“La justicia colombiana tenía más respetabilidad hace 40 años”: Rodrigo Uprimny

Rodrigo Uprimny ha sido magistrado auxiliar y conjuez de la Corte Constitu-cional, es fundador del centro de investigación Dejusticia y profesor de Dere-cho de la Universidad Nacional, además de columnista de El Espectador.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿La toma y la retoma del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cómo cambió a Colombia y a su sistema judicial?

Esos dos días de la toma del M-19 y de la retoma por parte del Ejército no solo tuvieron un impacto profundo sobre la justicia, sino sobre todo el país. Fue un hecho de un dramatismo tremendo; fueron asesinadas un centenar de personas, incluidos once magistrados de la de las altas Cortes, en un acto atroz de la guerrilla al realizar la toma y un acto igualmente atroz del Estado haciendo una retoma sin ninguna consideración hacia los rehenes y luego con desapariciones forzadas. Todo en el centro de Bogotá y dejando un impacto enorme en degradación de la civilidad.

A poartir de ahí los índices de violencia se intensificaron.

Sí. Ya en 1984 Colombia vivía una violencia fuerte. La tasa de homicidios estaba como en 35 por 100.000 habitantes, pero después de los hechos del palacio, en solo cinco años, la tasa de homicidio se desbocó hasta 80 por 100.000 en 1991. Establecer la correlación, la causalidad, es imposible, pero es razonable pensar que eso tuvo que ver con la imagen del sacrificio y la degradación de la civilidad en el holocausto.

Hasta entonces citábamos como gran punto de quiebre de nuestra violencia el 9 de abril de 1948, el Bogotazo. ¿El caso del Palacio Justicia también partió en dos la historia del conflicto nacional?

Yo sí creo que es un punto de referencia, porque llevó al extremo la violencia guerrillera. Esa idea alucinante de poner como rehenes a los magistrados de la Corte Suprema para supuestamente hacerle un juicio al entonces presidente Belisario Betancur, por supuesta traición a los acuerdos de paz, fue un acto terrorista horroroso. Y luego eso llevó al extremo la violencia estatal. Las evidencias del desprecio a la vida de los rehenes por parte del Ejército y las evidencias de las desapariciones forzadas son contundentes. Y todavía hay muchas cosas que no sabemos con exactitud de las ocurridas dentro del palacio, pero lo que se sabe es de unos niveles de atrocidad tremendos.

En ese momento usted ya era abogado y estaba haciendo una maestría en Francia. ¿Cómo vivió esos hechos desde París?

Fue muy duro porque no solo era vivirlos de lejos. Colombia no era un país que apareciera mucho en las noticias. Era raro, no había internet. Y de repente los colombianos empezamos a ver las imágenes del palacio en llamas y los tanques militares entrando. Era muy impactante, y a nivel personal también por dos razones. Primero, porque allá murieron varios profesores nuestros y magistrados como Carlos Medellín, Alfonso Reyes, Manuel Gaona, Ricardo Medina Moyano. Y por esas casualidades de la vida yo coincidí en ese momento en París con los hijos de Carlos Medellín y nos reunimos a tratar de entender lo que sucedía. Pasaron las horas hasta que se confirmó el violento desenlace, se comunicaron con la familia y les tocó regresar. Yo los acompañé al aeropuerto cuando no había nada claro sobre Carlos Medellín, que se daba por desaparecido. Él es uno de los que muere en el cuarto piso, que fue arrasado por el incendio y donde los operativos militares fueron tremendos.

¿Eso lo marcó a usted como abogado?

Los sentimientos fueron muy duros. Fue doloroso ver el desprecio a la justicia de parte tanto de la guerrilla como del Ejecutivo y de los militares. En ese momento el sistema judicial colombiano, el derecho, aparentemente valía mucho, pero todo fue una locura. El M19 hizo rehenes a los magistrados para juzgar a un presidente como como si así un juez pudiera juzgar de manera libre e imparcial. Y, segundo, el Ejecutivo nunca quiso negociar realmente y se impuso el desprecio de los militares que empezaron a arrasar sin ninguna consideración con tal de capturar y llevar a juicio a los guerrilleros que se habían tomado el Palacio de Justicia.

