Miguel* vive con la convicción de defender a su comunidad y al mismo tiempo reconoce que por su liderazgo le pueden quitar la vida. Su miedo crece ahora que Guaviare atraviesa una compleja situación de violencia a raíz de los combates entre las facciones disidentes de las Farc al mando de alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”.
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Solo en la última semana, los enfrentamientos dejaron más de 48 disidentes muertos, entre ellos, 11 niños y niñas asesinados. Miguel advierte que es una guerra en la que solo puede existir una de las dos estructuras. “Quieren el control territorial y la legitimidad. Según ellos, si los unos están, los otros no”, explicó. Y en ese conflicto a muerte, agregó, los campesinos están en el medio, a merced de los grupos armados.
El pasado 27 de mayo se registraron enfrentamientos en la vereda La Siberia, corregimiento de Barranco Colorado (San José del Guaviare), entre la estructura 44 Bloque Amazonas, de las disidencias de “Iván Mordisco”, y la estructura Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Briceño, de “Calarcá”.
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Un día después de los combates, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró que entre los muertos posiblemente había menores de edad. Los cuerpos de los 48 disidentes solo pudieron ser rescatados dos días después en una misión humanitaria. Este 2 de junio, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que hay 11 menores de edad entre los muertos por los enfrentamientos: ocho son niños y tres niñas.
Los cuerpos a campo abierto, los enfrentamientos y los niños asesinados han sido las imágenes de horror que dejan en las comunidades un sentimiento de zozobra y miedo. No solo por la crudeza de la guerra, sino también por la incertidumbre de no saber quién tiene el control en el territorio. “El campesino lo único que sabe es que tiene que hacer caso o se muere. Toca hacerle caso al que esté”, relató un líder social a El Espectador.
La situación empeora cuando se habla de la gobernanza criminal que predomina en las zonas rurales de Guaviare. “Lo lamentable es que no hay gobierno municipal en esas zonas. Ni el alcalde, ni el gobernador mandan en esos territorios, gobierna el actor armado”, agregó el líder.
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Otro de los líderes consultados por este diario describió la situación de conflicto que actualmente atraviesa el territorio. “Hay una jerarquía de zonas que funciona como un espejo de lo que sucede en el país. Las zonas urbanas y los centros poblados no están tan sometidos a la pugna interna entre el Estado Mayor Central y el Estado Mayor de Bloques y Frente. En las zonas rurales dispersas, como donde ocurrió la situación de la semana pasada, se evidencia un enfrentamiento inhumano entre estas dos facciones disidentes de las Farc”, explicó.
La situación humanitaria se agrava por las afectaciones a la población civil, sobre todo a los menores de edad. “Los niños lo único que ven son botas y fusiles”, denunció el defensor.
Esos mismos niños son los que esperan que la normalidad regrese y que sus profesores vuelvan a darles clases en las escuelas a las que han tenido que dejar de asistir por miedo a otros enfrentamientos entre las disidencias. Según los líderes, en los territorios actualmente no hay una orden de confinamiento expresa por parte de los grupos armados, pero sí están acorralados por el miedo.
Un número aún indeterminado de familias se ha tenido que desplazar de las mismas veredas. Los campesinos están huyendo de los combates cada vez más intensos por disputas relacionadas con narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas. “El gran temor es que esta situación se eternice. No podemos permitir que esta zozobra se vuelva permanente”, expresó un líder.
Las personas consultadas por este diario coincidieron en el que sería el punto de partida de esta crisis: la ruptura al interior de la disidencia de las Farc que terminó con dos bandos enfrentados. Por un lado, el de alias “Iván Mordisco” y, por el otro, el de alias “Calarcá”. Ambas facciones hoy se disputan el territorio de Guaviare, uno de los enclaves cocaleros más importantes del país, con cerca de 5.000 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo con el último informe de Naciones Unidas.
“Antes las comunidades campesinas sabían de la presencia de un solo actor armado, las Farc. Tras la fractura, se inició una disputa por el control que ha generado más de cien muertos en combate”, relató uno de los defensores.
Este mismo líder describió el sometimiento en el que permanecen las comunidades: “La población civil queda de por medio o le toca recoger muertos y heridos. Cuando hay enfrentamientos, los grupos ponen a los campesinos a hacer muros humanos. Algunos acampan en las fincas y convierten a los campesinos automáticamente en objetivo militar del otro actor armado”, narró.
Y agregó: “A eso se le suma el pago de extorsiones a las dos estructuras que tienen presencia en el territorio. En las confrontaciones, las comunidades quedan a merced de los actores armados porque nunca llega la fuerza pública a consolidar el territorio, que queda bajo el control del ganador del combate”.
En diálogo con este medio, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, reconoció que no han podido ingresar al territorio de mayor confrontación armada. “No hemos podido llegar y la fuerza pública está avanzando en la zona para llegar al sitio, por lo que requerimos una misión humanitaria. Esto, debido a los combates que seguramente continúan y a la posible existencia de más personas fallecidas y heridas en el sector”, le dijo el funcionario a El Espectador.
Además, a través de un pronunciamiento público, el mandatario pidió al Gobierno Nacional, a los ministerios de Defensa e Interior y a las demás entidades competentes hacer presencia inmediata en el territorio.
Según explicó, las comunidades permanecen confinadas como consecuencia de los enfrentamientos entre las disidencias. El alcalde Rodríguez añadió que en la zona podría haber cerca de 300 personas, entre adultos mayores, niños y campesinos, que se encuentran confinadas debido a la situación de orden público.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció sobre la situación: “Once menores de edad muertos en un combate que parece masacre. Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro”. El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó el asesinato de los menores y pidió agilidad de las autoridades para atender la situación.
Aunque los líderes sociales en Guaviare dicen que es urgente la presencia de la fuerza pública en las zonas rurales, donde se presentan los enfrentamientos, también reclaman que la presencia institucional sea integral.
“No se trata solo del silenciamiento de fusiles, sino la atención a las reivindicaciones de la gente. El campesinado está en crisis y el Estado solo hace presencia con soldados, pero no hay inversión social. Mientras eso no suceda, los territorios seguirán expuestos a actores armados”, concluyó una de las personas consultadas por este diario. Todos pidieron mantener su identidad bajo reserva, por miedo a que los asesinen y que sus comunidades sean silenciadas, justo en medio de la guerra.
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