El fiscal y el Congreso andan mostrándose los dientes. El proyecto de reequilibrio de poderes, que contempla la creación de un supertribunal para juzgar a magistrados de altas cortes, fiscal, contralor, procurador y defensor del Pueblo, tiene a Eduardo Montealegre echando chispas, liderando una cruzada para sepultar esa idea e invitando a una “rebelión” a los administradores de justicia. La controversia escaló el viernes pasado cuando en un virulento discurso Montealegre comparó esta reforma —que apenas lleva uno de ocho debates— con la sangrienta toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte de la guerrilla del M-19.
Aún más. Sin rodeos, Montealegre dijo que este proyecto de acto legislativo no es más que una revancha del Congreso por las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia en el expediente de la parapolítica —que lleva más de 60 exparlamentarios condenados y contando— y por distintas sentencias del Consejo de Estado en casos de pérdida de investidura de senadores. “Nos acercamos con esta reforma a una segunda toma de la justicia en Colombia”, arengó el fiscal desde Cartagena, y remató asegurando que este nuevo “asalto” constituía el golpe de gracia de la política para amedrentar a los magistrados que pusieron tras las rejas a los congresistas que resultaron “apadrinados” por las autodefensas.
La piedra angular de la controversia es que el supertribunal que juzgaría a estos altos funcionarios —en reemplazo de la inoperante Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes— sería elegido por ternas propuestas por el Congreso y la Presidencia. En palabras castizas, tendría un origen político y no daría las suficientes garantías de imparcialidad que reclaman los aforados. De allí la vehemencia del fiscal Montealegre, las súbitas reuniones que con total hermetismo se han venido produciendo en el Palacio de Justicia y hasta las consultas del más alto nivel con la Casa de Nariño y el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
El lío es que “el tonito” del fiscal, como le dijo a este diario una fuente consultada, convirtió este pulso de poderes en una cuestión de honor. En el Congreso la molestia es mucha y el malestar aumenta. Desde esta orilla la posición es que, por muy respetable y muy liberal que sea el fiscal, es en el Legislativo donde se promulgan las leyes; y que está sobrediagnosticado que la “Comisión de Absolución” resultó siendo una vergüenza en el sistema de pesos y contrapesos de la democracia colombiana. Desde esta perspectiva, ningún magistrado de una alta corte y tampoco ningún fiscal general ha sido juzgado o condenado por el Congreso.
La senadora Claudia López, en diálogo con El Espectador este domingo, lo señaló sin ambages: “Para que una democracia tenga equilibrio de poderes, nadie se puede sentir por encima de la ley. Lo que está ocurriendo con los aforados —el presidente, el fiscal y los magistrados— es que tienen impunidad de facto (...) Mire, el fiscal acusa y los magistrados juzgan con base en la ley. ¿Por qué el derecho nos cobija a todos menos al fiscal y a los magistrados? Hace poco le dije al ministro de Justicia, Yesid Reyes, que su papá, un hombre incólume y valiente (muerto en el Palacio de Justicia en 1985) seguramente se sentiría muy incómodo y molesto con un tribunal como el que garantizó la impunidad para el expresidente Ernesto Samper”.
La congresista de la Alianza Verde concluyó: “Aquí nadie puede creer que solo tiene protección si tiene impunidad, eso que lo digan los parapolíticos, ¿pero nuestro fiscal y nuestros magistrados?”. Así las cosas, mientras en el Congreso les enrostran al fiscal y a los demás aforados que resulta lamentable su posición de no apoyar un tribunal independiente que los juzgue si transgreden la ley, en la orilla de Montealegre se habla de venganzas, revanchas y desquites por parte de la clase política tradicional y de sus aliados que terminaron en prisión por sus nexos con organizaciones ilegales. Dos puntos irreconciliables, pero que ya comienzan a despertar alianzas.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aunque llamó a la calma, también sostuvo que aquí “nadie le tiene miedo al fiscal”, una frase que fue entendida por muchos como una especie de “tatequieto” a Montealegre desde la Casa de Nariño. Cristo calificó como una “desafortunada invitación” la propuesta del fiscal de que todos los administradores de justicia protesten por esta reforma. Y, además, lanzó un mensaje de tranquilidad en el sentido de que este proyecto apenas está empezando su recorrido en el Legislativo, que faltan muchos debates por saldarse y que el mayor interés del Gobierno es que esta controversia se lleve a cabo con toda serenidad.
