“Por nuestro hijo y hermano hemos tocado cada una de las puertas de la justicia colombiana, hoy hace cinco años no volvimos a saber nada de él: el Ejército lo reclutó y lo desapareció. Queremos saber dónde está, queremos encontrarlo, queremos dejar de sentir la agonía en nuestras voces cada que hablamos de su desaparición”. Así comienza el informe que la familia de Edwin Espitia le entregó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en el que resume qué ha pasado desde que tuvieron la última noticia suya, en 2015, cuando prestaba servicio militar. El caso ya llegó hasta la ONU, organismo que le llamó la atención a Colombia por su falta de diligencia.
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La última vez que su madre, Ana María Fonseca, habló con él, fue el 19 de marzo de 2015. En ese momento Edwin Espitia prestaba servicio militar obligatorio en Vichada, pues, a pesar de que debió entrar al Ejército como soldado bachiller, grado en el que solo tendría funciones administrativas, lo reclutaron como soldado regular —grado superior— y se lo llevaron al Batallón de Ingenieros Arturo Herrera N.° 28, ubicado en este departamento al oriente de Colombia, a casi 700 kilómetros de su natal Bogotá. Tres días sin recibir una llamada de su hijo le bastaron a Fonseca para acudir al comandante del pelotón, el mayor Fernando Corcho.
Desde allí comenzaron las evasivas, según detalla un informe de cincuenta páginas que envió la familia Espitia a la UBPD, que se suma a las decenas de peticiones que ha radicado en la Fiscalía y en otras instancias judiciales; a las acciones urgentes que pidieron en el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y a las medidas cautelares que le pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y es que la primera respuesta del mayor Corcho, dicen sus familiares en el informe, fue que “al regresar a la base militar, el soldado Espitia ya no estaba”. Sin embargo, fueron pasando los días y el Ejército dio al menos cuatro versiones más sobre lo que había sucedido.
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Que se encontraba en una fiesta cerca de un lugar donde habían realizado un operativo, que estaba perdido junto a otros tres uniformados o, la más elaborada: que se había quedado del grupo para comprar una bebida y notaron su ausencia horas antes de la llamada de la madre, “iniciando su búsqueda en un riachuelo, para lo cual contrataron buzos”, según reza el informe. Y, por último, la versión en la que se ha sostenido el Ejército por más tiempo: que Espitia evadió el servicio militar y huyó. El mayor Corcho denunció la desaparición en la Fiscalía y su familia en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; pero el Ejército ordenó su descuartelamiento por deserción.
“Nunca fue creíble la versión de su deserción, y quedó sin sustento probatorio, pues en distintas versiones de militares rendidas en 2017, manifestaron haber mentido en las primeras declaraciones, en tanto Edwin nunca les solicitó dinero para evadirse del Ejército”, se lee en el informe en poder de la UBPD. Sin embargo, el fiscal de Villavicencio que lleva el caso se quedó con la versión del Ejército y le dio un giro a la investigación: ordenó interceptar los teléfonos de la madre y los familiares del soldado Espitia para determinar si el joven se había contactado con ellos después de su supuesta deserción.
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La Fiscalía, asimismo, ha entrevistado a los familiares y compañeros de Espitia, pidió las órdenes de batalla de los grupos que delinquen en el departamento fronterizo de Vichada y, aunque varias veces la ha programado, en cinco años no ha hecho una sola inspección al lugar donde supuestamente desapareció el joven. “Las labores investigativas realizadas por el Estado colombiano en cabeza de la Fiscalía no han sido suficientes para el esclarecer los hechos que generaron la desaparición forzada de Edwin Espitia, ni se han efectuado las labores tendientes a determinar su posible paradero y los responsables de su desaparición”, le aseguró la familia a la UBPD.
Todo esto los llevó a acudir a Naciones Unidas en 2015, particularmente al Comité contra la Desaparición Forzada, una instancia que depende de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Desaparición, tratado del que Colombia es firmante. Ya en cinco ocasiones el Comité le ha pedido al Estado colombiano tomar acciones para esclarecer lo que le ocurrió a Espitia, establecer su paradero e, incluso, reasignar el caso en la Fiscalía para que lo lleven funcionarios de Bogotá, “con el fin de evitar la intervención de funcionarios de la zona de ocurrencia de los hechos”.
En cinco años, y tras cinco pronunciamientos del Comité, nada de eso ha pasado. En la última comunicación que allegó la ONU a Colombia por esta desaparición, también en poder de El Espectador, esa instancia internacional dijo: “El Comité se encuentra especialmente preocupado porque, a pesar de que los hechos ocurrieron hace más de cinco años, las acciones que se detallan en la nota del Estado parte de fecha 25 de septiembre de 2018 (la respuesta de Colombia), no evidencian la existencia de una estrategia de búsqueda para localizar al señor Espitia ni de una investigación integral y exhaustiva para identificar a los presuntos autores de su alegada desaparición forzada”.
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Por ende, el Comité le recomendó al Estado colombiano establecer, “una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva del señor Espitia Fonseca y para la investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición”; así como mantener informados a los familiares de cada paso que se da en las pesquisas y enviar constantemente reportes a Naciones Unidas. Colombia podrá responder este último llamado de atención hasta el próximo 20 de octubre, pero el Comité pide que en ese documento el Estado responda una a una de sus preocupaciones y precise qué medidas ha adoptado en estos tres meses para remediar la situación.
En el informe que entregaron a la UBPD, los familiares de Espitia también expusieron su hipótesis sobre lo sucedido, construida a partir de testimonios y pruebas documentales. Al parecer, ese 22 de marzo el pelotón al que pertenecía el soldado iba a regresar por el río Mesetas de una operación militar. El comandante del operativo, William Urrego, habría ordenado a los soldados bajarse y empujar el bote. “Edwin Espitia no siguió la orden y, por el contrario, se quedó adentro del bongo, situación que generó conductas agresivas por parte del capitán Urrego, quien le ordenó al soldado Pedro Pablo Chicunque Juagibioy empujar a Edwin Espitia hacia el río”.
Espitia, continúa el informe, “cayó al río Mesetas y, según las declaraciones de los militares, salió hacia el lado izquierdo del río, último lugar en el que fue visto”. Este es el lugar que no ha inspeccionado la Fiscalía, diligencia que su familia le pidió adelantar a la UBPD, entidad a la que también pidió hacerse cargo del caso. Las garantías que la familia Espitia han sentido ausentes en la justicia ordinaria, dice el documento, “hacen necesaria y urgente la activación de un plan de búsqueda por parte de la Unidad de Búsqueda; que de manera integral agote cada uno de los pasos para encontrar el paradero de Edwin Espitia”.
