La impunidad de los 12 Apóstoles
En el documento de la Fiscalía sobre Santiago Uribe, conocido por este diario, queda claro que la justicia sí hubiera podido desmantelar a este grupo al margen de la ley en los años 90.
Diana Durán Núñez / Juan David Laverde Palma / Santiago Martínez Hernández
Informes de la personera de Yarumal elaborados. Testigos que declararon bajo reserva. Quejas ciudadanas. Denuncias de listas negras. Pesquisas del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Acciones urgentes de Amnistía Internacional. Reportes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Si algo deja en evidencia la resolución de la Fiscalía en la que se sustentó el arresto del ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez es que, desde los años 90, la justicia colombiana tenía con qué esclarecer la existencia del grupo paramilitar los 12 Apóstoles. Pero que, en contravía de esas evidencias e indicios, se paralizó y no hizo absolutamente nada.
Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se supone, fue uno de los patrocinadores de los 12 Apóstoles. Por esa razón, está siendo investigado por dos delitos: concierto para delinquir (aliarse con otras personas para cometer delitos) y homicidio agravado (por el crimen de Camilo Barrientos, un conductor asesinado presuntamente por los 12 Apóstoles). Para la Fiscalía, los crímenes cometidos por ese grupo paramilitar no son delincuencia común; son de lesa humanidad. No prescriben. Y para intentar comprender lo ocurrido en el norte de Antioquia entre 1990 y 1998 –en donde estaba la finca La Carolina, que perteneció a la familia Uribe Vélez y administró Santiago Uribe–, se volcó a los expedientes de la época.
Para empezar, el documento de la Fiscalía de 277 páginas se remite a un informe que presentó el 2 de noviembre de 1993 la entonces personera de Yarumal, Lilyam Soto. La funcionaria manifestó a la Fiscalía sobre “el aumento de las muertes violentas de personas sindicadas”, lo que evidenciaría una de las tesis de la Fiscalía: los 12 Apóstoles se convirtieron en un grupo de “limpieza social”, que ejecutó un “plan de exterminio” contra ciertos sectores de la población civil. La personera Soto, además, adjuntó un informe de Amnistía Internacional y otro del Cinep, en el que se registraba también el aumento de “muertes violentas por ‘limpieza’”. En ese caso específico, se hablaba de 24 personas con antecedentes delincuenciales o de drogas asesinadas en un período de tres meses.
El informe de Amnistía Internacional era un llamado urgente a la Presidencia, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Antioquia, fechado el 30 de septiembre de 1993, sobre “ejecuciones extrajudiciales y terror de seguridad”. Es decir, los destinatarios fueron César Gaviria, Carlos Gustavo Arrieta, Rafael Pardo y Juan Gómez Martínez, respectivamente. El del Cinep, por su parte, hablaba de un “‘escuadrón de la muerte’ conformado por sicarios trasladados de Medellín, un exsoldado profesional y varias personas de Yarumal, patrocinados económicamente por comerciantes y ganaderos de la región”. Desde ese momento aparece la primera denuncia contra el entonces capitán de la Policía Pedro Manuel Benavides, quien, aseguró el Cinep, había liderado un operativo en el que fue asesinado un soldado al ser confundido con un guerrillero.
Para 1994 ya no eran sólo las organizaciones o la Personería: era la propia Fiscalía la que empezaba a documentar a los 12 Apóstoles. Un informe del CTI con fecha del 18 de abril de 1994 señaló que, efectivamente, había “una banda de ‘limpieza’ en Yarumal, la que se hace llamar Los Apóstoles’”. Y agregó: “Se trataría de una organización armada auspiciados (sic) por personas prestantes del municipio y autoridades de la Policía”. Para agosto de ese mismo año, la Fiscalía ya tenía al menos 26 procesos abiertos por asesinatos atribuibles a los 12 Apóstoles. En 1995 el turno fue de la Procuraduría: la Oficina de Investigaciones Especiales elaboró un informe para la Fiscalía en el que señalaba que más de 30 personas habían sido asesinadas entre julio de 1993 y noviembre de 1994, al parecer, bajo la iniciativa de “‘limpieza social’ que impulsaron ciertos sectores de la sociedad de Yarumal”.
En ese informe de la Procuraduría quedó consignado otro nombre fundamental para la historia de los 12 Apóstoles: el del padre Gonzalo Palacio. El organismo indicó que, con base en evidencias testimoniales y periciales, se sabía que Palacio coordinaba a los 12 Apóstoles con ayuda de comerciantes y de la Fuerza Pública. Además del sacerdote Palacio, los testigos de la época hablaban de otros integrantes: Álvaro Vásquez, dueño de un restaurante; Donato Vargas, propietario de un almacén frente a la Alcaldía; Roberto López, también comerciante y dueño de varios locales, y Paul Martínez. Las investigaciones que se iniciaron en ese tiempo, a la larga, terminaron en los anaqueles de los organismos de control, carcomidas por el polvo. Según lo que analizó la Fiscalía, el 99% de los expedientes relacionados con los 12 Apóstoles terminaron en la impunidad.
