“La Fiscalía está evolucionando”

Recientemente Transparencia internacional dio a conocer el ranking mundial de corrupción, en el que Colombia ocupa el puesto 94 entre 175 naciones.

El Espectador habló con dos destacados fiscales internacionales: Marcelo Miller quien ha liderado las investigaciones más importantes contra Embraer por sobornos a funcionarios en República Dominicana y Argentina, y con Juan Carlos Dure, quien fue el encargado del proceso contra la compañía Siemens en Argentina. Estos investigadores estuvieron visitando Colombia en el marco de las capacitaciones que adelanta el país para poder entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en donde la lucha contra la corrupción es un requisito fundamental.

La OCDE en su último informe dice que América Latina es en donde menos se investiga el crimen transnacional. ¿Por qué?

Marcelo Miller: Hay que poner en perspectiva este reporte, la OCDE reportó solo los países miembro del grupo de trabajo, así que América Latina es la región dentro de ese grupo en la que se tiene la menor cantidad de investigaciones, no es la región del mundo con la más pequeña cantidad de investigaciones, de ninguna manera. Nuestra región ha pasado a hacer esfuerzos para investigar el crimen transnacional a partir del 2000 cuando entra en vigor la convención de la OCDE. Muy pocos países antes de esto tenían esfuerzos, investigaciones ni el “expertise” para hacerlas.

Juan Carlos Dure: Nuestros han hecho un g países ran esfuerzo para adaptar sus legislaciones a las interpretaciones de OCDE que son muy exigentes, esta es una convención que no deja ningún resquicio de no cumplir con todos sus postulados. En un crimen internacional hay que tener en cuenta que se trata de un cohecho donde hay un sobornado y un sobornador. En el crimen transnacional se hace énfasis en el que soborna y muchos de nuestros países son a los que sobornan, ya que las empresas por lo general pertenecen a las grandes economías. Se debe ser muy cuidadoso cuando se leen este tipo de índices.

Marcelo Miller: En el marco de la convención de OCDE las investigaciones que se adelantan en contra de los sobornados no cuentan que es lo que llamamos corrupción pasiva. En América Latina no hay tantas economías que sean tan internacionalizadas para que sus empresas hagan negocios como proveedoras en el extranjero y por eso no se ven tantas inmersas en casos de soborno.

¿Qué tanta colaboración hay entre las fiscalías de esos países desarrollados y las nuestras?

M.M.: Este es un proceso de aprendizaje, hoy hay mucha más colaboración que hace 10 años. Por ejemplo, entre Brasil y Estados Unidos hay una cantidad importante de casos y debido a ellos las fiscalías han desarrollado una relación importante posibilitando que la cooperación fluya fácilmente.

Ustedes en Brasil están investigando a la empresa CCX del empresario de su país Eike Batista por un caso de soborno a concejales de un municipio de La Guajira (Colombia). ¿Esas pruebas les sirven a nuestras autoridades para investigar a los funcionarios que fueron sobornados?

M.M.: Yo no puedo comentar casos concretos de investigaciones.

Pero si le hago la pregunta de manera hipotética ¿Si ustedes están investigando un caso de una empresa brasilera que sobornó políticos colombianos las pruebas de su investigación nos sirven a nosotros?

M.M.: La pregunta estaría mejor si fuera invertida, enviar es casi siempre más fácil que recibir. Para recibir pruebas, el Estado solicitante tiene que desarrollar esfuerzos, buscar la cooperación y verificar previamente si la prueba que quiere tener es admisible ante sus juicios. Claro que los Estados se tiene que brindan cooperación entre sí, pero lo más crítico es la obtención de la misma, los cuidados que tienen que tener para poder traerlas a su jurisdicción.

¿Es decir que no todo lo que se encuentre en investigaciones judiciales de otros países que involucren a Colombia a nosotros nos sirve?

