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Uno de los interrogantes que han rondado desde que la revista Semana destapó este nuevo escándalo de chuzadas, que salpica al excomandante del Ejército, el general (r) Nicacio Martínez —pues podría ser el verdadero motivo de su retiro de la institución en diciembre pasado—, es qué llevó a la magistrada Cristina Lombana a hacer un allanamiento dentro de una sede militar. No cualquier sede: el complejo Miguel Antonio Caro, ubicado en Facatativá, a una hora y media de Bogotá, en donde se encuentra el Batallón de Ciberintenligencia. Y quien lo encabezó no era cualquiera tampoco: Lombana es la única integrante de la Corte Suprema que ha llegado a esa corporación en calidad de oficial activa del Ejército.
Hacia junio del año pasado, al notar que su rango militar le hacía ruido en su trabajo como jueza, Lombana pidió el retiro de la organización castrense. Un mes antes, sus propios compañeros de la Sala Especial de Instrucción de la Corte la habían retirado del proceso contra el senador Álvaro Uribe por posible manipulación de testigos, pues consideraron que su traje militar opacaba su imparcialidad. Pero ese no es el único expediente en la Corte en el que aparece el nombre del expresidente. Uno, que está en indagación preliminar, tiene que ver con la información reservada del proceso de paz con las Farc que obtuvo el hacker Andrés Sepúlveda, que llevó a éste en 2018 a una sentencia de 10 años de prisión.
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El jueves 2 de octubre de 2014, la Corte Suprema —que en ese momento no contaba con la Sala de Instrucción, pues se creó en 2018, tras reforma constitucional— decidió abrir una indagación contra Uribe, luego de que el hacker Sepúlveda declarara que el expresidente conoció información confidencial del proceso de paz en La Habana, cosa que Uribe ha negado con vehemencia. El proceso quedó en el despacho del magistrado José Luis Barceló, quien se retiró el año pasado de la Corte. Con la Sala de Instrucción ya en el panorama, el expediente pasó a manos de Lombana, quien el 17 de diciembre de 2019 recibió una información inusual a su correo corporativo.
En el asunto del mensaje se advertía que el contenido tenía que ver con “información urgente” del caso “chuzadas-hacker-Álvaro Uribe”. Y en el cuerpo del mensaje se leía que el jefe natural del Centro Democrático había recibido datos reservados, obtenidos por unidades de inteligencia y contrainteligencia militar a través de interceptaciones ilegales de comunicaciones, “cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez. Las víctimas de estas acciones incluyen senadores, representantes, magistrados, periodistas y generales”. Según la revista Semana, que contó detalles de cómo se hizo el allanamiento, el propio general (r) Martínez podría haber ordenado interceptaciones sin piso legal.
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El mensaje que recibió la magistrada Lombana indicaba que “las unidades donde se realizan estas prácticas son unidades orgánicas de la Brigada de Inteligencia Militar N.º 1 (Brimi 1), el Batallón de Inteligencia Militar N.º 4 (Baime 4) y el Batallón de Ciberdefensa (Bacid)”. En él se leen también los nombres de seis militares (un teniente coronel, un mayor y cuatro suboficiales) que estarían implicados en las interceptaciones ilegales, además de que algunos uniformados que protestaron por las actividades ilícitas que se estaban cometiendo fueron trasladados. Pero, a pesar de ello, seguían dispuestos a denunciar, al igual que otros oficiales que incluso tendrían pruebas de lo que se ha hecho.
La magistrada Lombana recibió el mensaje a las 4:32 de la tarde y tomó decisiones de inmediato. La primera fue pedirle a la Dijín de la Policía que verificara si las guarniciones militares mencionadas en el mensaje existían. La Dijín le contestó, también de inmediato, que sí. Del Batallón de Ciberdefensa advirtió que había una sede en Facatativá, pero también que había otras dependencias de esa unidad en el Comando General de la Fuerzas Militares. La magistrada emitió, entonces, autos para pedir ayuda con la diligencia a la Dijín y a la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, argumentando que no era irrazonable la denuncia dados los antecedentes del caso Sepúlveda.
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La alta funcionaria concluyó que hacer un allanamiento era perentorio, pues la gravedad de la información que le habían remitido le exigía actuar con urgencia para que la información obtenida por vías ilegales no fuera borrada, alterada o destruida. Por eso ordenó que se realizara en menos de 24 horas. Sin embargo, según lo que relató Semana, ni su presencia en el cantón militar de Facatativá pudo evitar ese escenario. Funcionarios que estuvieron en la diligencia le confirmaron a este diario que, por ejemplo, los discos duros de varias computadoras estaban con los tornillos sueltos, lo que los llevó a pensar que fueron cambiados de rapidez y sin cuidado.
La otra determinación de la magistrada Lombana en ese momento fue tomar declaraciones a ocho uniformados dentro del batallón y por eso avisó a la oficina del penalista Jaime Granados, quien defiende al senador Uribe en este proceso. Él envió a su suplente, el abogado Carlos Fernando Alarcón, quien estuvo presente en cada una de las declaraciones. “El doctor Alarcón me dijo que no hubo ninguna novedad. Es sorpresivo que un mes después salga a relacionarse una cosa con otra. No tenemos conocimiento de que se hayan cometido irregularidades”, le dijo Granados a este diario. “Lo que pedimos es que este caso se resuelva. Ya es hora de que se cierre, van cinco años”, agregó.
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Medios como Noticias Uno han asegurado que Rafael Nieto Loaiza, hombre clave del Centro Democrático, era quien recibía la información conseguida por interceptaciones ilegales. Nieto Loaiza lo niega. Y que Uribe fuera el destinatario final de la información es algo que su defensor, Jaime Granados, rechaza. “Es absolutamente falso que el expresidente y senador haya recibido información proveniente de cuerpos de inteligencia del Estado, de cualquiera, incluido el Ejército Nacional, por fuera de la ley. La información que tiene es la misma de cualquier ciudadano. Él se ha venido a enterar por los medios de comunicación”, aseveró el penalista.
La revista Semana contó, además, que los militares hicieron todo lo posible por torpedear el allanamiento, aunque no con tanto éxito. Ahora, las evidencias que se llevaron la Dijín y la Procuraduría, que incluyen discos duros, USB, celulares y hasta cuadernos, están sometidas a la cadena de custodia. Los investigadores están a la espera de que la magistrada Lombana regrese al país para tomar decisiones. Justo esta semana salió de comisión a Estados Unidos a recibir un testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno sobre temas como el cartel de la hemofilia en Córdoba. Con su retorno a Colombia comenzará el segundo capítulo de este escándalo, con un agravante: al parecer, ella también fue chuzada por el Ejército.