“La JEP se quedó corta en la imputación a Montoya”: Corporación Jurídica Libertad

El abogado Sergio Arboleda lleva años investigando casos de falsos positivos. Según él, hay muchas mayores responsabilidades penales del excomandante del Ejército, asegura y da razones. / Cortesía

La Corporación Jurídica Libertad de la que usted es abogado representa a familias víctimas de asesinatos de personas cuyos cuerpos se presentaban en los cuarteles como bajas en combate. Por lo tanto, ustedes han seguido de cerca el proceso, en la JEP, en contra del general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército, que fue imputado por su responsabilidad en esos crímenes, en vista de que no quiso revelar ninguna verdad. ¿Cuántos y cuáles delitos le imputó la JEP esta semana al alto militar?

Los delitos imputados a Montoya fueron homicidio en persona protegida y desaparición forzada de 130 personas. Hablando de manera directa, se trató de 130 ejecuciones extrajudiciales cometidas en la Cuarta Brigada, con jurisdicción en Antioquia, entre 2002 y 2003, cuando Montoya era su comandante.

¿130 asesinatos a sangre fría y sin mediar combate?

Sí.

¿Cómo seleccionaban los militares de la Cuarta Brigada a sus víctimas?

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP encontró que caracterizaron a esas 130 víctimas por tres vías: la primera, reteniéndolas ilegalmente en sus viviendas, así hubo 44 casos cuyas identidades habían sido señaladas por guías del propio Ejército; la segunda, engañándolas con ofertas de trabajo legal o ilegal, de este modo reclutaron a 14. Y la tercera, la Sala se refirió a 72 víctimas como si hubieran sido “puestas fuera de combate”. Cuando habla de esta última modalidad, de la manera como lo hace, la Sala parece asumir que esas 72 personas eran combatientes que quedaron heridos o que depusieron las armas. Es muy grave, porque parece suponer que fueron parte del conflicto armado cuando no se acreditó su condición de combatientes. La JEP le da credibilidad a la tesis de que más de la mitad de las víctimas sí eran de la guerrilla. Y termina acogiendo el relato de los victimarios.

Entonces, para ustedes, ¿no es satisfactoria la imputación de cargos a Montoya?

La imputación de la JEP a Montoya por las 130 ejecuciones extrajudiciales es un avance. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que su responsabilidad se reduzca a las faltas a su condición de “garante” de la protección de la población civil, como comandante que era de la Cuarta Brigada. Para la Sala, Montoya produjo un riesgo con su exigencia de presentar bajas como resultados operacionales, lo que se tradujo en ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus tropas. Pero nosotros diferimos de esa interpretación, porque por la información que obra en el expediente, y las versiones escuchadas, Montoya conocía esa práctica criminal, pero además la incentivó, propició las condiciones para ejecutarla, dio órdenes directas de asesinar y adelantó maniobras para darles apariencia de legalidad a esas y a otras acciones fraudulentas.

¿Significa que la Sala de Reconocimiento de la JEP se quedó corta en los delitos que le imputó al general?

Sí, se quedó corta. Incluso, llega a afirmar que algunas de esas acciones no estaban dirigidas, explícitamente, a promover la comisión de crímenes. Nosotros disentimos de esa valoración y creemos que, con base en la información recaudada, se pudo establecer que Montoya incurrió en acciones decisivas que promovieron los homicidios de personas fuera de combate para ser presentadas como bajas, y que no se trató solo de un riesgo que podía o no traducirse en resultados ilícitos.

Es muy delicado lo que usted dice: afirma que hay pruebas no solo de que Montoya daba instrucciones, sino de que él mismo incurrió en una conducta criminal directa. ¿En cuáles evidencias, que consten en el expediente, se basa?

Según las versiones voluntarias de 13 de los comparecientes ante la JEP, miembros del Batallón de Artillería Número 4, BAJES, en donde consta que hubo 103 ejecuciones extrajudiciales y que operaba bajo órdenes de la Cuarta Brigada. Montoya incurrió en las siguientes acciones: presionó, vía radial, a sus tropas para la obtención de resultados operacionales, promovió la entrega de beneficios o felicitaciones por esos supuestos resultados, alentó la competencia entre unidades por el número de muertos, dio órdenes de priorizar las muertes sobre las capturas, impuso sanciones a quienes no presentaban bajas, ordenó realizar actos para ocultar las ejecuciones, mantuvo relaciones con grupos paramilitares y tuvo control permanente sobre ese batallón, lo cual no es usual para un comandante de Brigada que tiene bajo su mando a muchas unidades.

Aun con esas acciones, faltaría una prueba exacta que incrimine a Montoya directamente. ¿Es cierta y existe en el expediente la historia de dos niñas campesinas que el general ordenó dar de baja y que después él mismo las presentó como muertas en combate?