Juan Carlos Dure: Eso depende, no solo de la convención de la OCDE sino también de la Convención Interamericana Contra la Corrupción que ya definía el delito transnacional. También está la convención de Naciones Unidas en donde Colombia es igualmente signataria, que establece y regula todo este tema de la transnación y de la validez de la prueba. Por supuesto, cada país puede llegar a tener determinadas circunstancias, pero en el marco internacional están planteadas las herramientas para que una prueba producida en el exterior tenga validez en cualquier país.

¿Se han dado casos en donde Colombia utiliza pruebas de otras jurisdicciones?

J.C.D: Refiriéndome a lo que dijo Marcelo, es cierto que más que mandar la prueba hay que pedirla y sólo se puede pedir si se sabe que el otro país la tiene y para ello hay que construir relaciones estrechas de confianza entre las fiscalías y Colombia lo está haciendo y lo está haciendo bien. No solamente participar en la Convención de delito transnacional sino buscar formar parte de este exclusivo club de miembros de la OCDE es un reto muy importante.

Colombia no tiene experiencia en investigación del crimen transnacional y ustedes están en nuestro país para hablar del tema porque es importante para entrar a la OCDE ¿Qué tan fácil es que el sistema investigativo de un país pueda aprender a hacer investigaciones transnacionales?

M.M.: Es una pregunta difícil pero un referente es la experiencia estadounidense. Los Estados Unidos aprobaron su ley de lucha contra la corrupción transnacional en 1977, ellos mismos dicen que les llevó más de 10 años para empezar a generar casos con base en la ley. Entonces no es un proceso rápido para ningún país, son tipologías de crímenes bastante complejas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran los investigadores de los crímenes transnacionales?

J.C.D: Cuando hablamos de crimen transnacionales estamos hablando de acuerdos espurios y acuerdos secretos. Es muy complejo, el fiscal tiene que tratar de penetrar ese acuerdo de silencio que hace tanto el sobornado como el sobornador. Los desafíos son muy grandes, no solo se pueden lograr resultados a través de los procedimientos normales, esto tiene que ver muchas veces con la imaginación del investigador.

¿Cómo hacer en América Latina en donde a pesar de que en muchos de los países los poderes ejecutivo y judicial están separados, en algunas oportunidades hay presión de parte del ejecutivo al judicial?

M.M.: Eso en Brasil no pasa porque son poderes completamente independientes, así que nunca se ve una presión por parte del ejecutivo al judicial, no es posible.

J.C.D: En Argentina, a diferencia de Brasil, el ente investigador depende del ejecutivo, pero a pesar de esto ser así yo he trabajado con tres gobiernos distintos y nunca he visto una presión por algún tipo de investigación. La realidad es que cuando se inicia una investigación uno tiene un procedimiento como fiscal, sigue una técnica. Nuestro trabajo está ahí, se refleja, se hace ante un juez en un procedimiento oral y en mi país nunca he recibido ninguna presión ni he tenido conocimiento de que a colegas míos les haya pasado.

¿Cuál es el sector económico en donde se presentan más este tipo de prácticas corruptas por parte de la empresa privada?

M.M.: No hay una tipología, en todos los sectores se ven estás practicas. Hay algunos que se mencionan como particularmente vulnerables y es el sector defensa. A mí lo que me llama la atención en estos estudios es que no hay sector que quede afuera.

¿Es decir que todos los sectores económicos son propensos a la corrupción pero unos más que otros?

M.M.: Basta con que la empresa tenga negocios en otro país y necesite ganarse algún contrato en el sector público para que sea proclive a sobornar.

En los escándalos de corrupción entre privados y trabajadores públicos siempre se castiga más fuerte al funcionario pero ¿qué es más frecuente, que la empresa pague porque el funcionario le pide o que la empresa ofrezca para que le den el contrato?

M.M.: Esa es la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero si se mira hacia la experiencia mundial, se percibe que el problema de la corrupción mejora cuando mejoran los servicios públicos. Miremos a Escandinavia, ahí operan empresas de todas las nacionalidades, desde rusas hasta chinas, pero los servicios públicos de estos países tienen alto nivel de honestidad. Así que me parece que la mejora puede estar en el avance de los servicios públicos, claro que no se puede dejar de lado la responsabilidad de las empresas.

