La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó esta semana a Colombia por la violación de los derechos de los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). ¿Por qué esa sentencia ha sido calificada como “trascendental” en el marco del continente americano?
La sentencia de la Corte Interamericana es trascendental porque los defensores de derechos humanos hemos sido históricamente perseguidos en el continente por trabajar del lado de las víctimas del poder y de la población más vulnerable. Esta sentencia constituye una herramienta para exigir que los Estados cumplan sus obligaciones respecto de la protección efectiva de las organizaciones defensoras y sus miembros, y para que se garantice el libre ejercicio de esta labor, que la Corte internacional califica como un derecho autónomo.
¿Esta es la primera sentencia del sistema interamericano en que se condena a Colombia por este tipo de hechos?
Es la primera sentencia en el continente en que se condena al Estado por violar el derecho a defender los derechos humanos.
La decisión de la Corte Interamericana apenas se tomó hace unas semanas, pero la persecución del Estado contra unas 30 víctimas colombianas reconocidas en ese documento se inició en los 90. ¿Por qué esa condena tardó tanto tiempo?
Acudimos ante el sistema interamericano dada la estrategia de impunidad que ha amparado la violación generalizada de derechos humanos en Colombia. Acallar y eliminar físicamente a las personas defensoras de derechos ha sido el objetivo permanente del sistema estatal y paraestatal. Pero la justicia internacional tampoco avanza con la celeridad deseada por varios factores, entre ellos la sobrecarga de casos. Esa demora perjudica ostensiblemente a las víctimas, porque al no contar con pronta justicia suelen imponerse la impunidad y la repetición de los crímenes. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en cuyo favor se produjo la sentencia de la Corte Interamericana, ha sufrido ataques y persecución durante más de 40 años sin que los victimarios hayan recibido alguna sanción. Por eso, esta sentencia es la mejor reparación que hemos obtenido.
La primera denuncia del Cajar contra Colombia se hizo en 2002, en la instancia de la Comisión Interamericana, paso que debe darse antes de llegar a la Corte. En la sentencia que acaba de conocerse hay abundantes referencias a violaciones graves de sus derechos, puntualmente en el período 2002-2010, que corresponde a los gobiernos Uribe. ¿Puede afirmarse, entonces, que esa época es la de mayores persecuciones contra ustedes o no?
La persecución contra el Cajar cobija sus 45 años de existencia, es decir, que todos los gobiernos de la época están comprometidos con las violaciones a nuestros derechos. No obstante, es un hecho que el pico más alto de ataques se produjo en las dos administraciones Uribe, encabezado por el propio presidente, quien llegó al extremo de usar la agencia de inteligencia de la Presidencia, DAS, para perseguir al Cajar y a otras organizaciones defensoras.
¿Con cuáles pruebas puede afirmar que “el propio presidente” encabezó la persecución en contra del Colectivo de Abogados y de sus miembros?
Existen muchas evidencias: un gran volumen de documentos que estaban en los expedientes del DAS demuestra que esa agencia actuó bajo las órdenes de Presidencia para realizar tareas ilegales de inteligencia en nuestra contra. Otro ataque directo: en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, el entonces presidente Uribe, al dirigirse a los europarlamentarios (feb. 2004), manifestó que “un fantasma” que deambulaba por los pasillos de esa sede pertenecía a una organización -de Colombia- que protegía a la guerrilla, pero que se escudaba en la defensa de los derechos humanos. Aludía a mí, puesto que estaba presente en ese escenario, invitado por varios parlamentarios, y ya había presentado un informe sobre la violación de derechos en Colombia por parte del Gobierno. En diversos discursos Uribe, siendo presidente, así como cuando era senador y después de renunciar a su curul, ha calumniado e injuriado al Cajar. El más reciente de sus ataques ocurrió cuando reaccionó frente a la querella que presentaron varias ONG en Argentina hace unas semanas, entre ellas el Colectivo.
Entre paréntesis, ¿por qué lo denunciaron en Argentina y por cuáles hechos?
La querella se presentó en Argentina en virtud de la figura del derecho internacional conocida como jurisdicción universal, la cual permite procesar judicialmente en otros Estados a personas que hayan incurrido en graves violaciones de derechos humanos. Es posible acudir a esa jurisdicción cuando la justicia doméstica, como en este caso, no ha sido eficaz. No todos los países tienen normas que permitan su aplicabilidad, y por eso se interpuso en Argentina. La querella contra el expresidente se presentó, concretamente, por las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos, ocurridas en época de sus administraciones.
