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El arquitecto Felipe Florián trabajaba con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde enero de 2014 como contratista. Se dedicaba a viajar por todo el país visitando sus sedes para apoyar la ejecución de recursos de asignación especial del Sistema General de Participaciones (SPG). Todo, en apariencia, transcurría con normalidad hasta que en febrero de 2016, mientras estaba en la ciclovía, perdió la movilidad de la pierna derecha y luego se le paralizó el lado derecho de todo el cuerpo. ¿El diagnóstico? Una esclerosis múltiple que desencadenó una serie de sucesos que él llama “desafortunados” y que lo tienen librando una disputa con el Instituto.
El conflicto empezó en 2017. El contratista llevaba vinculado con el ICBF dos años y medio de forma ininterrumpida, pero el 31 de julio de ese año la entidad no renovó su contrato argumentando que se habían vencido los términos del mismo. Para el contratista esa decisión vulneró sus derechos fundamentales, pues aunque padecía de una enfermedad incapacitante y degenerativa, el ICBF lo dejó sin empleo y, por ende, sin los recursos económicos con los que sostenía el tratamiento para su enfermedad y a sus tres hijos.
Por eso, el 1° de febrero de 2017, Florián instauró una acción de tutela en contra del ICBF pidiendo que se le protegieran sus derechos a la vida, al trabajo, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada. Esta última es una figura constitucional que se les otorga a personas que se encuentren en condición de debilidad manifiesta, como un embarazo o una grave enfermedad. El Instituto alegó que no sabía de la enfermedad del contratista, postura que rechazó el juzgado que evaluó el caso, pues Florián estuvo incapacitado varias veces y tuvo que comunicárselo a su supervisor.
En esa oportunidad, el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá le concedió la estabilidad laboral reforzada al arquitecto y ordenó al ICBF celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios con él, en las mismas o superiores condiciones del contrato anterior y “una vez venza el término de este nuevo contrato, en caso de considerar que existe una causal objetiva (diferente al simple vencimiento del término del contrato) para no prorrogarlo, deberá exponerle a Felipe por escrito una razón objetiva por la que no se resuelve prorrogar”.
El Instituto, inconforme, impugnó la decisión. Un mes más tarde, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá definió que “mientras la persona se encuentre desempleada y no tenga más ingresos, es más que obvia la afectación de sus derechos y los de su familia”. En ese sentido, reiteró la protección especial que cobijaba al arquitecto. El ICBF cumplió la orden y, el 27 de septiembre de 2017, suscribió un nuevo convenio con el contratista. El objeto de ese primer contrato fue trabajar con el Grupo de Infraestructura Inmobiliaria en el seguimiento y la ejecución de recursos según lo establecido por el Conpes, una actividad en la que el contratista tenía experticia.
No obstante, en 2018, las funciones cambiaron y pasó a controlar y monitorear las obras civiles de la sede nacional del ICBF, lo que le implicaba exponerse a la contaminación ambiental. Esta situación, indicó su médico tratante, representaba un riesgo inminente para su salud. El contratista envió varios derechos de petición a la entidad para que lo regresaran a sus funciones anteriores y solo hasta abril de 2019 el ICBF le informó que, “en aras de garantizar mejores condiciones laborales que no afecten su salud y pueda seguir asistiendo (...) a sus citas médicas”, le encargaba solo una función: legalizar y liquidar contratos y convenios suscritos por el Grupo de Infraestructura Inmobiliaria.
Florián advirtió que no tenía la experticia para realizar esta labor, pero que estaba dispuesto a aprender. El experimento no resultó. Según el arquitecto, debía buscar en archivos físicos la documentación necesaria para resolver cada caso y exponerse a espacios que le generaban riesgo (por su enfermedad, toma medicamentos inmunodepresores que lo dejan débil para enfrentar hasta una gripe común). Además, dice que había contratos sobre los que era “técnicamente imposible” avanzar a tiempo. “Fueron asignados a mi nombre posiblemente para inducir a mi incumplimiento y posible pérdida de protección tutelar”, le dijo Florián a su supervisor, Álvaro Gómez, en un correo electrónico.
