¿La demanda engavetada de Pretelt?

En la cronología de los escándalos del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, conocidos en la última semana, el que lo involucra, junto con su esposa Martha Ligia Patrón, en la presunta compra irregular de tierras en Urabá a desplazados por la violencia tiene un capítulo inédito que ha causado roncha en varios magistrados de la Corte Constitucional. Siendo ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo radicó una demanda ante el alto tribunal el 9 de octubre de 2012 —es decir, hace 30 meses—, con el objetivo de hacer más sencillos los procesos agrarios que buscan democratizar la tenencia de la tierra en Colombia y evitar la apropiación ilegal y la concentración. 

 

El caso le correspondió a Pretelt, que nunca manifestó impedimento alguno. El lío es que el ponente de un caso tan sensible como el del acceso a la tierra, que impacta a miles de reclamantes cuyos predios fueron ocupados o vendidos a la fuerza, ahora será investigado porque en el año 2000 compró, junto con su esposa, las fincas La Corona (de 66 hectáreas) y Alto Bonito (de 46 hectáreas). Unos terrenos que, de acuerdo con sus antiguos dueños, fueron vendidos bajo presión y a precios irrisorios. Para el exministro Restrepo es inconcebible que dos años y medio después la Corte no se hubiera pronunciado sobre este tema. Y esta conexión de Pretelt con la presunta compra irregular de tierras hace tres lustros aumenta su sospecha.

 

La Fiscalía está convencida de que estos hechos están relacionados con el expediente del Fondo Ganadero de Córdoba, cuya junta directiva fue acusada de promover el despojo de tierras a campesinos y su posterior legalización. Por eso el ente investigador indagará si la compra de terrenos realizada hace 15 años por la familia Pretelt Patrón incluye delitos como concierto para delinquir, lavado de activos o destrucción y apropiación de bienes protegidos. Tal señalamiento provocó la ira del magistrado Pretelt, quien aseguró que su esposa y sus hijos saldrían del país en la próximas horas porque no iba a permitir lo que calificó como una persecución del fiscal Montealegre.

 

Según conoció El Espectador, en la demanda interpuesta por el entonces ministro de Agricultura se busca la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 50 y 53 de la Ley 160 de 1994, puesto que en ellos, palabras más, palabras menos, se someten las decisiones administrativas a la acción de revisión por parte del Consejo de Estado. Esa acción implica la suspensión del acto por un plazo de hasta 16 años, un término que en efecto impide que los beneficiarios de las decisiones materialicen las políticas agrarias planteadas por el Gobierno.

 

En concreto, los artículos a los que se refiere la demanda versan sobre “clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos” y “extinción del dominio sobre tierras incultas”, dos materias que están de moda por los escándalos de apropiación indebida de baldíos por parte de grandes empresas y poderosos particulares —como es el caso de la Altillanura— y la política de desarrollo rural que produzcan los eventuales acuerdos de La Habana, puesto que el banco de tierras, del que habla el acuerdo en materia rural, se nutriría de tierras expropiadas por uso indebido.

 

Un ejemplo de los procesos agrarios que han quedado estancados como resultado de estos artículos es el caso de Las Pavas, en el sur de Bolívar, en el que, tras largas batallas jurídicas, el Incoder decidió entregar la tierra a los reclamantes, pero la revisión del Consejo de Estado les negó los derechos. Este es el asunto que durante más de dos años ha permanecido empolvado en el despacho del magistrado Pretelt.

 

En este contexto es que, al parecer, un grupo de magistrados recusarían a Pretelt cuando la Corte reinicie sesiones para tratar el tema, por no haberse declarado impedido para resolver la demanda. Sería un episodio inédito en la historia de la Corte Constitucional que un magistrado recuse a otro en una Sala Plena. Queda claro que para varios togados de la Corte, la investigación que hoy enfrentan Pretelt y su esposa por la presunta compra irregular de tierras lo imposibilita para que, como magistrado, dirima una demanda de esta naturaleza. “Tiene un interés claro”, dicen.

 

En síntesis, Pretelt resultó salpicado en un escándalo relacionado con el despojo de tierras del Urabá, al tiempo que se conoce que en su despacho todavía sigue sin resolverse —30 meses después— una demanda que busca despejar los caminos jurídicos para que los campesinos puedan acceder a la propiedad y que el Estado recupere algunos de los terrenos ocupados ilegalmente por particulares. Se trata de una traba judicial a uno de los proyectos insignes del gobierno Santos para restituir a los campesinos.

