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El pasado 31 de agosto, la investigación contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos aterrizó en la justicia ordinaria, luego de que el expresidente renunciara a su cargo como senador. Y es la jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, quien tiene en su despacho la difícil tarea de decidir si el exmandatario sigue privado de su libertad, como ordenó hace dos meses la Corte Suprema, o si lo deja libre, como pide él. En manos de esta jueza cayó, por lo menos en esta fase procesal, el futuro de una de las personalidades políticas más notorias de Colombia, jefe natural del partido de Gobierno (el Centro Democrático) y el senador más votado en las elecciones de 2018.
La tarea encomendada a la jueza Salcedo, a todas luces la más espinosa en su carrera de 10 años como abogada, viene de un proceso tan extenso como controversial. Todo empezó en 2012, cuando el expresidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda, ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente ofrecer prebendas a testigos para hablar en su contra. Cepeda, por su parte, había acusado al exmandatario de nexos con el paramilitarismo en un debate de control político sustentado, en su mayor parte, en los testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. El segundo es hijo de un administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe hasta 1996, donde se habría gestado el bloque Metro de las Auc, según sus palabras.