Recuerdo oír a mi papá hablando de la majestad de la justicia, del respeto por la Corte Suprema liderada por Alfonso Reyes Echandía, de la admiración por jueces y magistrados que estaban sacrificando sus vidas para hacer frente a poderes corruptores y violentos como el narcotráfico del Cartel de Medellín, que quería impedir la extradición de los capos a los Estados Unidos. Entonces, la justicia era un referente moral del país.

De acuerdo. En Colombia, en algunos momentos más en otros momentos menos, incluso hoy con todos los problemas que tiene, el sistema judicial ha sido un baluarte del Estado de Derecho. Ha logrado, a veces, que los poderes políticos rindan cuentas de sus atropellos. En ese momento, por ejemplo, el Consejo de Estado acababa de sacar de las primeras sentencias condenando al Estado por torturas a una mujer en donde se veía involucrado el entonces comandante de la Brigada de Institutos Militares. Era un Consejo de Estado mostrando violaciones de derechos humanos que no deberían ocurrir y una Corte Suprema tratando de enfrentar el narcotráfico.

Cuarenta años, ¿en qué ha mejorado o empeorado la justicia colombiana?

Yo creo que la justicia hace 40 años tenía más respetabilidad. Hoy las altas cortes tienen menos credibilidad, infortunadamente. Hace diez años todavía tenía mucha credibilidad, pero los recientes escándalos de corrupción es una justicia menos creíble para muchos ciudadanos. De otro lado, la justicia sí se ha fortalecido, a pesar de todas sus ineficiencias. Hoy la Fiscalía es capaz de enfrentar, a veces, a organizaciones criminales a las que antes solo investigaban jueces de instrucción aislados que terminaban enfrentados con Pablo Escobar y asesinados. También es mucho mejor la capacidad de la justicia para proteger derechos fundamentales vía acción de tutela.

Explique más el concepto de respetabilidad.

La justicia ha tenido siempre esas capacidades y esas debilidades. Era al mismo tiempo sistema judicial independiente, un sistema judicial con mucha dignidad, los magistrados de las altas cortes eran muy respetados por la comunidad jurídica y por la gente, a pesar de que había su clientelismo interno. No era el paraíso. Al mismo tiempo era una justicia extremadamente débil; la protección de los magistrados era débil, la protección del Palacio de Justicia era débil, no había Fiscalía. Entonces la forma de enfrentar judicialmente la investigación criminal era muy débil con unos magistrados admirables.

¿Quién, por ejemplo, aparte de los que ya nombró?

Recuerdo mucho y admiré mucho a un magistrado que se llamaba Carlos Valencia, que fue asesinado en 1989 casi al tiempo que Luis Carlos Galán. Era muy garantista de todo el debido proceso, pero muy firme en sus decisiones. A él lo mataron por dictar sentencia contra Pablo Escobar por el asesinato de don Guillermo Cano, el director de El Espectador. Entonces se vivía esa paradoja, que yo creo que fue la que trató de enfrentar la Constitución de 1991 para fortalecer la justicia.

¿Nuestra nueva Constitución en qué sentido fue un efecto del holocausto de seis años antes? ¿En qué fortaleció la justicia y en qué la debilitó?

La relación es compleja. Creo que el M19 se dio cuenta del error que cometió y eso debió incidir en su transformación en la primera guerrilla que optó por la paz. También quedó en evidencia la debilidad de la justicia. Ya se había intentado una reforma problemática, la del 79, que la Corte Suprema había declarado inconstitucional por graves vicios de procedimiento. Entonces se volvió a intentar en el 91, fortaleciendo la investigación criminal con la creación de la Fiscalía, que tuvo problemas de diseño, no ha sido siempre lo mejor, pero yo creo que es un acierto, así como buscar una mayor protección de derechos fundamentales con la creación de la Corte Constitucional y la acción de tutela. También se buscó el fortalecimiento de su autonomía administrativa y eso creo que salió mal con la creación del Consejo Superior de la Judicatura como administrador de la rama. Creo que el balance es relativamente bueno, pero con unos lunares muy fuertes.

