La hipótesis de la lesa humanidad en caso Santiago Uribe

Era una situación paradójica: Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Santiago Uribe Vélez, señalador y señalado, resultaron compartiendo su lugar de detención. Ambos se encontraron en el búnker de la Fiscalía hasta que el martes en la tarde a Santiago Uribe lo trasladaron a una guarnición militar por petición de sus abogados, quienes aseguraron que en ese lugar su vida corría peligro. Tan sólo pasó una noche al lado de Don Mario, quien desde septiembre de 2014 se encuentra recluido en ese lugar.

Don Mario, exjefe paramilitar cercano a la casa Castaño, había declarado ante la Corte Suprema que ni el expresidente Álvaro Uribe ni su familia tenían que ver con el grupo paramilitar los 12 Apóstoles. Sin embargo, entre noviembre de 2015 y octubre del año pasado le dijo a la Fiscalía que, según le escuchó decir a Vicente Castaño, los 12 Apóstoles eran impulsados por los Uribe, particularmente por Santiago Uribe Vélez, una persona que supuestamente tuvo nexos con el extinto comandante de las autodefensas.

Don Mario es uno de los “testigos indirectos” —todas sus declaraciones son de oídas— con que cuenta la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez. Otro es Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Los directos, como ya se ha mencionado, son el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses y el agente retirado de la Policía Alexánder de Jesús Amaya, escolta de Meneses. Ambos están detenidos y son investigados por el homicidio de un conductor de bus llamado Camilo Barrientos Durán, asesinado en febrero de 1994 en la vía entre Yarumal y Campamento. Por ese homicidio también es investigado y fue detenido Santiago Uribe.

El crimen de Barrientos Durán, se supone, se cometió justo en la época en que los 12 Apóstoles hacían de las suyas en el norte de Antioquia. En los últimos dos años, cuando el caso volvió a coger fuerza —ya se habían indagado los presuntos nexos entre Santiago Uribe y el paramilitarismo en los 90—, la Fiscalía realizó 350 inspecciones de casos ocurridos entre 1989 y 1998, especialmente en la llamada zona vertiente Chorros Blancos: Yarumal, Angostura, Briceño, Campamento y Valdivia. En total, la Fiscalía documentó 164 homicidios que serían producto de la violencia del grupo paramilitar los 12 Apóstoles. Agrupar esos casos le permitió desarrollar su principal hipótesis de este expediente: se trata de crímenes de lesa humanidad.

Así las cosas, la Fiscalía asumió que los crímenes de los 12 Apóstoles contra la población civil fueron sistemáticos y generalizados. Las víctimas, por lo general, se ajustaban a tres perfiles: supuestos auxiliadores de la guerrilla, prostitutas y delincuentes comunes. Si se comprobara que Santiago Uribe Vélez participó en la planeación y ejecución de esos crímenes, no de manera esporádica sino como cerebro de los ataques, podría ser llamado a juicio por delitos de lesa humanidad. Para establecerlo, la Fiscalía tiene aún 120 días. El otro delito por el que es investigado y fue detenido, concierto para delinquir, tiene que ver con la conformación de grupos paramilitares, que habrían respondido a los nombres de los 12 Apóstoles, Autodefensas de Valdivia o Autodefensas del Norte Lechero.

De acuerdo con las evidencias que ha recaudado en los últimos dos años, la Fiscalía cree que tiene material suficiente para demostrar que el grupo paramilitar los 12 Apóstoles “se creó para ejecutar una política de exterminio”. Santiago Uribe Vélez fue detenido porque, según el sistema penal antiguo, la gravedad de los delitos por los que es investigado —homicidio y concierto para delinquir— así lo exige. También para evitar obstrucciones a la justicia y fugas, aunque su abogado defensor, Jaime Granados, ha señalado que esos últimos argumentos son un absurdo porque Santiago Uribe Vélez se ha presentado ante las autoridades cada vez que lo han requerido.

Además, en medio de una rueda de prensa en la sede del partido político Centro Democrático, Granados aseguró que pedirá medidas cautelares para Santiago Uribe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su argumento es que no hay garantías, se le está violando el derecho al debido proceso, su vida corre peligro y no se le respeta su presunción de inocencia. También indicó que no presentará ningún recurso ante las decisiones de la Fiscalía, pues considera que serían en vano, por lo que esperaran a que el caso llegue a manos de un juez “independiente”.

“Vamos a acudir con toda vehemencia a los tribunales internacionales porque hemos identificado que la Fiscalía durante 20 años ha realizado una investigación constitutiva de una dilación indebida, lo que ha afectado la presunción de inocencia. No vamos a seguir permitiendo que la Fiscalía condene informalmente a los miembros de la oposición”, manifestó Granados. Santiago Uribe Vélez ha repetido hasta la saciedad que él es un ganadero, no un delincuente, y sus defensores que éste no es un caso judicial, sino político.

Desde su cuenta de Twitter el expresidente y senador Álvaro Uribe expresó: “Hablaré sobre encarcelamiento de mi hermano más adelante en la semana, después de reflexionar más sobre mi tristeza”, y aseguró que la Corte Suprema tiene interceptado su teléfono.

