. Según él, la intervención que hizo la Superintendencia Financiera sobre esas empresas vinculadas al escándalo fue irregular y por lo tanto en ese monto calcula el daño económico sufrido.
A través de su abogado Germán Eduardo Palacio, el polémico empresario presentó el pasado 10 de septiembre un extenso documento en el que detalló que con esa solicitud se pretendía obtener la nulidad de la resolución 0844 del 7 de mayo de 2013, proferida por la Superfinanciera de Colombia en relación con las firmas Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. De acuerdo con el proceso, desde el 11 de enero pasado la Superintendencia de Sociedades sometió a control esas dos empresas al asegurar que Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo —hijo de Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa— eran quienes controlaban realmente esas empresas.
Es decir, sus verdaderos dueños a la sombra. Luego de un estudio jurídico por parte de la Superfinanciera, el 7 de mayo de 2013 se adoptó la medida administrativa mediante la cual las sociedades Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. suspendieron inmediatamente sus actividades comerciales. Esto porque se constató que ambas empresas estaban realizando una captación masiva de dineros no autorizada. La entidad de control señaló en esa resolución que ni Rentafolio ni Financiero entregaron evidencias en las que conste que dio a cambio un bien o servicio y, en cambio, sí se hallaron pagos a personas por concepto de retiros de capital o rendimientos a cargo del Fondo Premium.
Es más, la Superfinanciera señaló que como resultado de estas operaciones ambas sociedades cuestionadas recibieron dineros de al menos 35 personas por un monto superior a los $10.297 millones y se reconoció el pago de rendimientos a 34 personas por la suma de más de $1.802 millones, “sin explicar la relación comercial o contractual existente”. Para esta entidad, estas operaciones constituyeron una transacción irregular, ya que se captó de manera masiva y habitual dineros del público sin que existiese una autorización legal para ello.
Juan Carlos Ortiz rechazó tajantemente en el documento, conocido por El Espectador, que Rentafolio Bursátil y Financiera S.A.S. captaran dineros de los clientes y señaló: “el Fondo Premium captaba dineros del público en Colombia a través de su sociedad corresponsal, es decir, Interbolsa S.A., en liquidación con la debida autorización gubernamental”. En la solicitud de conciliación se añadió que la firma de valores “obtenía una comisión por la captación de dinero con destino al citado fondo” y que todos los clientes que invirtieron en Premium lo hicieron a través de Interbolsa. “No hay evidencia alguna de que Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. hubiera ofrecido o tenido contacto directo con clientes para captar recursos con destino al fondo”.
Sobre esta base es que Juan Carlos Ortiz, quien según su abogado es un simple proveedor de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. que terminó involucrado en el escándalo, busca la nulidad de la resolución de la Superfinanciera que derivó en la toma de posesión de esas empresas por parte de la Supersociedades. Esa intervención se dio el pasado 17 de mayo y desde entonces el Estado controla los bienes, negocios y patrimonio de Rentafolio Financiero y Premium Capital Investment Advisor, esta última con domicilio en Bahamas.
En otras palabras, el alegato de Juan Carlos Ortiz es que él jamás controló las firmas que hoy están intervenidas y que terminó enredado en este proceso por un error del Estado. Por eso en la solicitud de conciliación extrajudicial se pidió tumbar la resolución de la Superfinanciera, que se devuelvan a las sociedades Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. las eventuales multas que tuvieron que cancelar con ocasión de la decisión de la Superfinanciera. Este precisamente es el punto más controversial en la petición de Juan Carlos Ortiz.
El abogado Germán Eduardo Palacio le dijo a El Espectador que se calculan en $294 millones las multas sucesivas que se les habrían impuesto a estas dos sociedades. De allí que la pretensión de devolución de este dinero se haya fijado en ese valor. Pero el abogado Palacio indicó con vehemencia que esa suma no es para indemnizar a Juan Carlos Ortiz, que simplemente él es una persona interesada en este proceso y que tiene todo el derecho a defenderse por las vías legales de lo que considera un atropello contra su patrimonio y su buen nombre.
En este contexto se solicitó, además, la descongelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, pensiones voluntarias y participaciones en carteras colectivas de Rentafolio y Financiero. Incluso se pidió la cancelación de los registros de las medidas cautelares proferidas por el Estado en este caso. Varias fuentes consultadas por este diario se mostraron indignadas por la movida de Juan Carlos Ortiz ante la Procuraduría. Su tesis es simple: uno de los protagonistas del escándalo por el descalabro de Interbolsa ahora pretende que el Estado lo resarza. “Los pájaros tirándoles a las escopetas”, señaló una alta fuente del Gobierno.
El Espectador consultó al superintendente financiero, Gerardo Hernández, quien señaló escuetamente que ya fue notificado de la acción judicial de Juan Carlos Ortiz, que no va a haber conciliación con él y que está claro que lo que seguirá es una demanda contra el Estado. Agregó que Ortiz jamás impugnó la decisión de la Superfinanciera y que “estamos preparados para la demanda, que es una practica común de personas investigadas, cuya defensa son las denuncias penales o acudir a solicitar la intervención de la Contraloría o la Procuraduría. Es parte de nuestro análisis de riesgo en cada una de las decisiones que tomamos”.
jlaverde@elespectador.com
@jdlaverde9
Por Juan David Laverde Palma
