La historia tras la salida de Alexandra Valencia de la Fiscalía

A Alexandra Valencia le resultó mucho antes de lo previsto la fecha de expiración de su cargo. El 13 de septiembre, en el búnker de la Fiscalía, Valencia levantó su mano derecha y se comprometió ante el fiscal Néstor Humberto Martínez a hacer el mejor trabajo posible como directora de la Unidad Especial de Investigación que se había creado en la Fiscalía un mes antes a raíz del proceso de paz. Este miércoles 11 de enero, que los juzgados volverán a funcionar, sin embargo, ella arrancará desde otro lugar: el Tribunal Superior de Bogotá.

La Unidad que dirigía Valencia nació por petición de las Farc, quienes pidieron en La Habana que se creara un equipo enfocado especialmente en desmantelar organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, que atenten contra quienes implementen el Acuerdo Final o que persigan a defensores de derechos humanos o líderes sociales. Sustentaron su solicitud con cifras: sólo el año pasado, a pesar de que estaba en firme el cese al fuego, 58 líderes fueron asesinados según el Gobierno; casi 100, según organizaciones.

En ese contexto, el 24 de agosto de 2016, con la Resolución 2903, el fiscal Martínez dio vida a la Unidad Especial de Investigación. Un mes más tarde, la entonces presidenta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Alexandra Valencia, fue designada para dirigirla. Según el Acuerdo Final, Valencia debía durar seis años en ese cargo; fuentes de la Fiscalía le advirtieron a este diario desde entonces que su aterrizaje en el organismo había sido turbulento y con muchas puertas cerradas.

Más de un funcionario en el organismo desconfiaba de que Valencia realizara su trabajo con independencia. Con recelo la consideraban demasiado cercana al congresista Iván Cepeda, que, según fuentes consultadas por este diario, fue quien la recomendó. Recién nombrada ella, en diálogo con periodistas de El Espectador, Cepeda negó haber tenido cualquier tipo de influencia en el nombramiento de la nueva directora de la Unidad Especial de Investigación, unidad que acompañan Estados Unidos y la Unión Europea.

Para ese entonces, incluso, reporteros de este diario le preguntaron directamente al fiscal general si era cierto el papel del congresista Cepeda en esta historia o si Valencia había sido impuesta. El fiscal Martínez respondió que nunca había discutido el tema con Iván Cepeda y que a Valencia la había escogido él mismo de una terna elaborada con la vicefiscal María Paulina Riveros y compartida con Humberto de la Calle. Un mecanismo de selección creado sobre la marcha, pues el Acuerdo Final no especificaba nada al respecto.

El tema, no obstante, iba mucho más allá de Iván Cepeda. Una estela de fallos controversiales la seguía. Alexandra Valencia, por ejemplo, llegó a la Fiscalía dos meses y dos días después de haber sido la ponente de una sentencia en contra de Javier Quintero, un exparamilitar del frente Héctor Julio Peinado en el Cesar, que le costó tremenda polémica porque en él, supuestamente, pedía “investigar a Postobón” por sus supuestos aportes a los grupos paramilitares en la Costa Atlántica.

En el fallo, tal y como quedó radicado, se lee que lo que hizo Valencia fue pedirle a la Fiscalía informar al Tribunal si se han corroborado las declaraciones del desmovilizado Armando Madriaga, quien aseguró haber recibido apoyo de un gerente de Postobón entre 1999 y 2000 en Aguachica. En junio de 2011, en la sentencia contra el desmovilizado Aramis Machado, también había mencionado a la empresa de gaseosas al recapitular el “origen y estructura del bloque Catatumbo y bloque Fronteras”.

En ese documento, la mención no fue sólo a Postobón. La magistrada Valencia señaló que, con base en información de la Fiscalía, entre las empresas “más representativas de la región” (Norte de Santander) que le habían hecho contribuciones al frente Fronteras estaban Termotasajén, Cootranscúcuta, Tejar de Pescadero, Norgas, Gaseosas La Frontera (Postobón), Arrocera Gálvez, Carbones La Mirla, Inducarga y acopio de crudo Cañolimón. En ninguna de esas dos sentencias hubo orden de investigar a las empresas.