Era una situación paradójica: Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Santiago Uribe Vélez, señalador y señalado, resultaron compartiendo su lugar de detención. Ambos se encontraron en el búnker de la Fiscalía hasta que el martes en la tarde a Santiago Uribe lo trasladaron a una guarnición militar por petición de sus abogados, quienes aseguraron que en ese lugar su vida corría peligro. Tan sólo pasó una noche al lado de Don Mario, quien desde septiembre de 2014 se encuentra recluido en ese lugar.

Don Mario, exjefe paramilitar cercano a la casa Castaño, había declarado ante la Corte Suprema que ni el expresidente Álvaro Uribe ni su familia tenían que ver con el grupo paramilitar los 12 Apóstoles. Sin embargo, entre noviembre de 2015 y octubre del año pasado le dijo a la Fiscalía que, según le escuchó decir a Vicente Castaño, los 12 Apóstoles eran impulsados por los Uribe, particularmente por Santiago Uribe Vélez, una persona que supuestamente tuvo nexos con el extinto comandante de las autodefensas.

Don Mario es uno de los “testigos indirectos” —todas sus declaraciones son de oídas— con que cuenta la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez. Otro es Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Los directos, como ya se ha mencionado, son el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses y el agente retirado de la Policía Alexánder de Jesús Amaya, escolta de Meneses. Ambos están detenidos y son investigados por el homicidio de un conductor de bus llamado Camilo Barrientos Durán, asesinado en febrero de 1994 en la vía entre Yarumal y Campamento. Por ese homicidio también es investigado y fue detenido Santiago Uribe.

El crimen de Barrientos Durán, se supone, se cometió justo en la época en que los 12 Apóstoles hacían de las suyas en el norte de Antioquia. En los últimos dos años, cuando el caso volvió a coger fuerza —ya se habían indagado los presuntos nexos entre Santiago Uribe y el paramilitarismo en los 90—, la Fiscalía realizó 350 inspecciones de casos ocurridos entre 1989 y 1998, especialmente en la llamada zona vertiente Chorros Blancos: Yarumal, Angostura, Briceño, Campamento y Valdivia. En total, la Fiscalía documentó 164 homicidios que serían producto de la violencia del grupo paramilitar los 12 Apóstoles. Agrupar esos casos le permitió desarrollar su principal hipótesis de este expediente: se trata de crímenes de lesa humanidad.

Así las cosas, la Fiscalía asumió que los crímenes de los 12 Apóstoles contra la población civil fueron sistemáticos y generalizados. Las víctimas, por lo general, se ajustaban a tres perfiles: supuestos auxiliadores de la guerrilla, prostitutas y delincuentes comunes. Si se comprobara que Santiago Uribe Vélez participó en la planeación y ejecución de esos crímenes, no de manera esporádica sino como cerebro de los ataques, podría ser llamado a juicio por delitos de lesa humanidad. Para establecerlo, la Fiscalía tiene aún 120 días. El otro delito por el que es investigado y fue detenido, concierto para delinquir, tiene que ver con la conformación de grupos paramilitares, que habrían respondido a los nombres de los 12 Apóstoles, Autodefensas de Valdivia o Autodefensas del Norte Lechero.

De acuerdo con las evidencias que ha recaudado en los últimos dos años, la Fiscalía cree que tiene material suficiente para demostrar que el grupo paramilitar los 12 Apóstoles “se creó para ejecutar una política de exterminio”. Santiago Uribe Vélez fue detenido porque, según el sistema penal antiguo, la gravedad de los delitos por los que es investigado —homicidio y concierto para delinquir— así lo exige. También para evitar obstrucciones a la justicia y fugas, aunque su abogado defensor, Jaime Granados, ha señalado que esos últimos argumentos son un absurdo porque Santiago Uribe Vélez se ha presentado ante las autoridades cada vez que lo han requerido.

Además, en medio de una rueda de prensa en la sede del partido político Centro Democrático, Granados aseguró que pedirá medidas cautelares para Santiago Uribe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su argumento es que no hay garantías, se le está violando el derecho al debido proceso, su vida corre peligro y no se le respeta su presunción de inocencia. También indicó que no presentará ningún recurso ante las decisiones de la Fiscalía, pues considera que serían en vano, por lo que esperaran a que el caso llegue a manos de un juez “independiente”.

“Vamos a acudir con toda vehemencia a los tribunales internacionales porque hemos identificado que la Fiscalía durante 20 años ha realizado una investigación constitutiva de una dilación indebida, lo que ha afectado la presunción de inocencia. No vamos a seguir permitiendo que la Fiscalía condene informalmente a los miembros de la oposición”, manifestó Granados. Santiago Uribe Vélez ha repetido hasta la saciedad que él es un ganadero, no un delincuente, y sus defensores que éste no es un caso judicial, sino político.

Desde su cuenta de Twitter el expresidente y senador Álvaro Uribe expresó: “Hablaré sobre encarcelamiento de mi hermano más adelante en la semana, después de reflexionar más sobre mi tristeza”, y aseguró que la Corte Suprema tiene interceptado su teléfono.