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Ayer apareció, en la versión impresa del diario regional El Pilón, un edicto sobre un trascendental caso judicial que se entrelaza con capítulos claves del conflicto armado colombiano que aún están por esclarecerse. Se trata de una acción popular presentada por la Gobernación del Cesar contra varias empresas carboníferas, con la que se pretende recuperar el control accionario de la mina El Hatillo. Este proceso, que inició en 2016 y del que se sabe muy poco, tiene a duros de esa industria explicando sus negocios y a reconocidas familias de la región denunciando presiones de los paramilitares del clan Castaño para vender sus acciones.
El reciente edicto del juez del caso señala que otra acción popular, presentada y admitida por exsocios de El Hatillo, que pretenden recuperar su participación accionaria, fue acumulada con la que presentó en 2016 la Gobernación. En este caso el juez determinó que ambas acciones tienen pretensiones “conexas”, se encuentran en una misma instancia y bajo la misma figura jurídica. Es decir, los dos procesos se adelantarán conjuntamente. Entre los promotores de este mecanismo judicial están antiguas empresas que fueron accionistas de la mina, reconocidas familias de la región, como los hermanos Oñate Martínez, parientes lejanos del recien fallecido cantante vallenato Jorge Oñate.