Es cierto. Según las declaraciones, Montoya conoció de manera directa, en el lugar de ocurrencia, esos hechos y él decidió presentarlas como guerrilleras abatidas en medio de enfrentamientos militares. De allí y otros hechos se puede concluir que su participación no se limitó a crear un riesgo dejando al azar el resultado: era un comandante que ordenaba llevar a cabo esos crímenes a sus tropas obedeciendo una política, decir que simplemente creó un riesgo significa negar la gravedad de lo sucedido. La Cuarta Brigada se convirtió en una estructura destinada a asesinar a civiles.

Montoya no actuó solo y tuvo amplia complicidad de otros uniformados. ¿Cuántos militares fueron imputados por los mismos hechos?

Ocho. Dos fueron comandantes del BAJES y los demás son miembros de ese mismo batallón en niveles más bajos. Se trata de otra deuda de la Sala de Reconocimientos: aborda casos cometidos por militares de varios batallones de la Cuarta Brigada, como el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral, el Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrío, el Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina. Pero en el auto de determinación de hechos y conductas se limita a establecer la responsabilidad de unos integrantes del BAJES, algunos de ellos ya condenados en la justicia ordinaria. En este aspecto, la JEP también queda en deuda con las víctimas.

Y en la propia Cuarta Brigada, salvo Montoya, ¿la JEP no encontró a otros responsables?

Ahí también la Sala les queda debiendo a las víctimas. En su auto se limita a establecer la responsabilidad de Montoya en la Cuarta Brigada, pero tal como se ha acreditado en las actuaciones judiciales, él contaba con un estado mayor, no actuaba solo. Ese estado mayor estaba conformado entre otros por un oficial de operaciones, el B3, y por un oficial de inteligencia, B2. Estos tenían funciones claras de relación y control con los oficiales de operaciones e inteligencia de los batallones que tenían como propósito darles apariencia de legalidad a las ejecuciones extrajudiciales. Esos oficiales no fueron llamados a responder por su participación en esos crímenes. Tampoco se abordó la responsabilidad de los otros oficiales del BAJES, lo que se traduce en que la JEP se conformó con el fruto más bajo del árbol.

Volviendo a la responsabilidad individual del general Montoya, la imputación que ahora se le hace se refiere a unas ejecuciones extrajudiciales. ¿Hay otras investigaciones abiertas en su contra?

La Corporación ha insistido en que la carrera militar de Mario Montoya Uribe, y las de quienes lo han rodeado, han sido constantes en materia de violaciones a los derechos humanos. Su responsabilidad no se agota con su comandancia en la Cuarta Brigada: se expandió cuando llegó a la Primera División, al Comando Conjunto del Caribe y al Comando General del Ejército Nacional. Y se extendió por medio de las carreras de quienes iban obteniendo ascensos detrás de él: el general Óscar Enrique González Peña, el general Luis Roberto Pico Hernández, el coronel Juan Carlos Barrera Jurado, entre otros.

¿Por qué la justicia tomó 14 años en acusar al general Montoya si los hechos y las evidencias parecían estar a la vista?

Históricamente Colombia se ha caracterizado por poner barreras a los derechos de las víctimas del Estado. Muchas familias han sido revictimizadas, silenciadas, perseguidas, amenazadas y hostigadas. Los jueces penales militares han sido un mecanismo de protección de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, y la Fiscalía ha sido negligente y poco efectiva. Y los investigadores que intentaron avanzar en estos casos fueron amenazados y denunciados para impedir que continuaran adelante.

La JEP cuenta con apoyo internacional. Estas decisiones valerosas, pero según usted dice cortas, ¿tendrían riesgo de legitimidad fuera de Colombia?

Las conductas analizadas constituyen crímenes de carácter internacional, razón por la cual deben ser sancionados todos los que participaron en su comisión, aunque no se consideren máximos responsables. Esta postura es la que ha adoptado la Corte Penal Internacional (CPI), que ha establecido que cuando se trata de crímenes transnacionales la investigación no puede limitarse a los máximos responsables, sino a todos los participantes. A pesar de que la Sala tiene esa facultad, se limitó a llamar a responder a unos pocos, algunos ya condenados, y con una característica en común: todos sostienen y repiten relatos negacionistas y revictimizantes.

Es cierto, como se deduce de una parte del informe de la Sala de Reconocimiento de Verdad, ¿que los falsos positivos se incrementaron aprovechando la importante inyección de dinero de Estados Unidos tanto a través del Plan Colombia, en el gobierno Pastrana, como del Plan Patriota, en el gobierno Uribe? ¿La plata de los contribuyentes norteamericanos terminó apoyando esa causa criminal?

Así fue. En la medida en que se inyectaba capital extranjero mediante el Plan Colombia, lo cual se tradujo en el fortalecimiento del pie de fuerza, los altos mandos empezaron a exigir bajas como mecanismo para medir la efectividad de las unidades militares: se trataba de la estrategia de conteo de cuerpos (body count). La Cuarta Brigada fue y sigue siendo una de las unidades militares con mayor despliegue táctico, razón por la cual también fue una de las principales destinatarias de esa inyección económica. El alto despliegue militar obedecía a las orientaciones del Plan Colombia. Y estuvo estrechamente ligado a la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales como una medida de carácter contrainsurgente. A su vez, la implementación de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe representó un punto ascendente en las cifras de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. A partir de 2002 el índice de ese tipo de ejecuciones aumentó en un 138 % con relación al año inmediatamente anterior.

