Sobre las 8:30 de la noche del 19 de mayo, cuatro personas departían en el centro de Roldanillo (Valle del Cauca), cuando dos hombres llegaron en una motocicleta y asesinaron a dos personas y dejaron gravemente heridas a las demás. Las autoridades informaron que una de las víctimas tenía anotaciones judiciales por tráfico y porte de estupefacientes.
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Este es el hecho de violencia más reciente registrado en ese departamento, una situación generada especialmente por la guerra entre grupos armados que preocupa a autoridades y organizaciones de derechos humanos. Mandatarios regionales piden más apoyo de parte del Gobierno para atender la crisis que, dicen, desborda sus capacidades.
En el municipio de Jamundí, la situación se hace cada vez más crítica. Allí, el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, libra una guerra por el control territorial y el dominio de las rentas ilícitas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
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Entre las acciones que han perpetrado está el secuestro de Lyan Hortúa, un niño de 11 años, que el 3 de mayo fue sacado a la fuerza de su vivienda por presuntos integrantes de ese grupo armado, según confirmó el propio Ministerio de Defensa. Han pasado 18 días desde su retención y ningún llamado de su familia, de las autoridades ni de organizaciones defensoras de derechos humanos han sido suficientes para lograr su liberación.
La madre del niño, Angie Bonilla, señaló que su hijo sufre una enfermedad respiratoria, lo que aumenta la preocupación de no saber cómo se encuentra de salud. “Es la muerte en vida, porque es la pérdida de un hijo que no sé en qué condiciones está”, dijo durante una movilización en Cali, el pasado lunes. A renglón seguido, le pidió al presidente Gustavo Petro que intervenga en su liberación: “mire con ojos de amor, con ojos de misericordia, que también es padre. Yo solo pido a mi hijo, el perdón ya está”.
El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional de Servicio de la Policía, dijo que han recibido información de que el niño permanece secuestrado en zona rural de Jamundí, pero está bien de salud; una comisión de la Iglesia Católica y Naciones Unidas ya está mediando para lograr su liberación.
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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, le dijo a El Espectador que se trata de un caso de secuestro extorsivo, que hace parte de la respuesta de los grupos ilegales a las acciones de las autoridades en la región. “No es que se esté perdiendo el control allí, sino que el desespero es tan grande que ya miran de qué otras opciones pueden agarrarse para afectar la seguridad y la percepción que tenemos de lo que está pasando”, agregó.
Pero este no es el único hecho. Durante el último mes se han presentado repetidos ataques con explosivos por parte de frente Jaime Martínez, que afectaron a civiles y uniformados. Solo durante la Semana Santa hubo al menos tres atentados en ese municipio.
Preocupación generalizada
En diálogo con este diario, el subsecretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, dijo que la situación en Jamundí y en el resto del departamento, especialmente en los municipios del sur, sí es realmente compleja. Pese al esfuerzo de las autoridades para controlar la crisis y apoyar la acción de la Fuerza Pública, hay una retaliación sostenida por parte de las disidencias de las Farc.
“Quieren imponer la zozobra en el sur del departamento, el terror en los ciudadanos, y contrarrestar el mensaje de la institucionalidad de retomar el control territorial, que es nuestro deber constitucional”, dijo el funcionario. De ahí también los constantes ataques a la Fuerza Pública, que han migrado incluso a la capital.
Uno de esos ataques ocurrió el 25 de abril, en la Comuna 6 de Cali, cuando el Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Jorge Eliécer Gaitán, fue blanco de un atentado con explosivos. El hecho, cuyos responsables aún no han sido identificados, causó daños materiales en la infraestructura de la estación de Policía y, por fortuna, no dejó personas muertas ni heridas.
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“Caleños, rechazamos de manera contundente el ataque terrorista que ha ocurrido esta noche en el oriente de Cali. Vamos a utilizar toda la fuerza y todas las capacidades de la Policía y de la Fiscalía para dar con los responsables”, dijo en su momento Alejandro Éder, alcalde de la capital del Valle del Cauca.