Otro fallo suyo, que levantó polvareda, lo emitió el Tribunal de Bogotá en octubre de 2014 contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y seis líderes más del bloque Catatumbo. Expresó que algunos medios de comunicación se habían prestado para difundir las ideas de los “paras”, y afirmó también que los altos mandos de entidades estatales (DAS, Ejército y Policía) que habían apoyado al paramilitarismo debían responder como “el autor detrás del autor”. Algunos comentaristas la acusaron de hacer política a través de la justicia.

Hacia 2009 la magistrada Valencia, aun siendo la jefa de investigaciones especiales de la Procuraduría, resultó en la orilla de las víctimas de los desmanes cometidos por agentes del Estado. En julio de ese año, dos policías y un funcionario del CTI de la Fiscalía fueron condenados a 11 años de prisión por seguirla e interceptarla ilegalmente a ella y al magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez. Ambos apoyaban las pesquisas de la parapolítica.

En resumen, Alexandra Valencia esgrimía todas las credenciales necesarias para investigar a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Las posiciones que mostró en sus fallos, sin embargo, así como su supuesto círculo cercano, generaron ciertas molestias en algunos sectores de la Fiscalía que dudaban de su independencia. Luego se firmó el nuevo Acuerdo Final con las Farc en noviembre pasado —pues el primero había quedado sin piso tras el resultado del plebiscito del 2 de octubre—, y ella fue la gran descabezada.

En el nuevo acuerdo, lo primero que se cambió fue el período del director o directora de la Unidad Especial de Investigación: ya no van a ser seis años — dos más que el período del fiscal— sino cuatro. Y se especificó cómo será elegido quien ocupe este cargo: lo o la seleccionará el fiscal “de una terna de candidatos/as que proponga el mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y otros funcionarios judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Luego de estas modificaciones, la Unidad se quedó sin directora.

A Alexandra Valencia le resultó mucho antes de lo previsto la fecha de expiración de su cargo. El 13 de septiembre, en el búnker de la Fiscalía, Valencia levantó su mano derecha y se comprometió ante el fiscal Néstor Humberto Martínez a hacer el mejor trabajo posible como directora de la Unidad Especial de Investigación que se había creado en la Fiscalía un mes antes a raíz del proceso de paz. Este miércoles 11 de enero, que los juzgados volverán a funcionar, sin embargo, ella arrancará desde otro lugar: el Tribunal Superior de Bogotá.

La Unidad que dirigía Valencia nació por petición de las Farc, quienes pidieron en La Habana que se creara un equipo enfocado especialmente en desmantelar organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, que atenten contra quienes implementen el Acuerdo Final o que persigan a defensores de derechos humanos o líderes sociales. Sustentaron su solicitud con cifras: sólo el año pasado, a pesar de que estaba en firme el cese al fuego, 58 líderes fueron asesinados según el Gobierno; casi 100, según organizaciones.

En ese contexto, el 24 de agosto de 2016, con la Resolución 2903, el fiscal Martínez dio vida a la Unidad Especial de Investigación. Un mes más tarde, la entonces presidenta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Alexandra Valencia, fue designada para dirigirla. Según el Acuerdo Final, Valencia debía durar seis años en ese cargo; fuentes de la Fiscalía le advirtieron a este diario desde entonces que su aterrizaje en el organismo había sido turbulento y con muchas puertas cerradas.

Más de un funcionario en el organismo desconfiaba de que Valencia realizara su trabajo con independencia. Con recelo la consideraban demasiado cercana al congresista Iván Cepeda, que, según fuentes consultadas por este diario, fue quien la recomendó. Recién nombrada ella, en diálogo con periodistas de El Espectador, Cepeda negó haber tenido cualquier tipo de influencia en el nombramiento de la nueva directora de la Unidad Especial de Investigación, unidad que acompañan Estados Unidos y la Unión Europea.

