Después de más de 10 años de las interceptaciones ilegales dentro de la Corte Suprema de Justicia, la exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Alba Luz Flórez Gélvez, alias Mata Hari, fue imputada por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, todas las conductas agravadas. La Fiscalía indica que la ex detective, quien no aceptó los cargos, habría destinado, presuntamente, recursos públicos para sostener el plan ilegal de infiltración a la Corte Suprema.
En contexto: Reaparece la ‘Mata Hari’ y cuenta cómo logró infiltrar a la Corte Suprema de Justicia
El material de prueba, explica el ente acusador, evidencia que la exfuncionaria habría utilizado recursos de gastos reservados para pagar diversas sumas al personal de servicios generales, escoltas y conductores de la Corte Suprema de Justicia que le proporcionaron información reservada de los magistrados y de algunos procesos relacionados con la “Parapolítica”. Fue así que, al parecer, la exdetective usó dineros públicos para cubrir una actividad ilegal, que consistía en infiltrar al alto tribunal y así consolidar un plan de desprestigio que tuvo ocasión entre los años 2007 y 2009.
De esta manera, la Fiscalía indica que la exfuncionaria del DAS, probablemente, se apropió de un poco más de $169 millones y usó casi $25 millones para pagarles a las fuentes humanas que tenía en la Corte Suprema de Justicia, a cambio la información, grabaciones, expedientes y otros elementos que le entregaron.
Lea también: La ‘Mata Hari’ vuelve a escena
Asimismo, la investigación señala que, para sustentar el desembolso de los recursos de gastos reservados por parte de la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS, la exfuncionaria habría diligenciado formatos con información falsa, obtenida por internet y medios de comunicación, que no correspondía a los datos suministrados por las personas que fueron reclutadas como fuentes humanas, al interior de la Corte Suprema. De esta manera, al parecer, intentó ocultar el origen ilegal de todo el material obtenido bajo cuerda e indujo a que, de forma errónea, los funcionarios que autorizaron el rubro de gastos reservados.
Al respecto, hace 13 años, la exdetective Flórez Gélvez, entregó una confesión en la que el país conoció que la Casa de Nariño, no solo fotocopió expedientes de la parapolítica reservados, sino que además persiguió e infiltró los esquemas de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al punto de instalar grabadoras en las salas plenas para espiar todos los movimientos del alto tribunal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.