Un último informe clave para este asunto lo radicó el CTI el 20 de agosto de 1997. En él quedaba establecido que los crímenes en el norte de Antioquia no eran aislados: “Hay elementos objetivos suficientes para pensar en una acción deliberada y sistemática de un grupo de personas a partir de motivaciones concretas, tales como eliminar delincuentes, exterminar la drogacción, enfrentar el avance de la guerrilla y la autoprotección, garantizándosela por ende a los ricos ganaderos y comerciantes para quienes supuestamente trabaja la organización”. Para esa época, Santiago Uribe Vélez, denunciado por un ciudadano, ya estaba siendo investigado, pero, en 1999, para sorpresa de la Fiscalía hoy se dictó resolución inhibitoria. En cristiano: dejó de investigar por falta de pruebas, pero no archivó el proceso por si acaso.
¿Existen evidencias que conecten a Santiago Uribe Vélez con todos esos crímenes? La Fiscalía dice que sí, y a su favor cuenta con declaraciones como la del mayor (r) Juan Carlos Meneses, quien se hizo comandante de Policía de Yarumal en 1994, o de Eunicio Pineda, un hombre que declaró haber sido trabajador de la finca vecina de La Carolina y a quien, supuestamente, los paramilitares intentaron acallar torturándolo hasta arrancarle los dientes con un alicate.
Santiago Uribe Vélez ha alegado en reiteradas ocasiones que este expediente no es otra cosa que una persecución política en contra de su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez; que Juan Carlos Meneses es un mentiroso a quien sólo conoció cuando apareció a declarar en su contra en 2010 y que Eunicio Pineda es un enfermo mental cuyo testimonio no tiene validez. La Fiscalía sostiene que hay una deuda enorme “en identificar a los máximos responsables y en superar la impunidad existente después de 20 años”, que actuaron con libertad en el norte de Antioquia y, a su antojo, ejecutaron un “plan de exterminio”.
Más allá del caso de Santiago Uribe, si algo queda claro con la reconstrucción de la historia del paramilitarismo en el norte de Antioquia, es la paradoja que se ve a diario en Colombia: el Estado sostiene hoy que hay que corregir la ausencia de justicia que el mismo Estado celebró ayer.
Informes de la personera de Yarumal elaborados. Testigos que declararon bajo reserva. Quejas ciudadanas. Denuncias de listas negras. Pesquisas del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Acciones urgentes de Amnistía Internacional. Reportes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Si algo deja en evidencia la resolución de la Fiscalía en la que se sustentó el arresto del ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez es que, desde los años 90, la justicia colombiana tenía con qué esclarecer la existencia del grupo paramilitar los 12 Apóstoles. Pero que, en contravía de esas evidencias e indicios, se paralizó y no hizo absolutamente nada.
Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se supone, fue uno de los patrocinadores de los 12 Apóstoles. Por esa razón, está siendo investigado por dos delitos: concierto para delinquir (aliarse con otras personas para cometer delitos) y homicidio agravado (por el crimen de Camilo Barrientos, un conductor asesinado presuntamente por los 12 Apóstoles). Para la Fiscalía, los crímenes cometidos por ese grupo paramilitar no son delincuencia común; son de lesa humanidad. No prescriben. Y para intentar comprender lo ocurrido en el norte de Antioquia entre 1990 y 1998 –en donde estaba la finca La Carolina, que perteneció a la familia Uribe Vélez y administró Santiago Uribe–, se volcó a los expedientes de la época.
Para empezar, el documento de la Fiscalía de 277 páginas se remite a un informe que presentó el 2 de noviembre de 1993 la entonces personera de Yarumal, Lilyam Soto. La funcionaria manifestó a la Fiscalía sobre “el aumento de las muertes violentas de personas sindicadas”, lo que evidenciaría una de las tesis de la Fiscalía: los 12 Apóstoles se convirtieron en un grupo de “limpieza social”, que ejecutó un “plan de exterminio” contra ciertos sectores de la población civil. La personera Soto, además, adjuntó un informe de Amnistía Internacional y otro del Cinep, en el que se registraba también el aumento de “muertes violentas por ‘limpieza’”. En ese caso específico, se hablaba de 24 personas con antecedentes delincuenciales o de drogas asesinadas en un período de tres meses.
