14 Sep 2021 - 2:00 a. m.

La investigación que tiene en jaque a un exmagistrado del Tribunal de Barranquilla

El exmagistrado Jorge Eliécer Mola Capera está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia por presuntamente haber emitido decisiones contrarias a la ley. Además, el togado es señalado por, al parecer, incrementar su patrimonio de manera injustificada.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder el expediente que pone en jaque a Jorge Eliécer Mola Capera, exmagistrado del Tribunal Superior de Barranquilla. El togado es acusado por prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito por usar, según la Fiscalía, la justicia para emitir decisiones contrarias a la ley. Según reposa en la investigación, el delegado de la rama Judicial habría obtenido alrededor de $1.350 millones, entre diciembre de 2011 a octubre de 2019, aprovechando su condición de servidor público y juez. El ente acusador le reprocha haber utilizado a su núcleo familiar para sus fines delictivos. El Espectador conoció los detalles del proceso.

El primer caso que enreda al exmagistrado data de 2016 y es un pleito entre Alberto Enrique Acosta Pérez e Ivonne Acosta de Jaller, quienes se están disputando la representación legal de la Fundación Acosta Bendek. Se trata de una organización creada por el exsenador fallecido Gabriel Acosta Bendek, quien había dado órdenes explícitas antes de su muerte para que quien asumiera la representación legal de la fundación fuera el presidente de la junta directiva. En el papel, Ivonne Acosta era la hereda. Sin embargo, Alberto Enrique Acosta se atravesó y, a través de un acta promovida por él, radicada en la Cámara de Comercio de Barranquilla, fue nombrado representante legal de la fundación.

Para infortunio de Acosta Pérez, el documento se suspendió por orden del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla en diciembre de ese mismo año. Con esa decisión, todo quedó nuevamente como el exsenador lo estableció: Ivonne Acosta de Jaller asumía la representación legal. En negativa a dicha determinación, Acosta Pérez interpuso una acción de tutela en la que pedía que se suspendieran la decisión del juzgado y se le garantizaran el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho a la defensa. La tutela cayó en el despacho de Mola Capera, quien, según la Fiscalía, emitió tres decisiones judiciales contrarias a la ley. La primera: emitir una medida cautelar a favor de Acosta Pérez.

Su decisión se conoció el 16 de diciembre de 2016. En el escrito de acusación, conocido por este diario, la Fiscalía le reprochó haber tomado esa decisión debido a que, a su juicio, no contaba con las pruebas necesarias ni tuvo en cuenta las actuaciones emitidas por los jueces en el proceso. “La intervención del juez constitucional para decretar una medida cautelar no se encuentra explicada, sustentada, fundamentada y mucho menos justificada, en la medida que Mola Capera no motivó en forma racional, lógica, seria y concreta acorde a los elementos de prueba puestos a su consideración”, dice el documento y añadió que el exmagistrado desconoció las reglas de reparto de las acciones de tutela.

La segunda decisión que también le reprocha la Fiscalía a Mola Capera ocurrió el 24 de octubre de 2017. Esta vez, el episodio tiene que ver con las irregularidades que se han registrado en la disputa por la herencia del exsenador Acosta Bendek. En este caso, la Fiscalía llamó ante los estrados judiciales al hoy fallecido Eduardo Francisco Acosta Bendek, hermano del excongresista. La intención era adelantar una imputación de cargos y solicitar la imposición de una medida de aseguramiento en su contra. No obstante, a través de una acción de tutela, Acosta Bendek pretendió que se suspendieran esas audiencias. El exmagistrado Mola Capera le dio la razón, sin contar que el fiscal del caso ya había desistido de llevar a cabo el proceso.

Con lo anterior, la Fiscalía, una vez más, le reprochó a Mola Capera su decisión de admitir la tutela y ordenar una medida cautelar que no era procedente, pues no logró probar que había un peligro para el hermano del exsenador. La situación irregular en este caso no quedó ahí. La Fiscalía explicó que Acosta Bendek tenía toda la intención de que su tutela cayera en las manos de Mola Capera, pues logró evidenciar que el demandante instauró, en más de una ocasión, la misma tutela. Su estrategia era clara: que alguna de ellas llegara al escritorio del exmagistrado hoy en la mira de la Corte Suprema de Justicia.

La tercera decisión judicial que también se le reprocha a Mola Capera es del 7 de noviembre de 2017 y obedece a una tercera acción de tutela que interpuso nuevamente Eduardo Francisco Acosta Bendek. En esa ocasión, la demanda buscaba recusar al juez que quería avalar la fallida imputación de cargos en su contra. Para la Fiscalía, está claro que el juzgado no debía darle trámite a dicha pretensión, pues el fiscal del caso ya había desistido de realizar las audiencias. Pese a este precedente, la investigación le reprocha no solo a Mola Capera sino a su compañero de sala, Demóstenes Camargo de Ávila, haber admitido la acción de tutela que hablaba de una imputación que nunca se hizo.

Por estos hechos, la entonces Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura abrió investigación disciplinaria contra Mola Capera y en 2019 ordenó la suspensión de su cargo por tres meses, porque encontró que su actuación era “marginal”. En contraste, la Fiscalía presentó esta acusación contra Mola, en la que, además, lo acusó de haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito. Según el ente acusador, el exmagistrado se habría enriquecido injustificadamente en una suma superior a los $1.350 millones, de los cuales no tendría cómo justificar con sus ingresos como servidor público. La Fiscalía constató que su núcleo familiar dependía económicamente de él, por lo que tampoco se le podría atribuir que los dineros fueran propiedad de su esposa o hijos, como así lo había asegurado Mola Capero.

Por el contrario, lo que revela la investigación es que, pese a que su esposa era ama de casa, tenía movimientos financieros que superaban los $55 millones; una de sus hijas tenía inversiones cercanas a los $37 millones, aún cuando estaba en calidad de estudiante; y su hijo, de 23 años, adquirió un inmueble cuando no tenía ingresos fijos. Además, en el análisis financiero, los investigadores encontraron que este último realizó movimientos que superaron los $431 millones. Con estos hallazgos en mano, la Fiscalía le reprocha haber incluido a su núcleo familiar en las actuaciones irregulares que habría cometido tras su paso por la administración de justicia.

Las pruebas que ahora están en poder de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia serán controvertidas por su abogado, pues su defensa es que el exmagistrado no tiene nada que ver con decisiones judiciales contrarias a la ley. Su juicio arrancará en octubre próximo.

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