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Revuelo político y jurídico causó la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin piso jurídico la reforma que pretendía imponer la cadena perpetua en Colombia para violadores de menores de edad. Mientras el Gobierno manifestó su acatamiento a la sentencia del alto tribunal y anunció seguir en la lucha para preservar los derechos de los menores de edad, desde diversos sectores políticos hubo voces a favor y en contra de la determinación judicial.
“Los fallos se acatan. Las fallas de nuestra sociedad tenemos que corregirlas. Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y para lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan”, manifestó el presidente, Iván Duque, en su cuenta de Twitter. A su vez, Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin ir más allá de la sentencia, recordó que el artículo 44 de la Constitución regula de manera clara que los derechos de los niños están sobre los derechos de los demás.
En la misma línea de cuestionamiento a la decisión de la Corte Constitucional se pronunció el senador conservador Efraín Cepeda, que calificó de absurda la sentencia y recalcó que la dignidad de los violadores y asesinos no puede estar por encima de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Johana Jiménez, hija de la excongresista Gilma Jiménez, promotora de la iniciativa, agregó que es preocupante que mientras la Corte se preocupa por la dignidad de los violadores, ella seguirá trabajando por los derechos de los menores.
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En contraste, en otros sectores políticos y grupos de opinión la sentencia de la Corte Constitucional tuvo respaldo. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la iniciativa de la cadena perpetua para menores no era más que un caso de populismo punitivo y que sería necesario convocar a una constituyente para pensar en una medida de esta naturaleza, que además determinaría que Colombia saliera de varios pactos internacionales de derechos humanos.
Aunque no se conocen aún los términos de la sentencia de la Corte Constitucional, en síntesis, la postura del alto tribunal es que la norma en cuestión generaba efectos graves para las personas que fueran condenadas y también desconocía los principios del actual sistema penitenciario. Esta posición asumida por Cristina Pardo, magistrada ponente, tuvo el respaldo de cinco magistrados de la Corte, contra la visión de los juristas Gloria Stella Ortiz, Antonio José Lizarazo y Paola Meneses, que salvaron su voto.
La magistrada Pardo ha explicado que la cadena perpetua no es una medida que resulte proporcional ni efectiva para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes que son víctimas de los abusadores. En la misma línea de pensamiento se había pronunciado la Comisión Asesora de Política Criminal, que en su momento observó que el derecho penal debe ser la última herramienta para enfrentar esta problemática e instó al Estado a insistir en medidas preventivas, útiles y efectivas, que incluyen el trabajo social.
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La Procuraduría General de la Nación había solicitado la exequibilidad de la reforma promovida por la administración Duque. Su concepto estuvo orientado a insistir en que el Estado tiene la responsabilidad de velar porque las sanciones tengan una finalidad resocializadora, sin que ello signifique una modificación a la filosofía de la carta política colombiana. No obstante, algunos críticos de la norma recalcaron precisamente que lo que hacía esa reforma era sustituir la esencia misma de la Constitución de 1991.
La iniciativa de la cadena perpetua en Colombia para violadores de menores de edad fue desde el principio del gobierno Duque no solo una de sus promesas de campaña, sino uno de sus proyectos bandera ampliamente defendido en su momento por Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior y actual consejera de Derechos Humanos. La reforma fue aprobada en ocho debates y quedó lista en julio del 2020. Sin embargo, de inmediato fue demandada por varios colectivos de abogados y personas naturales.
En las diversas demandas contra la iniciativa se recalcó el argumento que finalmente terminó por dar al traste con el proyecto gubernamental; es decir, que el colombiano es un Estado social y de derecho fundado en la dignidad humana y que este principio es el eje de la carta política. En consecuencia, la prisión perpetua no puede ser idónea para implementarse en ningún caso. Una de las personalidades públicas que más cuestionaron la norma fue el exministro Yesid Reyes, quien la consideró una ruta inadecuada.
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En medio de las declaraciones a favor o en contra de la sentencia, surgieron también diversas propuestas para enmendar la situación. Desde convocar a un referendo ciudadano para que sea el pueblo colombiano el que aporte la última palabra sobre esta controvertida acción, reiniciar la recolección de firmas para repetir el procedimiento adoptado en el Congreso o incluso presentar un recurso jurídico contra la decisión, lo cual tiene pocas probabilidades de salir adelante.
No es la primera vez que la Corte Constitucional tumba iniciativas a las que el gobierno Duque les otorgó máxima prioridad. Cabe recordar que la primera reforma tributaria de la actual administración no pasó el examen constitucional, como tampoco fue aprobado el intento de modificaciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, en la que se empeñó el Gobierno. Sin embargo, este revés de la cadena perpetua es el de mayor incidencia, pues al Ejecutivo le resta ya poco tiempo para revertirlo.
Según estadísticas de las autoridades judiciales, en lo que va corrido de 2021 se han denunciado cerca de 1.118 casos de abusos a menores de edad, lo que demuestra la necesidad de buscar medidas urgentes para encarar estas acciones al margen de la ley. Sin embargo, la cadena perpetua no será el castigo estipulado para los abusadores. Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional dé a conocer la sentencia completa, a fin de examinar otras opciones en el contexto jurídico blindado por el alto tribunal.
“Los que han sufrido y sufren efectos gravísimos en la dignidad humana son los menores y adolescentes, que en cifras de 120.000 anuales son abusados, violados y asesinados”, insistió César Lorduy, representante a la Cámara por Cambio Radical, quien obró como ponente del acto legislativo de la cadena perpetua. El congresista lamentó la decisión de la Corte y resaltó que la prisión perpetua no era para brindarles seguridad a los menores y adolescentes, sino para condenar a quienes atentan contra sus derechos y su dignidad.
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