Para ese entonces, incluso, reporteros de este diario le preguntaron directamente al fiscal general si era cierto el papel del congresista Cepeda en esta historia o si Valencia había sido impuesta. El fiscal Martínez respondió que nunca había discutido el tema con Iván Cepeda y que a Valencia la había escogido él mismo de una terna elaborada con la vicefiscal María Paulina Riveros y compartida con Humberto de la Calle. Un mecanismo de selección creado sobre la marcha, pues el Acuerdo Final no especificaba nada al respecto.

El tema, no obstante, iba mucho más allá de Iván Cepeda. Una estela de fallos controversiales la seguía. Alexandra Valencia, por ejemplo, llegó a la Fiscalía dos meses y dos días después de haber sido la ponente de una sentencia en contra de Javier Quintero, un exparamilitar del frente Héctor Julio Peinado en el Cesar, que le costó tremenda polémica porque en él, supuestamente, pedía “investigar a Postobón” por sus supuestos aportes a los grupos paramilitares en la Costa Atlántica.

En el fallo, tal y como quedó radicado, se lee que lo que hizo Valencia fue pedirle a la Fiscalía informar al Tribunal si se han corroborado las declaraciones del desmovilizado Armando Madriaga, quien aseguró haber recibido apoyo de un gerente de Postobón entre 1999 y 2000 en Aguachica. En junio de 2011, en la sentencia contra el desmovilizado Aramis Machado, también había mencionado a la empresa de gaseosas al recapitular el “origen y estructura del bloque Catatumbo y bloque Fronteras”.

En ese documento, la mención no fue sólo a Postobón. La magistrada Valencia señaló que, con base en información de la Fiscalía, entre las empresas “más representativas de la región” (Norte de Santander) que le habían hecho contribuciones al frente Fronteras estaban Termotasajén, Cootranscúcuta, Tejar de Pescadero, Norgas, Gaseosas La Frontera (Postobón), Arrocera Gálvez, Carbones La Mirla, Inducarga y acopio de crudo Cañolimón. En ninguna de esas dos sentencias hubo orden de investigar a las empresas.

Otro fallo suyo, que levantó polvareda, lo emitió el Tribunal de Bogotá en octubre de 2014 contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y seis líderes más del bloque Catatumbo. Expresó que algunos medios de comunicación se habían prestado para difundir las ideas de los “paras”, y afirmó también que los altos mandos de entidades estatales (DAS, Ejército y Policía) que habían apoyado al paramilitarismo debían responder como “el autor detrás del autor”. Algunos comentaristas la acusaron de hacer política a través de la justicia.

Hacia 2009 la magistrada Valencia, aun siendo la jefa de investigaciones especiales de la Procuraduría, resultó en la orilla de las víctimas de los desmanes cometidos por agentes del Estado. En julio de ese año, dos policías y un funcionario del CTI de la Fiscalía fueron condenados a 11 años de prisión por seguirla e interceptarla ilegalmente a ella y al magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez. Ambos apoyaban las pesquisas de la parapolítica.

En resumen, Alexandra Valencia esgrimía todas las credenciales necesarias para investigar a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Las posiciones que mostró en sus fallos, sin embargo, así como su supuesto círculo cercano, generaron ciertas molestias en algunos sectores de la Fiscalía que dudaban de su independencia. Luego se firmó el nuevo Acuerdo Final con las Farc en noviembre pasado —pues el primero había quedado sin piso tras el resultado del plebiscito del 2 de octubre—, y ella fue la gran descabezada.

En el nuevo acuerdo, lo primero que se cambió fue el período del director o directora de la Unidad Especial de Investigación: ya no van a ser seis años — dos más que el período del fiscal— sino cuatro. Y se especificó cómo será elegido quien ocupe este cargo: lo o la seleccionará el fiscal “de una terna de candidatos/as que proponga el mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y otros funcionarios judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Luego de estas modificaciones, la Unidad se quedó sin directora.