Usted fue magistrado auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional. ¿La creación de ese tribunal, aparte de las funciones de la Corte Suprema, sigue siendo conveniente?

Sí, yo creo que está bien. En ese momento hubo debates durante la Asamblea Constituyente y algunos de nosotros no estábamos a favor de la creación de la Corte Constitucional, porque nos parecía que la Corte Suprema no lo había hecho mal ejerciendo el control de constitucionalidad. Ahora, mirando retrospectivamente, creo que esa decisión fue acertada porque fue crear una institución más comprometida con la nueva Constitución y con una interpretación más dinámica de los derechos, aunque fue difícil manejar los famosos choques de trenes por la tutela contra sentencias.

¿Cuál es su balance sobre la Fiscalía General?

Se acertó en crear la Fiscalía General de la Nación, al principio con un diseño problemático porque tenía demasiados poderes judiciales, pero luego eso se corrigió.

¿Con el Consejo Superior de la Judicatura se politizó la justicia?

Se acertó en la idea de un ente administrativo de la Rama Judicial, aunque creo que se equivocaron al darle funciones electorales a las Cortes. Eso las ha deteriorado. Creo que el diseño del Consejo Superior es problemático y creo que la forma de elección de fiscal es algo que habría que repensar. En su momento parecían buenas decisiones, pero ya mirando con más de 30 años de perspectiva uno diría que hubo algunos errores.

Profundice en el tema de la politización de la justicia. ¿Desde qué momento se incrementó para mal?

Antes había algo que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Existía en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado la cooptación, que era que los propios magistrados elegían a sus sucesores y los elegían de manera abierta, sin ninguna restricción. Eso se originó en el plebiscito de 1957, porque los militares insistieron en que la justicia estuviera separada de los partidos políticos. Así se creó el sistema de cooptación. Si uno ve la justicia en los años 80 casi ningún magistrado tenía vínculos con partidos políticos y eso era bueno. El gran problema es que generó una endogamia en la rama judicial que congeló la jurisprudencia, porque no llegaban personas que renovaran la interpretación jurídica y eso causó rigidez en el derecho. Luego se cometió el error, que en su momento era entendible, de darle funciones electorales a las cortes en la elección de Procurador General de la Nación o en la elección de Contralor General, y eso sí ha sido una politización indebida, como lo acabamos de ver en la elección del magistrado Carlos Camargo para la Corte Constitucional.

Mientras la política se metía a las cortes, las formas de violencia y de corrupción se multiplicaron y la justicia terminó contaminada como todos los niveles de la sociedad colombiana. En 2003 usted dio el primer campanazo al hacer para la Vicepresidencia de la República el estudio “Corrupción y justicia en Colombia”. ¿Por qué decidió hacerlo?

Lo hice porque no tenemos buena información sobre niveles de corrupción en la justicia. Claro que hay que evitar la imagen catastrofista de que la justicia es corrupta. No lo creo. Ni las altas cortes ni el sistema judicial lo son, pero sí ha habido focos de corrupción muy serios, como lo que sucedió con magistrados como Francisco Ricaurte o Jorge Pretelt.

Se refiere al llamado “cartel de la toga”, que operó entre 2010 y 2017 para hacerle favores judiciales a políticos corruptos, hasta que se identificó a los responsables y fueron condenados.