El más reciente fue en la noche del domingo 18 de mayo, una patrulla de la Policía que adelantaba controles de seguridad entre los barrios Villa del Lago y El Diamante, de la Comuna 13 de Cali, sufrió un ataque con explosivos. Según explicó el subsecretario Londoño, presuntos integrantes del frente Jaime Martínez habrían camuflado 18 kilogramos de pentolita en una caneca de basura; la carga se activó al paso de la patrulla.
La detonación dejó a tres uniformados y cuatro civiles heridos, dos de ellos menores de edad. Tres días antes, la Defensoría del Pueblo había denunciado que un bus que transportaba a menores de entre cinco y 17 años también fue atacado en Jamundí. En el hecho resultó herido el conductor del vehículo.
Crimen en el Bajo Calima
La Defensoría también advirtió que en la región del Bajo Calima, en Buenaventura, hay otro foco de crisis. Los responsables de lo que sucede allí son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo; este último en alianza con el frente Jaime Martínez, de las disidencias.
Tras una visita con delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una representante de la Sala Especial de Seguimiento de desplazados, de la Corte Constitucional, la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó que los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley están afectando a habitantes del Consejo Comunitario del Bajo Calima y miembros del pueblo indígena Wounaan, del Resguardo Santa Rosa de Guayacán.
Muchos de los afectados, señaló la defensora Marín, estuvieron desplazados en albergues de Cali y Buenaventura y habían retornado al Bajo Calima en diciembre de 2023 y junio de 2024. Sin embargo, los enfrentamientos entre guerrilla y Clan del Golfo, en sus palabras, “han generado una alarmante crisis que ha afectado la vida, integridad y dignidad de más de 4.000 personas”.
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Su registro es de 40 eventos de confinamiento masivo y desplazamiento forzado. Solo en la Semana Santa, 46 familias tuvieron que salir del territorio. La situación también es preocupante en los municipios de Andalucía y Bugalagrande, sobre los cuales la Defensoría emitió el 7 de mayo una alerta temprana de inminencia por disputas entre grupos criminales.
En la alerta, la Defensoría se refirió a las bandas La Inmaculada y Los Rastrojos Nueva Generación, que libran la guerra del microtráfico en ambos municipios. “Pese a que hay en curso entre ellos conversaciones sobre posibles acuerdos de no agresión, estos podrían ser frágiles o de muy poca duración y proliferar profundas afectaciones a habitantes de sus zonas urbanas”, advirtió la entidad.
El documento agrega que no es un asunto nuevo para las autoridades, pues desde noviembre de 2024 han alertado sobre el aumento de atentados allí, por “un cambio drástico” en la dinámica del conflicto. Los atentados “han venido escalando tanto en número como en los niveles de violencia”, señala la misiva.
Acciones urgentes
En medio de esta escalada de violencia, el ministro de Defensa y el alcalde de Cali sostuvieron una reunión en Bogotá, el 19 de mayo, para tomar medidas sobre la situación en la ciudad y la región. Tras el encuentro se anunció que se fortalecerá la presencia del Ejército y la Policía Nacional en Cali y su área metropolitana. Esto, con el objetivo de reforzar los dispositivos de inteligencia e investigación.
“Se hará uso de medios técnicos y tecnológicos, así como de un equipo humano altamente capacitado. Las unidades especializadas serán desplegadas para aumentar los esfuerzos operacionales, fortaleciendo el dispositivo de seguridad en la ciudad y garantizando la protección de la ciudadanía”, indicaron desde la cartera de Defensa.
Sobre todo este panorama, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo a medios de comunicación que la situación se sale de las manos de la administración regional: “necesitamos decisiones nacionales. Hay vías ilegales por donde transitan los delincuentes, estaciones de gasolina fuera de control, y corredores del narcotráfico que solo el Gobierno Nacional puede intervenir”.
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El subsecretario Londoño agregó que los grupos ilegales “están en una lucha frontal contra el Estado”, por lo que necesitan que el Gobierno ponga aún más la mirada allí. “El comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía es el presidente de la República, las amenazas que tiene el Valle del Cauca superan con creces las capacidades de la gobernación”, concluyó el funcionario.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