 

 

@jdlaverde9  /  @AlfredoMolanoJi

En la cronología de los escándalos del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, conocidos en la última semana, el que lo involucra, junto con su esposa Martha Ligia Patrón, en la presunta compra irregular de tierras en Urabá a desplazados por la violencia tiene un capítulo inédito que ha causado roncha en varios magistrados de la Corte Constitucional. Siendo ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo radicó una demanda ante el alto tribunal el 9 de octubre de 2012 —es decir, hace 30 meses—, con el objetivo de hacer más sencillos los procesos agrarios que buscan democratizar la tenencia de la tierra en Colombia y evitar la apropiación ilegal y la concentración. 

 

El caso le correspondió a Pretelt, que nunca manifestó impedimento alguno. El lío es que el ponente de un caso tan sensible como el del acceso a la tierra, que impacta a miles de reclamantes cuyos predios fueron ocupados o vendidos a la fuerza, ahora será investigado porque en el año 2000 compró, junto con su esposa, las fincas La Corona (de 66 hectáreas) y Alto Bonito (de 46 hectáreas). Unos terrenos que, de acuerdo con sus antiguos dueños, fueron vendidos bajo presión y a precios irrisorios. Para el exministro Restrepo es inconcebible que dos años y medio después la Corte no se hubiera pronunciado sobre este tema. Y esta conexión de Pretelt con la presunta compra irregular de tierras hace tres lustros aumenta su sospecha.

 

La Fiscalía está convencida de que estos hechos están relacionados con el expediente del Fondo Ganadero de Córdoba, cuya junta directiva fue acusada de promover el despojo de tierras a campesinos y su posterior legalización. Por eso el ente investigador indagará si la compra de terrenos realizada hace 15 años por la familia Pretelt Patrón incluye delitos como concierto para delinquir, lavado de activos o destrucción y apropiación de bienes protegidos. Tal señalamiento provocó la ira del magistrado Pretelt, quien aseguró que su esposa y sus hijos saldrían del país en la próximas horas porque no iba a permitir lo que calificó como una persecución del fiscal Montealegre.

 

Según conoció El Espectador, en la demanda interpuesta por el entonces ministro de Agricultura se busca la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 50 y 53 de la Ley 160 de 1994, puesto que en ellos, palabras más, palabras menos, se someten las decisiones administrativas a la acción de revisión por parte del Consejo de Estado. Esa acción implica la suspensión del acto por un plazo de hasta 16 años, un término que en efecto impide que los beneficiarios de las decisiones materialicen las políticas agrarias planteadas por el Gobierno.

 

En concreto, los artículos a los que se refiere la demanda versan sobre “clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos” y “extinción del dominio sobre tierras incultas”, dos materias que están de moda por los escándalos de apropiación indebida de baldíos por parte de grandes empresas y poderosos particulares —como es el caso de la Altillanura— y la política de desarrollo rural que produzcan los eventuales acuerdos de La Habana, puesto que el banco de tierras, del que habla el acuerdo en materia rural, se nutriría de tierras expropiadas por uso indebido.

 

Un ejemplo de los procesos agrarios que han quedado estancados como resultado de estos artículos es el caso de Las Pavas, en el sur de Bolívar, en el que, tras largas batallas jurídicas, el Incoder decidió entregar la tierra a los reclamantes, pero la revisión del Consejo de Estado les negó los derechos. Este es el asunto que durante más de dos años ha permanecido empolvado en el despacho del magistrado Pretelt.

 

En este contexto es que, al parecer, un grupo de magistrados recusarían a Pretelt cuando la Corte reinicie sesiones para tratar el tema, por no haberse declarado impedido para resolver la demanda. Sería un episodio inédito en la historia de la Corte Constitucional que un magistrado recuse a otro en una Sala Plena. Queda claro que para varios togados de la Corte, la investigación que hoy enfrentan Pretelt y su esposa por la presunta compra irregular de tierras lo imposibilita para que, como magistrado, dirima una demanda de esta naturaleza. “Tiene un interés claro”, dicen.

 

En síntesis, Pretelt resultó salpicado en un escándalo relacionado con el despojo de tierras del Urabá, al tiempo que se conoce que en su despacho todavía sigue sin resolverse —30 meses después— una demanda que busca despejar los caminos jurídicos para que los campesinos puedan acceder a la propiedad y que el Estado recupere algunos de los terrenos ocupados ilegalmente por particulares. Se trata de una traba judicial a uno de los proyectos insignes del gobierno Santos para restituir a los campesinos.

 

 

@jdlaverde9  /  @AlfredoMolanoJi