20 Feb 2020 - 6:29 p. m.

La discusión que impedía a la Corte Constitucional publicar auto sobre el glifosato

En julio de 2019 el alto tribunal mantuvo la suspensión de usar el herbicida para asperjar cultivos de uso ilícito y reiteró una serie de condiciones para poder retomarlo. No obstante, el auto definitivo al respecto se firmó solo hasta este jueves. El Espectador le explica ocho puntos en los que había diferencias.

Alejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla

Había diferencias internas entre los magistrados sobre los alcances que debe tener el auto definitivo respecto de temas claves como la lucha contra el narcotráfico y la relación con el Acuerdo de Paz y en temas de redacción. / Reuters
Había diferencias internas entre los magistrados sobre los alcances que debe tener el auto definitivo respecto de temas claves como la lucha contra el narcotráfico y la relación con el Acuerdo de Paz y en temas de redacción. / Reuters

En junio de 2019, la Corte Constitucional reiteró que no se puede asperjar de forma área cultivos de uso ilícito con el herbicida glifosato hasta que no se demostrara que no había riesgo alguno para la salud de la población. En esa ocasión, además, se insistió en una serie de condiciones que el gobierno debía cumplir si quería volver a usarlo, que debían ser verificadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Aunque se publicó un comunicado al respecto en ese entonces, al interior del alto tribunal había diferencias sobre el contenido del auto final. Solo este jueves, siete meses después, y tras llevar el asunto nuevamente a Sala Plena, hubo humo blanco.

En efecto, la Sala Plena ya firmó el documento que espera ser notificado este mismo jueves a las partes. Con esto es claro que para la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), suspendido mediante las Resoluciones 006 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes y 1214 de 2015 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deben cumplir varios requisitos dictados desde a sentencia T-236 de 2017 de esa misma Corte. Por ejemplo, que haya una regulación clara que tenga en cuenta “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”.

Recibe alertas desde Google News