¿En las imputaciones a Montoya y los otros ocho militares se menciona la connivencia oficial con los grupos paramilitares tanto para señalar a las víctimas como para cometer los asesinatos?

En la audiencia que se realizó en Granada, Antioquia, de manera reiterada las víctimas señalaron que la población estaba sometida a diferentes prácticas criminales por parte de las tropas de la Cuarta Brigada: violencias contra las mujeres, hurtos, allanamientos ilegales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros; todo ello, según declararon, en connivencia con los grupos ilegales. Hace muchos años, tanto las organizaciones de derechos humanos como las víctimas hemos venido denunciando la relación estrecha entre esos grupos y los militares. La Sala de Reconocimiento advierte esa actuación criminal afirmando que se acreditaron las operaciones conjuntas entre los agentes estatales y los paramilitares, incluso con cambios de brazalete.

¿Quiénes cambiaban de brazalete y para qué?

Los integrantes del Ejército cambiaban de brazalete y se ponían el de los paramilitares para actuar de manera oculta y sin responsabilidad oficial.

¿Cuáles regiones fueron las más afectadas y en cuáles poblaciones se concentraron la mayoría de víctimas de la Cuarta Brigada hace 20 años?

Antioquia es el departamento con la mayor cifra de víctimas. Como se sabe, la Sala de Reconocimiento ha logrado documentar en todo el país 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Es decir, el Ejército presentaba más de dos víctimas por día entre 2002 y 2008. De esos casos, 1.613 ocurrieron en Antioquia, o sea, el 25,19 % de esta terrible cifra: de cada cuatro casos, uno sucedía en Antioquia. Y en el contexto del departamento, la subregión del oriente concentra la cifra más alta: un total de 501 casos, superando incluso a Meta por más de 100 casos. En la subregión, el municipio de Granada concentra la cifra más alta. Esa población ha sido históricamente estigmatizada en el discurso cotidiano de la Cuarta Brigada, como parte de la insurgencia o colaboradora de la misma. Así legitimaban los asesinatos y la desaparición de las víctimas en el territorio.

¿Cuál es la razón para que los falsos positivos se hayan presentado, sobre todo en Antioquia?

El departamento antioqueño ha sido el laboratorio de muchas prácticas de graves violaciones a los derechos humanos. Particularmente, la Cuarta Brigada se ha mostrado como la más efectiva, aunque fuera a partir de resultados fraudulentos. Con la comandancia de Montoya, y su estado mayor en esa brigada, aumentaron los índices de esa práctica criminal; en la medida en que este y otros comandantes ascendieron y tomaron el control militar en mayores extensiones territoriales, las ejecuciones extrajudiciales también se extendieron. A su vez, algunos miembros de los batallones mencionados fueron trasladados a otras unidades militares del país, con lo cual terminaron materializando el traslado de las ejecuciones a otras partes de Colombia, y generalizándolas.

“Jamás imaginamos que esos hechos (desapariciones) tuvieran tal dimensión”

¿Cuántos años hace que la Corporación Jurídica Libertad existe y que representa a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, en Antioquia?

La Corporación se fundó hace 30 años para defender los derechos humanos y libertades de las poblaciones más vulnerables. En 2002 empezamos a conocer casos de desapariciones forzadas de agricultores o líderes rurales y comenzamos a denunciar, ante las autoridades y la opinión, que había un patrón común: privación ilegal de la libertad de las víctimas por parte de miembros del Ejército quienes nunca daban información y siempre negaban que las hubieran detenido. Jamás imaginamos que esos hechos tuvieran la dimensión que hoy conocemos a nivel nacional. Iniciamos la tarea de documentación de los casos y de establecer qué y cómo sucedía con las familias de las víctimas. Así pudimos presentar el primer informe que contenía 38 casos de ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño. Hoy representamos a cerca de 100 víctimas de estas graves violaciones.

Reclamo a la JEP para ampliar imputaciones a Montoya y otros militares

Los 130 crímenes de los que habla la JEP constituyen delitos de lesa humanidad ¿Cuáles son las implicaciones judiciales de esa categoría penal, para el imputado?

Se constituyen en crímenes imprescriptibles: a pesar del paso del tiempo, pueden continuar investigándose y establecer la responsabilidad de todos aquellos que tuvieron una participación determinante. En segundo lugar, se puede activar la jurisdicción universal mediante la cual, cualquier juez de otro país puede conocer esos crímenes por considerar que vulneran la esencia humana. En cuanto a la JEP, los comparecientes imputados deben reconocer su responsabilidad o de lo contrario, deberán ser vencidos en juicio. La JEP, en todo caso, deberá pronunciarse sobre nuestras observaciones, mediante las cuales solicitaremos que Mario Montoya sea considerado responsable, no por su posición de “garante” de derechos, sino por su participación activa promoviendo esos crímenes dentro de sus filas; así como pediremos la ampliación de las imputaciones a otros responsables de los demás batallones.