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Éder Cortez fue asesinado el 31 de octubre de 2003 porque, según el comandante “para” Juancho Dique, los delincuentes que merodeaban el canal de aguas negras de Cartagena necesitaban “escarmiento”. Húber David Puello y Manuel Inocencio Castro fueron ejecutados el 25 de febrero y el 6 de mayo de ese mismo año, respectivamente, el uno señalado de hurtar negocios y el otro, apartamentos en la capital de Bolívar. Lourdes Lara y Hendy Mailek fueron acribilladas porque, denunció un conocido comerciante, eran trabajadoras sexuales que robaban a sus clientes.
La justicia colombiana ratificó de qué manera los paramilitares crearon una especie de oficina de cobro en Cartagena que, más allá de tener un propósito antisubversivo, se “especializó” en el sicariato y en el control social por medio de asesinatos selectivos. Así lo constató la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que acaba de emitir una sentencia en la que detalla esa realidad que se vivió en la ciudad amurallada por cuenta del Grupo Urbano de Cartagena (GUC), que dependía del frente Canal del Dique.
El fallo, proferido el pasado 22 de marzo en contra del desmovilizado Eugenio Reyes Regino, alias Geño, relata minuciosamente cómo fue que el frente Canal del Dique estableció el GUC. “El grupo urbano actuó bajo las órdenes de un comandante, quien era asignado por Úber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique”, se lee en la condena, explicando que ninguna decisión del GUC se tomaba sin el conocimiento y el aval de ese jefe paramilitar, quien está en libertad desde septiembre de 2015, tras una condena de Justicia y Paz de 8 años.
El Tribunal de Bogotá halló que el GUC “contó con el apoyo de una banda de delincuencial común” experta en fleteos, que delataba a miembros de otras bandas criminales de la ciudad —que luego eran asesinados— y que, a pesar de no hacer parte de la “nómina”, recibía una mensualidad. Algunos exparamilitares habían señalado que el GUC surgió para aplacar a la guerrilla. Entonces, “¿por qué el grupo urbano de Cartagena se dedicó especialmente a realizar acciones de sicariato y de cobro de finanzas?”, cuestionó entonces el Tribunal.
Para esta corporación, quedó en evidencia que el grupo paramilitar de Cartagena “actuó en el marco de tres órdenes generales dadas por los comandantes: matar a todos los bandidos de Cartagena, matar a todos los simpatizantes, colaboradores e integrantes de la guerrilla y matar por solicitud de los financieros”. Esto último, en referencia a una particularidad del GUC: a pesar de que era una facción “para” sin autonomía, quienes ostentaban el rol de jefes financieros también podían ordenar asesinatos.
La razón, al parecer, fue que varios comerciantes de Cartagena solicitaron ciertos homicidios y su puente con el GUC eran los jefes financieros. El desmovilizado Eugenio Reyes Regino contó, por ejemplo, que comerciantes del mercado de Bazurto “estuvieron comprometidos con el accionar criminal del grupo, pues les solicitaron realizar múltiples asesinatos justificados como acciones de ‘limpieza social’”. Y, encima de todo, integrantes de la Fuerza Pública le daban al GUC información, fotos y direcciones de presuntos ladrones.
El paramilitarismo pasó por Cartagena, pero no precisamente para luchar contra la guerrilla. El Tribunal Superior de Bogotá no pasó por alto ese hecho y por eso hizo una solicitud tan inusual como improbable: que el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras, la Fiscalía y hasta el condenado Eugenio Reyes Regino realicen una investigación, que culmine “con una campaña de conciencia”, acerca de las relaciones económicas de Cartagena con la paraeconomía, la financiación del terrorismo y las redes de explotación sexual.
Masacre en la Torre del Reloj
La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá abarca un caso en especial imputado a Eugenio Reyes Regino: la masacre de cuatro mujeres en la Torre del Reloj, centro histórico de Cartagena, el 13 de febrero de 2003. Ese día, allí fueron ejecutadas Lourdes Lara y Hendy Mailek porque, se presumía, habían robado a clientes de Alfonso Hilsaca. Mailek era menor de edad, por lo que la Fiscalía señaló que su caso era de explotación sexual. Ese día también murieron en ese lugar Ofelia Correa y Betsabit Espitia, parece ser, por haber sido testigos el crimen.
Algunos exparamilitares han asegurado que el Turco Hilsaca pidió que se cometieran los asesinatos, pero este lo ha negado. Más allá de la responsabilidad penal de Hilsaca, quien sigue en investigación por este asunto, el Tribunal de Bogotá resaltó que “el país desconoce las atrocidades que los grupos paramilitares también cometieron contra las trabajadoras sexuales”. Por eso, le solicitó a la Procuraduría que elabore un estudio sobre el daño colectivo generado por los actores del conflicto a las trabajadoras sexuales del país.
El Tribunal le ordenó al postulado Eugenio Reyes Regino pedir perdón públicamente, sobre todo reconociendo el daño colectivo que se generó contra las trabajadoras sexuales de Cartagena. Según el Tribunal Superior de Bogotá, fue tal el impacto que la masacre de la Torre del Reloj causó en ese grupo social, que da lugar para medidas de reparación colectiva. “Como país y sociedad, la ‘Masacre de la Torre del Reloj’ nos recuerda a los colombianos que, en un proceso de justicia transicional, de conflicto armado o de paz, las trabajadoras sexuales tienen numerosos problemas estructurales de derechos humanos”, concluyó el Tribunal.