¿Cuáles acciones desarrollaron los agentes oficiales en contra del Colectivo, hoy protegido por la Corte Interamericana, y cuáles entidades estuvieron involucradas además del DAS?
En primer lugar, la Presidencia de la República; después, todas las agencias estatales de inteligencia, el alto mando militar, el alto mando policial, la Asociación de Oficiales Retirados (Acore), varios ministerios, Migración, la Fiscalía, entre otros. En general, puede asegurarse de que se ha utilizado toda la estructura estatal -y paraestatal- contra el Cajar y otras organizaciones defensoras de derechos. Solo como una demostración de la persecución, recuerdo que en los archivos del DAS consta que parte de las tareas asignadas a sus agentes consistían en iniciar y desarrollar campañas de desprestigio y, al tiempo, crear falsas ONG u organizaciones de fachada similares a las nuestras para, desde allí, atacar y deslegitimar al Cajar y a otras asociaciones representantes de víctimas.
¿Cuáles otros actos ilegales cometieron esas entidades y sus agentes, que fueron tenidos en cuenta por la Corte IDH para condenar a Colombia?
Además de las campañas de estigmatización y discursos difamatorios, sufrimos intervención de nuestras comunicaciones, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida, ataques a nuestras familias, montajes y criminalización de nuestra labor, entradas ilegales a nuestras viviendas y oficinas, infiltraciones humanas de inteligencia en nuestra organización y esquemas de seguridad, vigilancia y seguimientos en Colombia y el exterior, amenazas, robo de información, asesinatos de víctimas y testigos en los casos que acompañamos, saboteo a nuestras fuentes de financiación y al litigio nacional e internacional, especialmente con relación al sistema interamericano y la Corte Penal Internacional.
¡Un listado escabroso! ¿Por qué se desató esa ola de persecución? ¿Cuáles eran los motivos que impulsaron esos ataques tan enconados?
La aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional, y la teoría del “enemigo interno” que la soporta, explica la historia de represión y de comisión de graves violaciones de derechos y crímenes de lesa humanidad con el objetivo de impedir cambios democráticos y de imponer, mediante la violencia, modelos políticos y económicos. A nosotros nos han perseguido como si fuéramos enemigos del Estado. En su misión, el Cajar propende por avances de la democracia, defensa del Estado de derecho, combate a la impunidad, desarrollo de esfuerzos por llevar ante la justicia a los máximos responsables de graves violaciones de derechos y crímenes de lesa humanidad, evidenciar el terrorismo de Estado y el paramilitarismo, y acompañar a las víctimas, entre otras labores. La historia nos ha dado la razón, según se desprende de la sentencia de la Corte Interamericana.
Usted es una de las víctimas reconocidas, con su nombre y apellidos, en la sentencia de la Corte IDH. En concreto, ¿cuáles ataques ha sufrido?
He sufrido actividades ilegales de la inteligencia policial, militar y del extinto DAS. También de la UIAF, Migración Colombia, Registraduría y Fiscalía. Además, he sido víctima de detención arbitraria, denuncias temerarias, amenazas, interceptación de comunicaciones, etc. Toda esa persecución es una represalia por mi ejercicio como defensor de derechos humanos y por pertenecer al Cajar. La Corte IDH reconoció que el Estado violó mis derechos a la intimidad, la vida privada, a la integridad personal, libertad de pensamiento y expresión, a la asociación, a las garantías judiciales, al derecho de defender los derechos humanos, a conocer la verdad, entre otros. Mi esposa, mi hijo, mis padres y hermanos también han sufrido las mismas violaciones a sus derechos.
¡No deja de asombrarme ese nivel de ataque! ¿Cuándo y por qué fue detenido, puesto que habla de “detención arbitraria”?
Al poco tiempo de haber ingresado al Colectivo, atendí una protesta social convocada por los estudiantes y profesores de los colegios nocturnos contra la decisión del entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, de cerrar esos centros educativos, única posibilidad que tenían los jóvenes trabajadores de bajos recursos, de acceder al estudio. Fui detenido en la Plaza de Bolívar cuando les pregunté a unos policías para dónde iban a llevar a 4 jóvenes que habían detenido. El teniente al mando ordenó trasladarlos a una estación de Policía en un camión, y a mí, junto con ellos. Me judicializaron por presunto daño en bien ajeno. La juez que me escuchó en indagatoria, ordenó mi libertad inmediata.
