Desde el pasado sábado 2 de junio, cuando Javier Velasco Valenzuela se declaró inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía en el caso de Rosa Elvira Cely —homicidio agravado, tortura y abuso sexual—, el temor de quienes le siguen el rastro a este doloroso episodio es que su defensa apuntará a lo evidente: declararlo inimputable, tal como sucedió en 2002, cuando asesinó a Dismila Ochoa Ibáñez. Y las sospechas son ciertas. El Espectador conoció que ése es el argumento principal que presentará su abogado cuando se radique la acusación en contra de Velasco.
De aceptarse la tesis, el homicidio de Dismila, una empleada de servicio proveniente de la costa Caribe, podría convertirse en una especie de bola de cristal. Este diario conoció las 600 páginas que conforman el expediente de ese asesinato, que detalla cómo fue que Velasco resultó pagando una condena de 19 meses recluido en centros psiquiátricos y varios años más de libertad vigilada, con la condición de continuar en tratamientos de alcoholismo y psiquiátricos. No podía ser de otra manera, pues el 8 de julio de 2002 Medicina Legal lo había declarado inimputable.
Cuatro días antes del examen Velasco manifestó su deseo de declararse culpable y, el 15 de agosto de ese año, la Fiscalía formuló cargos para sentencia anticipada. A Dismila, lo advirtió el ente investigador, Velasco la mató con sevicia y crueldad en exceso: 17 machetazos. Pero un juzgado penal de Bogotá rechazó la aceptación de cargos. “(Él) carece de la capacidad para comprender la ilicitud de sus actos”, señaló la jueza. Según Medicina Legal, el juicio de Velasco había estado tan alterado durante el crimen que no había podido discernir cómo afrontar tal situación.
Durante su indagatoria, Velasco confesó un sinnúmero de detalles de cómo había segado la vida de Dismila Ochoa Ibáñez. “Me enamoré ese día profundamente de ella”, le contó a un fiscal después de describir cómo había limpiado su sangre con un trapero y de admitir que al sentir la presencia de la Policía había escondido las cosas de ella “tratando de ignorar lo sucedido”. Una vez cometido el crimen Velasco pensó en suicidarse, pero lo que en realidad hizo fue taparle la cara porque le resultaba “aterrador” mirarla y volverse a acostar.
En agosto de 2002 se ordenó su reclusión en el pabellón psiquiátrico de la cárcel Modelo de Bogotá, con “énfasis en terapias de introspección”, pues los psiquiatras habían detectado que era urgente que notara su problema con el alcohol. El bogotano, cuya esposa estaba en el octavo mes de embarazo cuando Dismila fue asesinada, “en ningún momento de su internación presentó rasgos psicóticos que ameritaran su permanencia en la unidad”, certificó el coordinador de la Unidad de Salud Mental de la cárcel Modelo en octubre de 2002.
Al centro psiquiátrico Funsabiam llegó el 17 de febrero de 2003. “Episodio psicótico transitorio inducido por consumo de alcohol —trastorno por dependencia de alcohol—”, fue el diagnóstico de entrada. Le ordenaron tratamiento con medicamentos, terapia ocupacional y psicoterapia individual y de familia. Este último punto era clave, pues su esposa lo había perdonado y lo iba a apoyar hasta que recuperara su libertad. En la indagatoria, Velasco relató que sostenía con ella “una relación muy profunda”, pero marcada por un problema de intimidad que se había aumentado con el embarazo de ella, considerado de alto riesgo.
Llevaba 11 días en Funsabiam cuando fue condenado a tres años de reclusión en establecimiento psiquiátrico. Funsabiam, el 21 de abril de 2003, elaboró un informe psiquiátrico describiéndolo como alguien a quien le gustaba asumir las veces de líder, demandante, con pobre control de sus impulsos, manipulador, suspicaz, desafiante, descalificador y con una pobre aceptación a la frustración. Una jueza había dicho que si él era inimputable era porque no reconocía la ilicitud de sus actos, pero Funsabiam reportaba que Velasco tenía “consciencia de los hechos que motivaron su estadía aquí”.
Funsabiam, como Medicina Legal, indicó que tenía rasgos de personalidad límite y recomendó que su esposa —con quien llevaba casi nueve años— y sus hijos —de 7, 6 y 1 año de edad— iniciaran terapia también. Velasco desestimaba el manejo terapéutico que recibía entonces, como luego descalificaría el tratamiento de alcoholismo. “Se trabajará en respeto de límites, tolerancia e impulsividad”, señaló el equipo del centro de salud mental, agregando que se sugería continuar en tratamiento intramural. En junio de ese año, la entidad certificó que Velasco no había presentado síntomas psicóticos y le pedía a Medicina Legal que lo evaluara nuevamente.
