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Se aproxima uno de los momentos más importantes en la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): la emisión de la primera sanción propia, en este caso por los secuestros cometidos por el antiguo secretariado de las FARC. Entre este 31 de julio y 1 de agosto, la JEP realiza una audiencia de verificación de sanciones, en la que valora por última vez las propuestas del secretariado para intentar reparar a las víctimas y, así, obtener beneficios judiciales. Entre los procesados está el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
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En medio de la audiencia, cuando el magistrado Camilo Andrés Suárez, de la sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, tomaba la palabra para explicar el camino a seguir, apareció una fuerte voz en un auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá. Se trató del exdiputado de la Asamblea del Valle del Cauca, Sigifredo López, quien fue secuestrado por las FARC en 2002, en el recordado caso que terminó en la masacre de 11 de sus colegas.
“Pero no para las víctimas (la justicia)”, gritó López, cuando la magistratura respaldaba su trabajo, el cual lleva más de siete años, tras la firma del Acuerdo de Paz. La incomodidad de López con la Jurisdicción fue tal, que el magistrado Suárez tuvo que decirle que hiciera silencio y que, en su momento, tendría la oportunidad de hablar. La audiencia es clave dado que se evalúa la manera en que el antiguo secretariado FARC busca reparar a las víctimas, a través de trabajos y obras con contenido restaurador.
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En diálogo con El Espectador, López demostró su inconformismo: “Se supone que la JEP debe examinar la contribución a la verdad plena, detallada, exhaustiva y las acciones reparadoras por parte de los comparecientes en favor de las víctimas. Pero hemos escuchado como medidas restaurativas la construcción de una batería sanitaria. O sea, la instalación de un sanitario en una escuela. Otras hablan de la participación en un ciclopaseo, la participación en un curso sobre justicia por parte de uno de los comparecientes. Les pregunto, ¿en qué restaura eso el proyecto de vida de las víctimas? En nada".
Sigifredo López agregó que, al menos en el caso de los diputados de la Asamblea del Valle, nunca se supo quién fue el verdadero colaborador. Un episodio en el que incluso la Fiscalía ordenó su captura, vinculándolo con la masacre de sus compañeros, y luego el Estado tuvo que ofrecerle disculpas. López sigue esperando, siete años después, que se sepa quienes fueron los custodios que asesinaron a los otros diputados. De hecho, asegura que le ha tocado con sus propias manos y pruebas desvirtuar la tesis de que murieron en un enfrentamiento.
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“Con mucha decepción, con mucha tristeza, con mucha impotencia, tengo que registrar hoy que la JEP se está convirtiendo en un tribunal de máxima impunidad. Hay una decepción: aquí no hubo justicia, y lo digo como alguien que salió a caminar en favor del Acuerdo de Paz, alguien que salió a votar en favor del plebiscito, alguien que ha defendido esta institución de la JEP, porque yo creí en esto. Pero estoy completamente decepcionado de todo lo que ha ocurrido acá”, le dijo a este diario.
Y concluyó: “En siete años no han producido una sola sentencia de fondo y la primera que van a producir es una sentencia que se caracteriza por la impunidad. Esto no corresponde al inmenso daño que causaron las guerrillas. Esperábamos verdad y verdaderos proyectos restaurativos. Los exFARC no han contribuido a restaurar el proyecto de vida de nadie. Le están dejando la obligación ahora al Estado de que restaure a las víctimas y aquí la JEP se está lavando las manos porque simplemente ha sido un instrumento para lavarle la cara de criminales de lesa humanidad. A las víctimas quiero decirles que hemos sido engañados”.
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De acuerdo con estadísticas de la JEP, han sido acreditadas más de 4.100 víctimas. Hay registro de personas que estuvieron secuestradas por más de 14 años. De acuerdo con la Jurisdicción, 401 comparecientes antes miembros de las FARC rindieron su versión sobre los secuestros y hasta 795 víctimas han participado en audiencias de observaciones sobre los testimonios entregados. El expediente cuenta con casos de tortura, trabajos forzados y violencia sexual.
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