¿A las empresas privadas sí les interesa trabajar en contra de la corrupción?

M.M.: Ahí es en donde se ve más claramente el resultado del esfuerzo que están haciendo varios países. Si uno mira a las empresas hace 15 años el tema de la corrupción trasnacional era visto de una manera completamente distinta, era un “pecadillo” y a veces considerado normal, no se hablaba de controles estrictos, ahora sí. Todo eso vino por causa de los esfuerzos de los Estados, tal vez una manera más inteligente de medir los resultados de los esfuerzos nacionales que mirar la cantidad de investigaciones.

J.C.D: Cuando hay un sobornador hay un funcionario que está dispuesto a recibir, es una comunión. Si el funcionario no está dispuesto a recibir no habría ni siquiera una insinuación.

¿En una investigación que involucra corrupción por lo general las empresas privadas están dispuestas a colaborar?

J.C.D: Todo depende, no hay una regla general. Depende de si la investigación es multijurisdiccional, si son compañías que tienen que responder ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos- Estas por lo general se someten voluntariamente a reconocer su responsabilidad con lo cual uno ve lo importante que son las herramientas de la responsabilidad de personas jurídicas para persuadir a las empresas a tener una actitud correcta. Y hay otras empresas que no dan colaboración, que se encierran en sí mismas y ahí están los fiscales y la justicia para tratar de descubrir la verdad.

¿Sirven las investigaciones de los medios de comunicación?

J.C.D: Sí, en Argentina hay mucho periodismo de investigación y es una fuente importantísima. Cuando usted pone un caso en google lo primero que aparece son las investigaciones periodísticas. En cuanto a la validez de estas informaciones en un juicio es relativo, uno tiene que validarlas con algo más que recortes de diarios y lo que dice un periodista, pero puede servir como un gran orientador. Muchas veces se han trazados líneas de investigación a través de notas periodísticas.

¿Cómo ven ustedes la Fiscalía colombiana en los casos de corrupción transnacional?

M.M.: Sería mala educación decir que no está bien, pero lo más sincero que puedo decir es que en la limitada experiencia con Colombia su ente investigador está evolucionando y tiene ganas de mejorar. Existen sistemas acomodados que parecen no desear evolucionar o que les parece que ya están en un punto óptimo y no tienen que hacer nada más y eso es muy peligroso. Pero no es el caso de Colombia.

¿Pero entonces tenemos cosas por mejorar?

M.M.: Claro que sí, pero incluso países desarrollados han recibido recomendaciones muy duras sobre su sistema investigativo y judicial por parte de la OCDE. Es importante no nutrir ese complejo de inferioridad porque somos países en vía de desarrollo, porque países desarrollados también tienen sus problemas y también tienen que evolucionar.

‘Nunca he visto presión por una investigación’

¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran los investigadores de los crímenes transnacionales?

J.C.D: Cuando hablamos de crímenes transnacionales estamos hablando de acuerdos espurios y acuerdos secretos. El fiscal tiene que tratar de penetrar ese acuerdo de silencio que hace tanto el sobornado como el sobornador. No solo se pueden lograr resultados a través de los procedimientos normales, esto tiene que ver muchas veces con la imaginación del investigador.

¿Cómo hacer en A. Latina en donde a pesar de que en muchos países los poderes ejecutivo y judicial están separados, en algunas oportunidades hay presión de parte del ejecutivo al judicial?

J.C.D: En Argentina, a diferencia de Brasil, el ente investigador depende del ejecutivo, pero a pesar de esto ser así yo he trabajado con tres gobiernos distintos y nunca he visto una presión por algún tipo de investigación.

El investigador Juan Carlos Dure afirma no haber identificado alguna injerencia del poder ejecutivo en la labor judicial de los países de América Latina.