Ese segundo examen se conoció el 16 de septiembre de 2003. “Mi conclusión es que no fui consciente de mis actos por el estado de embriaguez en que me encontraba —le dijo Velasco a un psiquiatra de Medicina Legal—. Estuve leyendo un libro, habla de los doce pasos y quiero superar eso. Consagrarme a mis hijos que son mi esperanza”. En ese dictamen, no obstante, el organismo advirtió que él presentaba embriaguez patológica, una predisposición orgánica que lo afecta notoriamente al consumir alcohol y que no se elimina con tratamiento, advirtió Medicina Legal, que agregó que Velasco ya no presentaba síntomas de enfermedad mental activa y recomendó tratamiento ambulatorio.
Fue con base en ese concepto que, el 31 de octubre de 2003, un juez de ejecución de penas le concedió libertad vigilada durante 19 meses, bajo la condición de que fuera a Alcohólicos Anónimos mínimo tres veces cada semana y que continuara el tratamiento psiquiátrico. Pagó una póliza de $664.000 a Liberty Seguros, Funsabiam certificó que su episodio psicótico transitorio estaba resuelto y el 14 de noviembre de ese año recobró la libertad. Hasta 2006, el único incidente del que se tuvo noticia fue de violencia doméstica pero Velasco, al parecer, estaba cumpliendo.
El hombre solicitó que se declarara que su pena estaba cumplida, por lo que el juez ordenó un tercer examen forense con Medicina Legal en 2006. Los resultados, sin embargo, estaban lejos de ser los esperados. El asesino de Dismila admitió que no había asumido el programa de Alcohólicos Anónimos en serio, que no tenía padrino, le molestaba que su historia personal le generara mala fama, no había seguido los 12 pasos justificado en el hecho de que no había perdido a su familia y, lo peor, que no se sentía como un alcohólico. “El examinado no ha alcanzado consciencia de su enfermedad”, indicó Medicina Legal.
El instituto añadió que Velasco era narcisista, que trataba de minimizar su situación, que se consideraba mejor que los demás asistentes a Alcohólicos Anónimos y los despreciaba, y que no había adquirido defensas para su problema con el trago. Y lo más grave: “Si el examinado llegara a ingerir nuevamente bebidas alcohólicas es probable que nuevamente pueda tener estados de embriaguez patológica en los que pudiera repetir actos similares a los de los hechos”.
Ese 3 de mayo de 2006 Medicina Legal concluyó que con Velasco el riesgo de nuevos actos violentos era latente, por lo que recomendó que se continuara con la medida de libertad vigilada, en tratamiento psiquiátrico y de alcoholismo, y así lo ordenó el juez. Eso fue el 5 de junio de 2006. A partir de esa fecha, lo único que aparece en el expediente es una solicitud de Velasco el 5 de abril de 2011 pidiendo la prescripción de la medida. No hubo más reportes de Medicina Legal ni de otros centros psiquiátricos. Hasta que un año más tarde, al convertirse en el principal sospechoso del despiadado ataque a Rosa Elvira Cely, volvió a ubicarse en el radar de la justicia.
El asesinato de Rosa Elvira Cely
Golpeada, violada, apuñalada y empalada, así apareció Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional el pasado 24 de mayo. Vendía dulces para mantener a su hija y ayudar a su mamá. Su fortaleza se demostró cuando durante cuatro días luchó contra la muerte en el Hospital Santa Clara.
La gravedad de sus heridas, sin embargo, le hizo perder la batalla y su caso se convirtió en uno de los más brutales que se conocen en el país en contra de una mujer.
Hoy su presunto agresor y excompañero de colegio, Javier Velasco, está recluido en la cárcel Modelo. La familia de Rosa Elvira pide que Velasco no sea declarado inimputable otra vez, sino que reciba la pena máxima que permiten las normas colombianas: 60 años de cárcel.
El prontuario criminal de Velasco
Además de la condena que pagó hace 10 años por el asesinato de Dismila Ochoa Ibáñez, Javier Velasco —el presunto homicida de Rosa Elvira Cely— tiene dos procesos por abuso sexual. El pasado 15 de junio la Fiscalía le imputó los cargos de acceso carnal violento con menor de 14 años, acto sexual agravado, incesto y violencia intrafamiliar porque, supuestamente, abusó de dos de sus hijastras hace cinco años, cuando las menores tenían 11 y 3 años respectivamente. Velasco no se allanó a cargos y ahora se espera el inicio del juicio en su contra. El otro proceso en su contra es por una presunta violación que fue denunciada por una trabajadora sexual de Bogotá, quien aseguró que hace cuatro años Velasco la buscó para que le diera sus servicios y que cuando ella se negó a tener relaciones sin preservativos, el presunto agresor la cogió del cuello y la intentó ahorcar. Luego la gritó y le dijo que la iba a matar, por lo que a ella le tocó acceder a sus deseos.