La incomodidad de la Corte

El jueves pasado un disgusto generalizado se suscitó en los despachos de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A algunos les cayeron muy mal las declaraciones que entregó, en una publicitada rueda de prensa ese mismo día, el fiscal Mario Iguarán sobre la solicitud de investigación que le remitió al alto tribunal para que indagara las presuntas relaciones de los congresistas Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja con la guerrilla de las Farc.

El motivo de la incomodidad de algunos juristas surgió por la lentitud del jefe del ente acusador para enviarle a la Sala Penal de la Corte el contenido de los computadores de Raúl Reyes, recuperados por la Fuerza Pública tras el operativo militar del 1° de marzo. Según trascendió, los magistrados del alto tribunal le habían solicitado al Fiscal, desde hace un mes, que les entregaran copias de los archivos y correos electrónicos contenidos en los ordenadores del abatido jefe del secretariado de las Farc.

"¿Cuándo había convocado antes a una rueda de prensa el Fiscal General para anunciar que le pediría a la Corte que investigara a algún parlamentario por el caso de la parapolítica? –se preguntó un magistrado de la Corte–. Qué raro que lo hace cuando se trata de la farcpolítica”. En criterio de la fuente, lo ocurrido el jueves pasado se asemejó más a un show mediático que a un proceso regular que deben atender las autoridades judiciales al momento de conocer de asuntos tan delicados y en una coyuntura política marcada por la polarización.

Además, en el seno de la Corte no cayó bien que, sólo después del informe de la Interpol –que le dio validez a la información de los computadores de Reyes– la Fiscalía enviara a la corporación las pesquisas que ha venido adelantando. De acuerdo con reportes de la policía judicial y organismos de inteligencia, los tres parlamentarios, los periodistas William Parra, de Telesur, y Carlos Lozano, director del periódico Voz, los ex asesores de paz Lázaro Viveros y Álvaro Leyva, y cuatro ciudadanos extranjeros de origen norteamericano, ecuatoriano y venezolano, formarían parte de una red de colaboradores de las Farc que aún no está lo suficientemente aclarada.

El Ministerio de Defensa ya tenía conocimiento de los presuntas nexos de la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle y el también ecuatoriano Iván Larrea con emisarios de la guerrilla en Quito. De hecho, organismos de seguridad revelaron ayer varias fotografías en las que, al parecer, se registraron algunos encuentros de la red internacional de las Farc con Calle y el polémico Franklin Aisalla, el hombre que ocupó la atención internacional luego de comprobarse que era un enlace de la guerrilla en el país vecino y quien también fue abatido por las autoridades en el operativo que terminó con la vida del segundo al mando de las Farc.

Todos los señalados han sostenido su inocencia. El diputado venezolano, miembro del Parlamento Latino, Amílcar Figueroa, calificó como una patraña su vinculación preliminar a la farcpolítica y dijo que todo forma parte de una estrategia “guerrerista” que busca incluir a como dé lugar a Venezuela en el conflicto colombiano. Por su parte, el antropólogo y economista norteamericano James Jones, de quien las autoridades tienen un abundante registro de cruce de correos electrónicos con Raúl Reyes, manifestó que “ha tenido una relación cordial con las Farc” desde cuando fungió como asesor de la ONU, en la década de los 90, y se buscaba una zona de despeje para avanzar en unos diálogos de paz.

El hermano del ministro ecuatoriano Gustavo Larrea, Iván Larrea, también investigado, indicó que esta vinculación preliminar “es una cacería de brujas que busca escalar un conflicto entre los dos países”. El presidente Rafael Correa fue más incisivo: “Es mejor que investiguen la narcopolítica y la parapolítica que lamentablemente invade a Colombia”. Pese a las enconadas resistencias que causó el anuncio del Fiscal de procesar a varios extranjeros, el jefe del ente acusador aseveró que, de ser necesario, recurrirá a la figura de la extradición para hacerlos comparecer ante la justicia colombiana.

¿Y la yidispolítica?

El Espectador conoció que el jueves pasado, durante una sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema, los magistrados analizaron un polémico tema: resolver el impedimento que manifestó el fiscal Mario Iguarán para procesar a todos los personajes que salpicó la ex congresista Yidis Medina dentro del escándalo suscitado por presuntas prebendas que habrían ofrecido altos funcionarios del Ejecutivo para aprobar la reelección. Entre ellos, Sabas Pretelt, hoy embajador en Italia, y ex jefe del fiscal Iguarán en el Ministerio del Interior.

La discusión estuvo centrada en que el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago –a quien por ley le tocaría asumir el proceso– no es, en principio, garantía de independencia para investigar a los funcionarios señalados por Yidis. Por una razón elemental: su jefe es declarado amigo de Pretelt y otros miembros del círculo presidencial, como el ex viceministro Hernando Angarita; el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie –su esposa María Fernanda Cabal fue hasta hace un año la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía–, y el ministro de Protección Social, Diego Palacio.

Por ese motivo se abrió paso entre los magistrados de la Corte la novedosa tesis de que el presidente Uribe se vería obligado a enviarle a la Sala Plena una terna de juristas para que la corporación escoja un fiscal ad hoc que asuma el caso de la yidispolítica. “Y si la Corte considera que ninguno de los postulados por el Presidente tiene las facultades de independencia y capacidad podríamos devolver la terna”, le dijo a este diario un magistrado. El martes la Sala Penal llevará a consideración de la Sala Plena un estudio para evaluar los pros y los contras de que el vicefiscal conozca el polémico expediente o si sería mejor nombrar a un fiscal ad hoc.