Los habitantes de algunos municipios del Casanare, departamento ubicado a 350 kilómetros de Bogotá, están presenciando cómo de a poco se está configurando un escenario de confrontación similar al que vivió esta zona del país a finales de los años 90 y principios de los 2000. Alertas de las comunidades y la Defensoría del Pueblo, testimonios de miembros de la fuerza pública, excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación y autoridades locales dan cuenta de que esta zona del país está a punto de convertirse en un terreno de confrontación casi calcado al que se vio cuando los paramilitares y la extinta guerrilla se enfrentaron.
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El escenario es así: desde 2019 hasta el presente año, antiguos miembros de las Farc que se apartaron del Acuerdo de Paz están en La Salina y Sácama, dos municipios fronterizos con Arauca que históricamente fueron ocupados por el antiguo grupo subversivo para sus actividades ilegales. En esta zona perduran corredores para la movilidad de guerrilleros, armas, aprovisionamiento de insumos y alimentos, contrabando de gasolina y el paso de alijos de cocaína. Los reportes de la fuerza pública y de las comunidades coinciden en que antiguos miembros de varios frentes se reagruparon y responderían a la dirigencia de alias Iván Márquez y la Segunda Marquetalia.
Ante esta llegada de las disidencias de Márquez, quien anunció que retomaría las armas en agosto de 2019, empezaron a circular panfletos de las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nombre al que se opone la familia Gaitán) en zona rural de Yopal, en febrero de 2021. Los escritos amenazantes advertían sobre una “limpieza social” de colaboradores de las disidencias, líderes sociales y otros sectores de la comunidad, y en ellos se extorsionaba a contratistas y empresarios del departamento para poder sostener esa estructura criminal. Este grupo paramilitar se conoce también como Clan del Golfo y lo lidera alias Otoniel, uno de los hombres más buscados por las autoridades, quien perteneció al bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Lo que ha identificado el Ejército es que el hombre de confianza de Márquez en esta zona es alias Antonio Medina, del frente 28, que también ha hecho extorsiones a los grandes capitales en Casanare, Arauca y Boyacá. Este hombre, que lleva casi dos décadas en la subversión y en su momento se acogió a la JEP, tendría campamentos en el estado venezolano de Apure. Además, el Ejército señala que los municipios que están en riesgo por las posibles disputas entre los grupos criminales son Yopal, Támara, Pore, Paz de Ariporo, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Nunchía, ubicados en el margen occidental del departamento y fronterizos con Boyacá.
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“Por tanto, este panorama, en el que las autodenominadas Agc utilizan panfletos amenazantes como mecanismo para generar terror en la población, se debe entender como la reconfiguración de una nueva fase de violencia en ciernes con pretensiones de posicionarse en la región, imponer el control territorial que tuvieron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) y hacerse con el control de las rutas del narcotráfico”, dice una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de marzo de 2021, que también advierte sobre la llegada de los hombres de Otoniel, grupo criminal nacido de paramilitares que no se desmovilizaron.
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Desde inicios de 2020, las comunidades del sur del Casanare han reportado la llegada de hombres de las Agc que están liderados supuestamente por un antiguo líder de las Acc (Autodefensas Campesinas del Casanare). Sostienen que esa incursión tendría como origen territorios que también tuvieron influencia del paramilitarismo, como Puerto López y Puerto Gaitán, en el Meta, y Paratebueno, en Cundinamarca. “La gente no denuncia porque tampoco le cree a ninguna autoridad local. Aquí nadie sabe quién puede estar jugando a favor de algún bando”, dijo un personero municipal del departamento que pidió reserva de su nombre por motivos de seguridad.
Un antiguo alto funcionario de la Alcaldía de Yopal, quien pidió anonimato por la misma razón, dijo que los hombres de Martín Llanos y de las Auc que no hicieron parte de la desmovilización en el gobierno Uribe “tendrían mucho que ver con este anuncio de llegada de las Agc al departamento. Esos lazos entre empresariado, políticos tradicionales y el paramilitarismo nunca se blanquearon y todavía hay muchas de esas antiguas redes. Aún no está muy claro si Otoniel ordenó que sus hombres llegaran acá, si son nueva gente que usa la sigla de las Agc o que tengan el aval de la vieja guardia del paramilitarismo en Casanare y que estaba enfrentado”, aseguró el exfuncionario.
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La división a la que se refiere esta fuente de la capital del Casanare es la que se produjo entre 2003 y 2004 por el narcotráfico, las regalías del petróleo y tierras productivas, que, según Verdad Abierta, dejó cerca de 3.000 víctimas. Se desconoce la génesis de esta cruenta guerra, en la que se enfrentaron el asesinado Miguel Arroyave (alias Arcángel, al mando del bloque Centauros de las Auc) y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos (líder de las Acc y supuesto protector del esmeraldero Víctor Carranza). Incluso, la Defensoría del Pueblo y miembros de la fuerza pública que conocen el territorio también creen que esas redes de poder al margen de la ley hoy están en la clandestinidad.
A este complejo escenario hay que sumarle la presencia del Eln, que se mueve en Casanare, Arauca y Boyacá. “A través del Frente de Guerra Oriental y desde el departamento de Arauca han intensificado las acciones violentas en una creciente y continua tendencia desde enero de 2018 hasta la actualidad (marzo de 2021). Estos grupos armados habrían acordado el control a partir de pactos de no agresión”, señala la alerta temprana de la Defensoría. Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos entre los grupos criminales, pero, lamentablemente, las fuentes consultadas vaticinan un panorama oscuro para las comunidades del occidente del Casanare.
Por David Escobar Moreno