El informe de Amnistía Internacional era un llamado urgente a la Presidencia, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Antioquia, fechado el 30 de septiembre de 1993, sobre “ejecuciones extrajudiciales y terror de seguridad”. Es decir, los destinatarios fueron César Gaviria, Carlos Gustavo Arrieta, Rafael Pardo y Juan Gómez Martínez, respectivamente. El del Cinep, por su parte, hablaba de un “‘escuadrón de la muerte’ conformado por sicarios trasladados de Medellín, un exsoldado profesional y varias personas de Yarumal, patrocinados económicamente por comerciantes y ganaderos de la región”. Desde ese momento aparece la primera denuncia contra el entonces capitán de la Policía Pedro Manuel Benavides, quien, aseguró el Cinep, había liderado un operativo en el que fue asesinado un soldado al ser confundido con un guerrillero.
Para 1994 ya no eran sólo las organizaciones o la Personería: era la propia Fiscalía la que empezaba a documentar a los 12 Apóstoles. Un informe del CTI con fecha del 18 de abril de 1994 señaló que, efectivamente, había “una banda de ‘limpieza’ en Yarumal, la que se hace llamar Los Apóstoles’”. Y agregó: “Se trataría de una organización armada auspiciados (sic) por personas prestantes del municipio y autoridades de la Policía”. Para agosto de ese mismo año, la Fiscalía ya tenía al menos 26 procesos abiertos por asesinatos atribuibles a los 12 Apóstoles. En 1995 el turno fue de la Procuraduría: la Oficina de Investigaciones Especiales elaboró un informe para la Fiscalía en el que señalaba que más de 30 personas habían sido asesinadas entre julio de 1993 y noviembre de 1994, al parecer, bajo la iniciativa de “‘limpieza social’ que impulsaron ciertos sectores de la sociedad de Yarumal”.
En ese informe de la Procuraduría quedó consignado otro nombre fundamental para la historia de los 12 Apóstoles: el del padre Gonzalo Palacio. El organismo indicó que, con base en evidencias testimoniales y periciales, se sabía que Palacio coordinaba a los 12 Apóstoles con ayuda de comerciantes y de la Fuerza Pública. Además del sacerdote Palacio, los testigos de la época hablaban de otros integrantes: Álvaro Vásquez, dueño de un restaurante; Donato Vargas, propietario de un almacén frente a la Alcaldía; Roberto López, también comerciante y dueño de varios locales, y Paul Martínez. Las investigaciones que se iniciaron en ese tiempo, a la larga, terminaron en los anaqueles de los organismos de control, carcomidas por el polvo. Según lo que analizó la Fiscalía, el 99% de los expedientes relacionados con los 12 Apóstoles terminaron en la impunidad.
Un último informe clave para este asunto lo radicó el CTI el 20 de agosto de 1997. En él quedaba establecido que los crímenes en el norte de Antioquia no eran aislados: “Hay elementos objetivos suficientes para pensar en una acción deliberada y sistemática de un grupo de personas a partir de motivaciones concretas, tales como eliminar delincuentes, exterminar la drogacción, enfrentar el avance de la guerrilla y la autoprotección, garantizándosela por ende a los ricos ganaderos y comerciantes para quienes supuestamente trabaja la organización”. Para esa época, Santiago Uribe Vélez, denunciado por un ciudadano, ya estaba siendo investigado, pero, en 1999, para sorpresa de la Fiscalía hoy se dictó resolución inhibitoria. En cristiano: dejó de investigar por falta de pruebas, pero no archivó el proceso por si acaso.
¿Existen evidencias que conecten a Santiago Uribe Vélez con todos esos crímenes? La Fiscalía dice que sí, y a su favor cuenta con declaraciones como la del mayor (r) Juan Carlos Meneses, quien se hizo comandante de Policía de Yarumal en 1994, o de Eunicio Pineda, un hombre que declaró haber sido trabajador de la finca vecina de La Carolina y a quien, supuestamente, los paramilitares intentaron acallar torturándolo hasta arrancarle los dientes con un alicate.
Santiago Uribe Vélez ha alegado en reiteradas ocasiones que este expediente no es otra cosa que una persecución política en contra de su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez; que Juan Carlos Meneses es un mentiroso a quien sólo conoció cuando apareció a declarar en su contra en 2010 y que Eunicio Pineda es un enfermo mental cuyo testimonio no tiene validez. La Fiscalía sostiene que hay una deuda enorme “en identificar a los máximos responsables y en superar la impunidad existente después de 20 años”, que actuaron con libertad en el norte de Antioquia y, a su antojo, ejecutaron un “plan de exterminio”.
Más allá del caso de Santiago Uribe, si algo queda claro con la reconstrucción de la historia del paramilitarismo en el norte de Antioquia, es la paradoja que se ve a diario en Colombia: el Estado sostiene hoy que hay que corregir la ausencia de justicia que el mismo Estado celebró ayer.