La defensora del Pueblo, Iris Marín, es la primera directora de órgano de control que se pronuncia tras conocerse el monto de la pena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Marín invitó a las partes del juicio Uribe, a los líderes políticos y a la opinión pública a respetar la decisión de primera instancia.
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“A pesar de la impunidad generalizada en muchos de los hechos que aquejan a nuestro país, fiscales, jueces, juezas, se la han jugado por llevar los procesos sin presiones y que permitan que sea el derecho, expresado en la decisión de los jueces, el que dirima los innumerables conflictos que tenemos en torno a la verdad en nuestra historia”, explicó Marín.
El pasado viernes, la jueza Sandra Liliana Heredia consideró justo sentenciar a 12 años privado de la libertad al líder natural del Centro Democrático, hallado culpable por manipular testigos para resultar favorecido en procesos relacionados con apoyo al paramilitarismo. Asimismo, contra Uribe Vélez se decretó la prisión domiciliaria y su captura inmediata.
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“Invitamos a las partes procesales, a los líderes políticos y a la opinión a confiar en la justicia. A respetar y no estigmatizar a una jueza que ha hecho su trabajo con rectitud y transparencia. Llamamos a respetar las decisiones de la justicia. Hacerlo es respetar el Estado de Derecho. La forma en que actuemos hoy define nuestra fortaleza, nuestro talante democrático. Démosle paso a la justicia”, agregó Marín.
Basada en la investigación de la Comisión de la Verdad, Marín recordó que históricamente los funcionarios de la justicia han sufrido violencia y muchos fueron callados a través de amenazas u obligados al exilio. Dado que los ojos del país están sobre el proceso Uribe, Marín consideró que era una oportunidad de oro para confiar en la legitimidad de la justicia.
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“Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia, socava la independencia judicial y su legitimidad institucional. Las decisiones judiciales se pueden debatir, pero por la vía del Estado de derecho, que es la de los medios jurídicos establecidos. No es admisible en una democracia atacar o deslegitimar a quien profiere las decisiones ni insinuar su parcialidad. No sin fundamento”, concluyó Marín.
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