Mientras Florián se respaldaba en las recomendaciones médicas de la neuróloga de su EPS para insistir en que no podía ejecutar la función asignada, la médica general del ICBF Julieth Carolina Rodríguez, que en un primer momento coincidió con las restricciones de la neuróloga, después cambió de opinión. Indicó que Florián sí podía cumplir con sus obligaciones contractuales, pero utilizando tapabocas, guantes y lavándose las manos al finalizar las labores. Este concepto le dio razón de peso al Instituto para exigirle al contratista que cumpliera con su trabajo.
Peticiones, memorandos y devoluciones de cuentas de cobro agrietaron la relación laboral entre la entidad y el arquitecto. Se complicó aún más cuando el ICBF suspendió su pago desde mayo hasta diciembre de 2019 (que sumaba $95 millones). “Exijo que me presente soportes, documentos, actas, productos y/o entregables, diferentes a las precarias evidencias anexas, para dar trámite a la cuenta de cobro”, ordenaba el supervisor para hacer efectivos los pagos.
El estado de salud de Florián decayó. En septiembre de 2019 tuvo bronquitis aguda. El siguiente mes, el neurólogo certificó que sus labores en el ICBF representaban “riesgo para su integridad y su vida por tener que estar expuesto y manipular archivos en sitios con gran posibilidad de contaminantes, lo cual no es susceptible de evitar con el uso de tapabocas o guantes, además de recibir sobrecarga y presión laboral”. Finalmente, el 26 de diciembre del año pasado ingresó por urgencias a la clínica Medicadiz, donde estuvo incapacitado hasta el 2 de enero de 2020.
El 10 de febrero pasado, cuando ya habían pasado 40 días de que su contrato se hubiera vencido, la Secretaría General del ICBF le informó a Florián que no suscribiría un nuevo contrato con él. “Se ha negado a cumplir las actividades del contrato, lo que se configura una causal objetiva para no continuar contratándole”, aseveró la entidad. El arquitecto sin trabajo, sin recursos, sin seguridad social, recurrió nuevamente a la justicia e instauró un incidente de desacato contra el ICBF. Es decir, argumentó que la entidad estatal había desatendido las órdenes que la justicia le había dado previamente.
Era la segunda vez que usaba este recurso. La primera fue en septiembre de 2019, cuando arguyó que, aunque el Instituto sí celebró un nuevo contrato -como ordenó un juez en 2017-, no fue con iguales o mejores condiciones -como también ordenó el juez-. Sin embargo, el mismo juzgado que lo favoreció dos años atrás, en esa oportunidad consideró que el ICBF cumplió con lo que se le ordenó, pues suscribió nuevos contratos laborales con Florián y, posteriormente, se generó la situación que impidió renovar la relación contractual.
Nada diferente pasó en la segunda solicitud de desacato. El juzgado reiteró sus argumentos, le negó las pretensiones a Florián y resolvió no sancionar por desacato a la entidad pública. El ICBF, por su parte, confirmó a El Espectador que en la entidad avanza un proceso administrativo sancionatorio contra Florián por posible incumplimiento, pero que “a la fecha no existe un incumplimiento contractual declarado por el ICBF en la ejecución del contrato celebrado con Felipe Florián (...). El ICBF se encuentra analizando las pruebas presentadas por el contratista, con el fin de que se determine el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones su cargo”.
La entidad tiene el respaldo judicial, mientras el arquitecto continúa desempleado. Por lo anterior, Florián considera que el juzgado “falló en presunción de un incumplimiento que no está probado, pero que le sirvió al ICBF como argumento para no seguir contratándolo”. Asegura, además, que lo único que busca es trabajar y que le paguen los $95 millones que le deben. Ahora no le queda más que esperar a que se defina el proceso sancionatorio para tratar de conciliar con la entidad una nueva oportunidad laboral, aunque espera que la justicia atienda sus súplicas. Por eso volvió a instaurar una tutela, la cual fue aceptada hace dos días. La justicia, como suele suceder en estos casos, tiene la última palabra.