¿Por qué no se exilió nunca?
En esos momentos, unos embajadores me abordaron para ofrecerme asilo y salida protegida de Colombia. Contemplamos esa posibilidad con mi familia, pero decidimos que no era el camino que deseaba por el rol que creía que debía cumplir. Recordé entonces y acogí -como otros- las palabras de Jaime Pardo Leal (candidato presidencial asesinado en octubre de 1987): “Jóvenes, hay que justificar el paso por la tierra”. Pero sostener esa decisión no fue fácil. Cuando mi hijo tenía unos seis años me vio poniéndome un chaleco antibalas antes de salir de la casa. Me preguntó qué era eso. Le contesté que era una faja para la columna. Y él me replicó: “¿Y a esa faja no le entran las balas?” Antes ya me había preguntado por qué mataban a tantos amigos míos.
Sin embargo, varias víctimas mencionadas en la sentencia internacional, se vieron forzadas a desplazarse dentro y fuera del país para salvar sus vidas ¿Cuántas tuvieron que trasladarse de ciudad o salir al exilio?
El exilio ha sido el camino para salvar muchas vidas. A es mecanismo acudieron, por ejemplo, Rafael Barrios con uno de sus hijos; Luis Guillermo Pérez, Miguel Puerto y Maret García con sus grupos familiares. Otras abogadas y abogados tuvieron que salir de Colombia temporalmente. Y hubo muchos desplazamientos internos o cambios de residencia por razones de seguridad.
La sentencia internacional que los favorece se refiere extensamente a la impunidad judicial en Colombia. ¿Ninguna de las sucesivas administraciones de la Fiscalía ha investigado seriamente estas denuncias?
La impunidad ha sido absoluta. No hay ni una sola acusación de las sucesivas administraciones de la Fiscalía ante juez por los delitos cometidos contra el Cajar y sus miembros. En consecuencia, no existe ninguna condena al respecto. Esta es una de las razones por las que la Corte considera internacionalmente responsable al Estado colombiano de la violación de nuestros derechos.
En el intento del Colectivo de Abogados por conocer las carpetas que el DAS armó en contra de sus miembros, ustedes han solicitado, durante años, la entrega de esos archivos ¿Lograron obtener copia de esos informes?
Hemos conocido unos cuantos archivos de los diferentes organismos de inteligencia estatal que dan cuenta de sus operaciones ilegales en contra nuestra, pero no nos han permitido conocer la información completa que reposa en esas agencias, pese a nuestra insistencia. La Corte Interamericana hace especial énfasis en este punto y le ordenó al Estado la depuración de esos archivos y dar acceso completo a los mismos por tener relación con la defensa de los derechos humanos. La Corte también ordenó reformar la normatividad relacionada con operaciones de inteligencia y su adecuación a los estándares internacionales.
La Corte Interamericana también le ordena al Estado ejecutar unas medidas de reparación. ¿Cuáles son y qué debe hacer el gobierno Petro para cumplirlas?
Sí, la Corte ordena una serie de medidas de reparación y garantías de no repetición, entre ellas: avances en las investigaciones judiciales, depuración y acceso a los archivos de inteligencia, disculpas públicas, publicación y difusión de la sentencia, un documental audiovisual, campaña para eliminar la estigmatización, establecer el 9 de septiembre como fecha de conmemoración de los defensores de derechos humanos, reforma a la normativa sobre inteligencia, adecuación a los estándares internacionales y, muy importante, califica el derecho a defender los derechos humanos como un derecho autónomo. El gobierno Petro queda obligado a garantizar el cumplimiento de esas órdenes. Aspiramos a que el presidente despliegue toda su voluntad política para dar cumplimiento a las mismas.
Hoy, ¿el Colectivo de Abogados sigue siendo estigmatizado?
A pesar de los avances normativos en materia de derechos humanos, la realidad indica que los defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de toda clase de violaciones de sus derechos. Preocupa que el derecho internacional de derechos humanos viene perdiendo autoridad y fuerza en el mundo debido a que prima el poder económico global. Como se sabe, Colombia ha registrado las mayores cifras de asesinatos de personas dedicadas a la defensa de derechos.
