La estrategia de la defensa de Andrés Felipe Arias para tumbar solicitud de extradición

“Esperamos que el Gobierno de Donald Trump se dé cuenta de las irregularidades que se están cometiendo en el caso de Andrés Felipe Arias”. De esta forma la defensa del exministro de Agricultura busca que el recién electo presidente de los Estados Unidos y el partido republicano tomen cartas en el asunto frente al proceso de extradición que se adelanta en contra de Arias.

Para Víctor Mosquera es evidente que en la solicitud presentada por el Gobierno existe una clara vulneración a los derechos procesales frente a la petición allegada por el gobierno colombiano a las autoridades de los Estados Unidos. “El fiscal está invocando normas que no se encuentran vigentes y que son consideradas como una detención arbitraria”.

El abogado considera que el tratado de extradición entre los Estados Unidos y Colombia firmado en 1979 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 1987. “Ni el Gobierno colombiano ni la Fiscalía de Estados Unidos podían tramitar una captura con posibilidades de extradición cuando no hay un tratado vigente que regule esta materia”.

En cartas por dirigentes políticos a los representantes del Partido Republicano se sostiene que en el caso de Arias existe “una injusticia” la cual debe ser subsanada para evitar más perjuicios en contra del exministro –quien fue capturado a finales de agosto- y su familia.

“Tenemos identificadas más de 17 sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Conste Constitucional, así como un pronunciamiento del mismo ministerio de Relaciones de Exteriores que reconocen que  no hay tratado vigente de extradición con los Estados Unidos”, precisó Mosquera.

Finalmente se asegura que los dos delitos por los que fue condenado Arias Leiva por parte de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia “no se encuentran previstos dentro de la ley americana”. En su concepto por donde se le mire la petición de extradición es irregular y no puede ser admitida.

El hecho que la sentencia de 17 años y cinco meses de prisión fuera de primera y única instancia es de por sí una violación a los derechos fundamentales y procesales, punto que pide ser revisados por el nuevo Gobierno de los Estados Unidos para que intervenga en este procedimiento. 

En septiembre de 2014 la Corte Suprema de Justicia condenó al exministro de Agricultura por su participación en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos por la entrega irregular de millonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Las ayudas agrícolas para desarrollar programas terminaron en manos de hacendados y empresarios de la costa que no cumplían con los requisitos exigidos por el programa. Incluso muchos de ellos recibieron más de dos subsidios puesto que de manera fraudulenta fraccionaron los predios.

Para el alto tribunal el entonces ministro de Agricultura conocía de primera mano estas irregularidades y no tomó cartas en el asunto. En el fallo se revela que con la entrega irregular de subsidios Arias Leiva buscaba garantizar que estos grupos económicos financiaran su campaña a la presidencia de la República por el partido conservador para las elecciones del 2010.

Antes de conocer el sentido del fallo el exministro salió del país junto a su familia argumentando falta de garantías procesales y una persecución política por parte del Gobierno en contra de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con estos argumentos ha buscado que se le otorgue un asilo político.
 

“Esperamos que el Gobierno de Donald Trump se dé cuenta de las irregularidades que se están cometiendo en el caso de Andrés Felipe Arias”. De esta forma la defensa del exministro de Agricultura busca que el recién electo presidente de los Estados Unidos y el partido republicano tomen cartas en el asunto frente al proceso de extradición que se adelanta en contra de Arias.

Para Víctor Mosquera es evidente que en la solicitud presentada por el Gobierno existe una clara vulneración a los derechos procesales frente a la petición allegada por el gobierno colombiano a las autoridades de los Estados Unidos. “El fiscal está invocando normas que no se encuentran vigentes y que son consideradas como una detención arbitraria”.

El abogado considera que el tratado de extradición entre los Estados Unidos y Colombia firmado en 1979 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 1987. “Ni el Gobierno colombiano ni la Fiscalía de Estados Unidos podían tramitar una captura con posibilidades de extradición cuando no hay un tratado vigente que regule esta materia”.

En cartas por dirigentes políticos a los representantes del Partido Republicano se sostiene que en el caso de Arias existe “una injusticia” la cual debe ser subsanada para evitar más perjuicios en contra del exministro –quien fue capturado a finales de agosto- y su familia.

“Tenemos identificadas más de 17 sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Conste Constitucional, así como un pronunciamiento del mismo ministerio de Relaciones de Exteriores que reconocen que  no hay tratado vigente de extradición con los Estados Unidos”, precisó Mosquera.

Finalmente se asegura que los dos delitos por los que fue condenado Arias Leiva por parte de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia “no se encuentran previstos dentro de la ley americana”. En su concepto por donde se le mire la petición de extradición es irregular y no puede ser admitida.

El hecho que la sentencia de 17 años y cinco meses de prisión fuera de primera y única instancia es de por sí una violación a los derechos fundamentales y procesales, punto que pide ser revisados por el nuevo Gobierno de los Estados Unidos para que intervenga en este procedimiento. 

En septiembre de 2014 la Corte Suprema de Justicia condenó al exministro de Agricultura por su participación en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos por la entrega irregular de millonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Las ayudas agrícolas para desarrollar programas terminaron en manos de hacendados y empresarios de la costa que no cumplían con los requisitos exigidos por el programa. Incluso muchos de ellos recibieron más de dos subsidios puesto que de manera fraudulenta fraccionaron los predios.

Para el alto tribunal el entonces ministro de Agricultura conocía de primera mano estas irregularidades y no tomó cartas en el asunto. En el fallo se revela que con la entrega irregular de subsidios Arias Leiva buscaba garantizar que estos grupos económicos financiaran su campaña a la presidencia de la República por el partido conservador para las elecciones del 2010.

Antes de conocer el sentido del fallo el exministro salió del país junto a su familia argumentando falta de garantías procesales y una persecución política por parte del Gobierno en contra de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con estos argumentos ha buscado que se le otorgue un asilo político.