La JEP le ordenó a cuatro gobernaciones garantizar la búsqueda de desaparecidos
Debido a una solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la JEP le ordenó a los gobernadores de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca que protejan los terrenos de 27 cementerios donde podrían haber cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada.
La Jurisdicción Especial para la Paz le dio un plazo de 10 días a los gobernadores de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca para que cumplan con una orden de noviembre de 2022. En tal orden, establecían la debida protección de diferentes puntos de interés forense ubicados en los cementerios de cada uno de los cuatro departamentos. Tal medida es una respuesta a la solitud que, desde 2018, realizó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para garantizar los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que podrían estar exhumadas en este territorio.
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Según la JEP, sí es probable que allí reposen cuerpos de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. Asimismo, el Movice mencionó sobre la posibilidad de que allí se encuentren cuerpos de víctimas de la Masacre de Trujillo, como se le conoce a los asesinatos sistemáticos de más de 342 personas perpetrados en ese municipio entre 1987 y 1994. Con este y otros argumentos, la organización le solicitó a la JEP que ordenara la protección de los terrenos ubicados en cementerios de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.
Ahora, los gobernadores de estos cuatro departamentos deberán cumplir con la orden de seguimiento emitida el 15 de febrero de 2023. Con esto, la JEP se refiere a que las gobernaciones deben cooperar con las herramientas, maquinarias y el personal necesario para avanzar en la identificación y entrega digna de los cuerpos de víctimas del conflicto armado que se encuentren en sus jurisdicciones. Además, la Jurisdicción, insiste en enfocar las labores contemplando “la centralidad de las víctimas y reivindicación de su dignidad”. Por esto, exigen la protección de los derechos a la verdad y garantías de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada de la región del alto Cauca y eje cafetero.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Jurisdicción Especial para la Paz le dio un plazo de 10 días a los gobernadores de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca para que cumplan con una orden de noviembre de 2022. En tal orden, establecían la debida protección de diferentes puntos de interés forense ubicados en los cementerios de cada uno de los cuatro departamentos. Tal medida es una respuesta a la solitud que, desde 2018, realizó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para garantizar los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que podrían estar exhumadas en este territorio.
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Ahora, los gobernadores de estos cuatro departamentos deberán cumplir con la orden de seguimiento emitida el 15 de febrero de 2023. Con esto, la JEP se refiere a que las gobernaciones deben cooperar con las herramientas, maquinarias y el personal necesario para avanzar en la identificación y entrega digna de los cuerpos de víctimas del conflicto armado que se encuentren en sus jurisdicciones. Además, la Jurisdicción, insiste en enfocar las labores contemplando “la centralidad de las víctimas y reivindicación de su dignidad”. Por esto, exigen la protección de los derechos a la verdad y garantías de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada de la región del alto Cauca y eje cafetero.
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