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Tras la captura de Carlos Bermeo, exfiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, ese mecanismo de justicia transicional insistió en que no se tolerará ninguna actuación que pueda afectar su credibilidad. Así lo indicó la Sala Plena, en una declaración leída por su presidenta, Patricia Linares. Igualmente, se indicó que dado las funciones que tenía Bermeo, “se descarta en términos absolutos que este haya podido tener incidencia, directa o indirecta, en el trámite de garantía de no extradición de Seuxis Paucias Hernandez Solarte”.
Esta posición contrasta por la entregada por la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos a Bermeo. El ente investigador dijo que él y otras tres personas recibieron US$500.000 dólares, para inicidir en ese caso. Incluso, señaló que fue Bermeo quien habría ofrecido retardar el proceso de extradición de Santrich dentro de la JEP. La Fiscalía agregó que, cuando la carta del Ministerio de Justicia para pedir las pruebas de Santrich no llegó a Estados Unidos, Bermeo dijo a las personas a quienes ofrecía sus servicios que ese retraso era obra suya. La Fiscalía sostiene que así exhibía él su supuesta capacidad de influencia dentro de la JEP y del proceso Santrich.
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No obstante, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, señaló que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que tiene a cargo ese trámite del caso Santrich, "no ha requerido al Director de esa Unidad ni a sus subordinados, ningún tipo de colaboración, servicio o comisión". Y dijo que, de todas maneras, se le solicitó a esa unidad, "seguir fortaleciendo las políticas internas de control y transparencia, introduciendo mecanismos adicionales a los ya adoptados".
“La declaratoria de insubsistencia de este exfuncionario, que se produjo inmediatamente después de que se conoció su participación en los hechos, prueba que en esta institución no cabe el más mínimo asomo de tolerancia con comportamientos u omisiones que atenten contra su credibilidad y la confianza que en ella han depositado los colombianos”, agrega la declaración.
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La Sala Plena del organismo transicional agregó que el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, tendrá que rendir un informe completo sobre la vinculación de sus colaboradores y los procedimientos meritocráticos aplicados para la elección de personal. "La JEP, ante las presiones, obstáculos e injustas descalificaciones que a diario sufre, responde profundizando su misión de ofrecer verdad y justicia por encima de cualquier otra consideración. Este es un compromiso supremo ante las víctimas, los comparecientes, la sociedad colombiana y la comunidad internacional", agregó Linares.
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Por Redacción Judicial