En el gobierno Petro, que se identifica a sí mismo como defensor de derechos, ¿han sucedido actos de persecución contra el Cajar?
Sí, se han presentado actos de persecución y ataques contra el Colectivo en este período. La vivienda de nuestra compañera Soraya Gutiérrez fue objeto de un registro por parte de dos hombres que ingresaron ilegalmente a la misma; la presidenta del Cajar, Yessika Hoyos, recibió una nueva amenaza por apoderar víctimas en un litigio ante la JEP; ella también sufrió hostigamiento, mediante intromisiones abusivas a su celular; el abogado Santiago Salinas fue quemado con café caliente luego de ser identificado como integrante del Cajar por dos señoras que lo han seguido y que han sostenido que tienen nexos con una brigada militar. Y como referí, el Cajar volvió a ser víctima de difamación por parte del expresidente Uribe por la querella en su contra ante la justicia argentina.
Entonces, pese a contar con el gobierno Petro, ¿no ha cambiado la situación para ustedes?
Siempre han existido aparatos criminales enquistados en la Fuerza Pública y en los cuerpos de seguridad a través de la historia. Tales aparatos no desaparecen de la noche a la mañana. Los hechos que han ocurrido recientemente indican la presunta responsabilidad de unos organismos de inteligencia. Hay que admitir que sigue vigente la necesidad de mejorar esas instituciones: es evidente que persiste el involucramiento de integrantes de la Fuerza Pública y de organismos de seguridad en labores ilegales de inteligencia. El reto para el actual Gobierno consiste en su depuración y en la eliminación definitiva de las doctrinas que estimulan la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
Su actividad como defensor del senador Iván Cepeda, en el famoso proceso en contra del expresidente Uribe por soborno a testigos, ¿ha impactado su seguridad y ha renovado los hostigamientos en su contra?
Tanto el senador Cepeda como yo hemos denunciado el incremento de hostigamientos y amenazas en nuestra contra, las cuales han sido notorias en momentos claves del proceso, como cuando la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria.
“Todos los datos sobre mi familia se encontraron en el DAS”
Según se estableció, además de la violación a sus derechos también hubo acoso de agentes del Estado en contra de sus familiares ¿Fue de la misma intensidad y gravedad de los hechos en su contra?
Pues juzgue usted: vigilaron la residencia de mis padres varias semanas; les tomaron fotos y videos a todos los que vivían allí o los visitaban; a mi madre la abordaron en la calle para preguntarle por mí. Dos agentes del DAS siguieron a mi esposa durante un largo tramo y desde cuando ella tomó el transporte público; también la fotografiaron, la siguieron cuando se bajó del bus y cuando entró a un almacén de cadena. Tiempo después, cuando se destapó el escándalo del DAS y tuvimos acceso al expediente, encontramos un informe sobre esa persecución que le hicieron a ella, describiendo cada paso que dio. Los documentos de identidad de mi hermano que deben conservarse, como los del todo el mundo, bajo reserva y custodia de la Registraduría, aparecieron en una carpeta del DAS junto con fotos de él y del carro en que se transportaba. A mi hermana la tenían identificada con el rótulo de “sindicalista”. Todos los informes sobre mi familia se encontraron en esos archivos.
“Los violadores de derechos en Colombia actúan confiados en la impunidad”
La sentencia de la Corte Interamericana que protege los derechos de los abogados del Colectivo perseguido ilegalmente por el Estado colombiano, según dice ahí, relaciona la falta de justicia o impunidad judicial en su caso. A esta fecha, ¿hay condenas por esos delitos y cuántas denuncias nunca se investigaron?
Los violadores de derechos humanos, en Colombia, actúan con la confianza de que los protegerá la impunidad. Solo han sido condenados dos directores del DAS y algunos mandos medios de esa agencia. El proceso contra el expresidente Uribe no avanzó en la Comisión de Acusaciones pese a que presentamos pruebas contundentes de su máxima responsabilidad, y a una declaración de casi dos horas que hice, en ese organismo, apoyado en documentos. Hay casos abiertos y otros que jamás se iniciaron como el de los responsables de lo que el DAS llamó “operaciones psicológicas”, que en realidad eran ataques para aterrorizar, como una muñeca descuartizada que le enviaron por correo a una compañera en clara amenaza a su pequeña hija. La sentencia de la Corte Interamericana dedica gran espacio a la impunidad y a la violación de las garantías judiciales.