La estigmatización del movimiento agrario en Viotá llegó a la JEP
La Corporación Jurídica Yira Castro le entregará este jueves a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos un informe sobre violaciones de derechos humanos perpetradas a los habitantes de ese municipio.
Una multiplicidad de violaciones de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el movimiento agrario que emergió en Viotá (Cundinamarca) entre 1988 y 2004 fueron recogidas por la Corporación Jurídica Yira Castro en un informe que será entregado este jueves a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. El documento se titula “”Ejecutar las órdenes de batalla, era acabar con el pueblo”: Genocidio político y estigmatización del movimiento agrario en Viotá 1989-2004″.
El documento enmarca estos hechos de violencia con el genocidio cometido contra los miembros de la Unión Patriótica (UP): “Desde su constitución en el año de 1985 el partido político –UP- fue víctima de persecución y hostigamientos al ser considerado desde la esfera estatal como el brazo político de las extintas FARC-EP y, por ende, objetivo militar dentro del plan o política contrainsurgente en Colombia y remarcado aún más en el periodo 2003 y 2004 en el marco de la política de Seguridad Democrática, desplegada en el territorio colombiano”.
Y explica la historia política de Viotá, que está asociada a las luchas agrarias, movimientos políticos y sociales y el uso de su territorio de la guerrilla de las Farc como asentamiento para su organización, para sus líderes más emblemáticos y reuniones políticas al punto que llegó a llamarse “Viotá la Roja”. Esto llevó, asegura el informe, a que los habitantes del municipio fueran perfilados como objetivos militares.
(En contexto: “Viotá la roja”: la revolución agraria que la guerra apagó)
“De modo que, la práctica del genocidio contra el movimiento UP, no solo se refirió a la persecución y homicidio de sus miembros y simpatizantes, sino que se extendió al subgrupo nacional político Viotuno, dado que, los actores genocidas desarrollaron una interpretación discriminatoria de la población rotulándola como “amiga o enemiga”, vinculando y situando a Viotá, como el enemigo dada esa trayectoria político- histórica”, indica el documento.
Las nefatas consecuencias fueron homicidios, torturas físicas y psicológicas, desaparición forzada, amenaza, persecución y desplazamiento forzado cometidos de manera generalizada. El documento afirma que estos actos de violencia se perpetraron “con la intención de destruir total o parcialmente la población viotuna, ocurridos con alarmante sistematicidad bajo la comandancia del teniente coronel Rodrigo Gonzáles Medina del Batallón Aerotransportado N° 28 o Batallón Colombia entre los años 2003-2004 en coordinación con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)”.
“Estos hechos guardan relaciones comunes que evidencian una práctica generalizada y sistemática en el marco de una política o plan criminal que tenía la intención de exterminar a un grupo político y su base social en la lucha contrainsurgente. Ésta última, se extendió al grupo subnacional político viotuno, en gran medida en razón a una profunda estigmatización determinada por el vínculo geográfico, histórico, social, organizativo y campesino viotuno desde el aparato de Estado y las élites políticas”, agrega el informe.
(En contexto: Viotá: de zona de guerra a paraíso cafetero)
El documento parte de análisis de casos para exponer dichos patrones y expone las afectaciones diferenciales derivadas hacia las mujeres. Para su construcción, se realizaron entrevistas, consultaron fuentes primarias, se hicieron talleres con la comunidad de Viotá, así como documentos nacionales, trabajos académicos e información judicial de dos procesos que reposan en la Fiscalía General. Y se aborda el tema de la desaparición forzada de personas en Viotá) entre los años 2003 y 2004, “como un fenómeno emprendido por los actores genocidas en el municipio, para infundir terror en las y los pobladores y así mismo”.
Una multiplicidad de violaciones de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el movimiento agrario que emergió en Viotá (Cundinamarca) entre 1988 y 2004 fueron recogidas por la Corporación Jurídica Yira Castro en un informe que será entregado este jueves a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. El documento se titula “”Ejecutar las órdenes de batalla, era acabar con el pueblo”: Genocidio político y estigmatización del movimiento agrario en Viotá 1989-2004″.
El documento enmarca estos hechos de violencia con el genocidio cometido contra los miembros de la Unión Patriótica (UP): “Desde su constitución en el año de 1985 el partido político –UP- fue víctima de persecución y hostigamientos al ser considerado desde la esfera estatal como el brazo político de las extintas FARC-EP y, por ende, objetivo militar dentro del plan o política contrainsurgente en Colombia y remarcado aún más en el periodo 2003 y 2004 en el marco de la política de Seguridad Democrática, desplegada en el territorio colombiano”.
Y explica la historia política de Viotá, que está asociada a las luchas agrarias, movimientos políticos y sociales y el uso de su territorio de la guerrilla de las Farc como asentamiento para su organización, para sus líderes más emblemáticos y reuniones políticas al punto que llegó a llamarse “Viotá la Roja”. Esto llevó, asegura el informe, a que los habitantes del municipio fueran perfilados como objetivos militares.
(En contexto: “Viotá la roja”: la revolución agraria que la guerra apagó)
“De modo que, la práctica del genocidio contra el movimiento UP, no solo se refirió a la persecución y homicidio de sus miembros y simpatizantes, sino que se extendió al subgrupo nacional político Viotuno, dado que, los actores genocidas desarrollaron una interpretación discriminatoria de la población rotulándola como “amiga o enemiga”, vinculando y situando a Viotá, como el enemigo dada esa trayectoria político- histórica”, indica el documento.
Las nefatas consecuencias fueron homicidios, torturas físicas y psicológicas, desaparición forzada, amenaza, persecución y desplazamiento forzado cometidos de manera generalizada. El documento afirma que estos actos de violencia se perpetraron “con la intención de destruir total o parcialmente la población viotuna, ocurridos con alarmante sistematicidad bajo la comandancia del teniente coronel Rodrigo Gonzáles Medina del Batallón Aerotransportado N° 28 o Batallón Colombia entre los años 2003-2004 en coordinación con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)”.
“Estos hechos guardan relaciones comunes que evidencian una práctica generalizada y sistemática en el marco de una política o plan criminal que tenía la intención de exterminar a un grupo político y su base social en la lucha contrainsurgente. Ésta última, se extendió al grupo subnacional político viotuno, en gran medida en razón a una profunda estigmatización determinada por el vínculo geográfico, histórico, social, organizativo y campesino viotuno desde el aparato de Estado y las élites políticas”, agrega el informe.
(En contexto: Viotá: de zona de guerra a paraíso cafetero)
El documento parte de análisis de casos para exponer dichos patrones y expone las afectaciones diferenciales derivadas hacia las mujeres. Para su construcción, se realizaron entrevistas, consultaron fuentes primarias, se hicieron talleres con la comunidad de Viotá, así como documentos nacionales, trabajos académicos e información judicial de dos procesos que reposan en la Fiscalía General. Y se aborda el tema de la desaparición forzada de personas en Viotá) entre los años 2003 y 2004, “como un fenómeno emprendido por los actores genocidas en el municipio, para infundir terror en las y los pobladores y así mismo”.