Pese a haber trascurrido tres años desde el inicio de su liquidación, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) continúa siendo un dolor de cabeza para el Estado. A la fecha, la Agencia de Defensa Jurídica enfrenta 855 procesos judiciales en los que las pretensiones de los demandantes ascienden a $558.509 millones, por lo que se vio obligada a crear, con recursos del Ministerio de Hacienda, un grupo de abogados especializados que hoy hace presencia en 27 departamentos del país en los cuales cursan los expedientes. Y, aunque varios de esos procesos les corresponden a las instituciones a las que el gobierno les delegó las funciones del desaparecido DAS, los jueces desconocen desde el cierre definitivo de la entidad hasta la reasignación de las competencias.
A ello se suman unos 800 derechos de petición y acciones de tutela en las que los exfuncionarios del DAS exigen el pago de indemnizaciones y compensaciones, certificados, revisiones de demandas que fueron negadas e incorporaciones a la Policía, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía y Migración Colombia, a donde el gobierno determinó que debían trasladarse los antiguos funcionarios del DAS. En el grueso de peticionarios también se encuentra el personal que fue vinculado y posteriormente retirado de la Contraloría, luego de la Corte Constitucional declarara inexequible un artículo de la ley 1640 de 2013 que daba vía libre para que se efectuaran esos traslados, autorización que excedía el presupuesto general de la Nación y que obligaba al MinHacienda a sacar esos recursos del DAS en liquidación.
En otro frente, la Agencia de Defensa Jurídica debe pagar, con recursos destinados por el Ministerio, los montos estipulados en 67 sentencias judiciales en las que se determinó que algunos funcionarios declarados insubsistentes debían ser reintegrados e indemnizados. Uno de los casos más sonado es el de Alba Luz Flórez, conocida como la ‘Mata Hari’, la polémica detective del DAS que se infiltró en la Corte Suprema de Justicia para efectuar seguimientos ilegales contra los magistrados. El 30 de enero de este año, el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó su reintegro y el pago de los sueldos, prestaciones y otros dineros que dejó de devengar desde 2010, cuando fue expulsada de la entidad por cuenta de una recomendación que hizo en ese sentido la Subdirección de Contrainteligencia del DAS, que la consideraba “poco confiable”.
En agosto pasado, con el fin de anular esa decisión, la Agencia radicó una tutela en el Consejo de Estado argumentando que Flórez fue expulsada siguiendo los procedimientos legales. En el documento, conocido por El Espectador, la entidad alega que el Tribunal Administrativo de Caldas violó el debido proceso y desconoció las determinaciones que sobre la materia han tomado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han reconocido como válidas otras expulsiones efectuadas en similares condiciones. De fallar a favor del Estado, el erario se ahorraría los dineros correspondientes al pago de cuatro años de salario de Flórez, que en todo caso no podrá ser vinculada a ninguna entidad pública porque en 2012 fue destituida e inhabilitada durante 20 años por la Procuraduría, que determinó que la exdetective se extralimitó en sus funciones e interceptó ilegalmente las comunicaciones de los togados.
Además, el Estado enfrenta otros procesos en los que los ciudadanos alegan graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por funcionarios del DAS. Entre ellos, el de la periodista Claudia Julieta Duque, perseguida y torturada psicológicamente por ese organismo de seguridad entre 2003 y 2004. Justamente, el pasado 24 de noviembre agentes de la Sijín y del CTI capturaron a Ronald Harbey Rivera Rodríguez, quien se desempeñaba como funcionario de Migración Colombia y que fungió como miembro del Grupo Especial de Inteligencia 3 (G3) para la época del crimen. Se espera que por ese y otros hechos el Estado también sea condenado a pagar millonarias indemnizaciones.
Por Redacción Judicial
