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El encuentro que tuvo lugar en Villavicencio, es la primera Audiencia de Observaciones de Víctimas a versiones entregadas por comparecientes en el Caso 08. La magistrada Reinere Jaramillo, y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Roberto Vidal, escucharon a las víctimas acreditadas en el Subcaso Ariari-Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas (AGGCF+).
Hasta el momento el Caso 08 —el cual investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado—, ha logrado reconocimientos y aportes a la verdad sobre 27 asesinatos ocurridos en esta zona del país. “Para la Jurisdicción Especial para la Paz, cada una de nuestras audiencias es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso como alta corte de justicia transicional, encargada de acompañar a las víctimas y alcanzar unas condiciones de paz que nos permitan, a todos, salir de la guerra”, señaló el magistrado Roberto Vidal.
La magistrada Reinere Jaramillo explicó que se identificaron 854 hechos victimizantes ocurridos entre 1981 y el 1 de diciembre de 2016 en este caso, así como 594 presuntos responsables, gracias a 84 informes presentados por organizaciones de víctimas, asociaciones de derechos humanos, entidades públicas y expedientes judiciales. “Esto nos permitió iniciar una investigación que abarca 24 municipios de Guaviare, Meta y Caquetá (...) Estos territorios se convirtieron en el escenario de una disputa entre actores armados por el control territorial, lo que llevó a que integrantes del Ejército controlaran los suministros de alimentos y cometieran actos de violencia, como el control de las llamadas ‘voladoras’ (lanchas)”, detalló la magistrada.
Las Audiencia de Observaciones de Víctimas son fundamentales para determinar si lo que declaran los comparecientes ante la JEP es verdad o no, y son la voz central en el proceso de Justicia Transicional Restaurativa, que permitirá determinar si los comparecientes están diciendo la verdad o no. ¿Están diciendo la verdad?, ¿están mintiendo?, y ¿qué otras fuentes necesitamos contrastar?, fueron las cuestiones de la magistrada Catalina Díaz, quien también estaba presente en la diligencia.
Luego siguió la participación de Deidania Perdomo Hite, familiar de una víctima asesinada y desaparecida forzadamente, y representante de víctimas del Colectivo Orlando Fals Borda. Perdomo mencionó que “se evidencia un patrón macrocriminal consistente en el asesinato de civiles por parte de los antiguos integrantes del Batallón Contraguerrilla Nº 78, adscrito a la Brigada Móvil 10 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (Futco)”. También, aseguró que hubo encubrimiento por parte de las autoridades para impedir que se identificaran las víctimas y se siguieran las investigaciones sobre los múltiples casos de desaparición forzada.
El abogado Juan Felipe Garzón, quien igualmente funge como representante de víctimas para el colectivo Fals Borda, manifestó a los magistrados presentes que hay una negación de los comparecientes a reconocer la presencia de paramilitares en la zona y el “actuar conjunto” entre esta organización y el Ejército. ¿Por qué favorecer acciones, como los despojos de tierras?, ¿Por qué favorecer los desplazamientos de la población y así quedarse con las tierras de los campesinos de esta región? El abogado declaró que son preguntas que los comparecientes no han podido responder de manera satisfactoria.
Luego llego el momento de las intervenciones de las víctimas para que expresaran sus observaciones a lo dicho por comparecientes de la fuerza pública. Una a una, varias víctimas cuestionaron desde sus vivencias los procesos que ha llevado este caso. Una de ellas, Luz Janeth Llanos Riorrecio, pidió que se les preguntara a los comparecientes de la fuerza pública: “¿Cómo volver a confiar en el Ejército cuando aún sentimos miedo? Estamos muertos de miedo. ¿Quién nos garantiza la tranquilidad en nuestros Territorios cuando aún seguimos siendo tildados y perseguidos?”.
Otra fue Sirleyda Vásquez, a la cual su hijo, Francisco Javier Moreno Vásquez, le fue asesinado y desaparecido por agentes del Estado cuando tenía 14 años, el 13 de junio de 2003. “Faltan muchos victimarios que nos han hecho daño. Mi petición y la petición de todos es que por favor tengan para ellos también ley. Nuestros hijos eran menores de edad”, dijo la víctima a la JEP.
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