Voces encontradas
El Espectador consultó a exfiscales, magistrados en ejercicio que pidieron la reserva de su nombre, altos funcionarios del Gobierno y a congresistas para que ventilaran su opinión sobre esta batalla entre poderes públicos. Un exvicefiscal resumió así este enredo: “Da la sensación de que el Congreso sí quiere mostrarle los dientes a la Rama Judicial, debilitando el poder del fiscal y los magistrados, para procurar mayores garantías a los congresistas en los juzgamientos en la Corte Suprema. Esto siempre pasa en los primeros debates, todos se muestran los dientes”.
La fuente añadió: “Todo irá decantándose después. Esto es un juego de poderes y la protesta airada del fiscal va en esa vía: demostrar el malestar de la justicia para buscar una fórmula intermedia. Le resumo la cosa así: el Congreso no se va a enfrentar a las cortes, al mismo tiempo el fiscal pesa mucho en este tipo de discusiones y todo terminará moderándose, tanto el proyecto como el tonito de los protagonistas en este debate. Es claro que la Comisión de Acusación se debe acabar, que los aforados deben tener un control, pero el origen político de ese supertribunal deja muchas dudas rondando”.
Por su parte el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, señaló que no entiende la invitación a la protesta del fiscal como un llamado a la rebelión, sino como un mecanismo para mostrar la inconformidad latente de un sector de la justicia que siente que esta reforma es más dañina de lo que se percibe. “A mí me gusta la idea del supertribunal, pero no estoy de acuerdo en cómo se está conformando y sus funciones. Su origen político lo deslegitima. Se necesita de una democratización en esa elección que garantice una justicia imparcial. Aquí hay muchos intereses en juego. Yo no veo revanchas del Congreso, máxime cuando esos parapolíticos ya están condenados. Pero sí veo un afán de todas las instituciones de favorecerse”.
El magistrado del Tribunal de Bogotá Hermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, sostuvo que evidentemente la Comisión de Acusación ha sido inferior a las exigencias del Estado colombiano y la sociedad. “Se hace necesario que todos los servidores públicos respondan por sus actos delictivos, pero sus jueces deben ser imparciales. Y la procedencia política de este tribunal tiene muchos líos. Esto puede convertirse en un alicate, un mecanismo de presión por parte de la clase política. Y lo que me preocupa de este reequilibrio de poderes es que termine en un ‘ayúdame que yo te ayudaré’. Eso no puede pasar en una democracia”.
En ese contexto, la gran coincidencia de jueces, magistrados, exfiscales y académicos consultados es que se necesita un mecanismo que involucre a otras organizaciones en la conformación de ese supertribunal: agremiaciones de abogados, facultades de derecho, sindicatos, la propia Rama Judicial, el Congreso y la Presidencia. Pero, ¿puede despolitizarse la justicia de esa forma? Cierto es que cualquier intento de reforma a la justicia en los últimos años ha resultado en un calvario legal, con ministros “quemados” de por medio —¡cómo olvidar el caso de Juan Carlos Esguerra!— y el presidente Santos hundiendo —de forma ilegal— el orangután que terminó siendo esa enmienda constitucional.
En criterio del senador Armando Benedetti, el Congreso está en el peor de los mundos. “Si como ponentes decidimos modificar el articulado, es porque nos rectificamos por presiones del fiscal. Pero si decidimos mantener el tribunal de aforados, dicen que los estamos persiguiendo”. La representante Angélica Lozano, integrante de la Comisión de Acusación, aseguró: “No entiendo al fiscal, no entiendo de dónde saca esa comparación con la toma del Palacio de Justicia, esto no tiene nada que ver. Lo que le hace daño al país es que haya funcionarios sin justicia. Este tribunal lo que busca es evitar la impunidad”.
Y añadió: “La Comisión de Acusación debe ser eliminada. Ahí siempre llegan miembros de la coalición de Gobierno. Yo soy la primera que representa a las minorías. Mire, han pasado más de dos meses y solo hoy (ayer) van a hacer el reparto de procesos, ¡y en dos meses y medio se acaba el primer semestre de la legislatura y volvemos en marzo! ¿A quién no le gustaría que lo juzgaran así?”. Por lo pronto así está la discusión. Dos orillas que se muestran los dientes a la espera de que alguna ceda. El fiscal Montealegre insiste en el chantaje y el revanchismo del Congreso. En el Parlamento le enrostran su régimen impune.
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Por Juan David Laverde Palma y Felipe Morales Mogollón