Sí. Eso fue muy grave. Pero al mismo tiempo uno debería reivindicar que esos magistrados fueron revelados y juzgados gracias a las denuncias de sus compañeros. Entonces no es como en otros países, un sistema estructuralmente corrupto. Tampoco en niveles inferiores, así haya jueces buenos, regulares y malos. Es verdad que la justicia funciona muy ineficazmente en muchos temas, pero la percepción de una justicia globalmente corrupta es errada. Sí hay problemas serios de politización. Y el vínculo entre politización y corrupción en muy sutil. Lo que hizo la Corte Suprema al incluir a Carlos Camargo en su terna después de nombramientos en distintos cargos a familiares de los magistrados es corrupción. No es un delito, pero es antiético. Esas cosas no deberían ocurrir y hay que denunciarlas con severidad porque, si no, no se corrigen.

En 2005, buscando mayor eficiencia del sistema judicial colombiano, usted participó en la fundación del Centro de Estudios Sociales Dejusticia, una de las ONG más reconocidas de Colombia. ¿Veinte años después sigue vigente ese objetivo?

Sí, porque es un campo que es al mismo tiempo cercano a la administración de justicia, pero con distancia crítica. Nosotros tenemos interacciones con la Rama Judicial, incluso hacemos litigios, no por intereses privados, sino litigios de interés público. Al mismo tiempo tenemos distancia para ser suficientemente críticos con la Rama Judicial cuando vemos cosas que no funcionan bien. Y yo sí creo que la justicia requiere ajustes muy importantes para fortalecer su independencia y corregir esos problemas de politización.

La Corporación Excelencia de la Justicia y Transparencia por Colombia publican cada cierto tiempo estudios donde insisten en los niveles de corrupción del sector. ¿Eso ha servido o casos como el cartel de la toga se repetirán?

No sabría decir. Hemos evidenciado a una Corte Suprema que acepta intercambio de favores, como antes en el caso del nombramiento de Alejandro Ordóñez como Procurador General. Nosotros demandamos y se logró la nulidad gracias a que hay un Consejo de Estado que corrigió ese intercambio de favores y anuló la elección de Ordóñez. Eso mostró una cierta capacidad de reaccionar.

Cito el informe de hace dos años de Transparencia por Colombia que concluye que de las casi 60 mil denuncias por corrupción en Colombia hasta 2023 el 94% no tenían condena, el 89% no tenían capturas y el 77% apenas estaban en indagación. La impunidad en Colombia en delitos asociados contra la administración pública se ubicó en un 94%. Eso habla muy mal de la justicia.

Yo creo que la cifra es más alta porque esos son los casos que al menos llegan a conocimiento del sistema judicial. La mayoría de veces, como dicen algunos, es un delito sin víctima directa aparente, entonces no hay denuncia. O sea, el fenómeno es más grave aún.

Deme un ejemplo del problema de fondo.

La Corte Constitucional se equivocó cuando tumbó lo que llamaron el Tribunal de Aforados, que era la idea de crear un mecanismo para que si había conductas indebidas en las altas cortes, pues eso no dependiera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, porque eso no funciona, sino que hubiera un mecanismo más expedito que pudiera documentar y acusar esos casos. No era una solución maravillosa, pero era un paso en la dirección correcta. Fue un error estratégico tumbarla.

¿Qué debe cambiar en ese sentido en las altas cortes?

Por ejemplo, me parece inaceptable que las elecciones que hacen las altas cortes se hagan por voto secreto, como si fuera un ciudadano votando en una elección pública. No. Se trata de un magistrado con poder, decidiendo quién va a ser magistrado de otra corte o quién va a ser magistrado de la misma corte. Los ciudadanos tenemos derecho a saber por quién votan los magistrados para entender si hay conflictos de interés y cuestiones indebidas. Aparte, lo mejor es quitarle las funciones electorales, pero mientras eso no ocurra, al menos se debería fortalecer la transparencia en ese tipo de decisiones.

El año pasado Dejusticia presentó el informe “Nadar en mar abierto”, donde advierte que la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía solo logró éxito en el 2% de los procesos que adelantó hasta 2021 en los casos de corrupción, “eso sin mencionar los casos de corrupción al interior de la misma entidad”. ¿Por qué subrayaron eso?

Porque creemos que la investigación de la corrupción requiere investigaciones más estratégicas y menos reactivas, es decir, no esperar una denuncia y ahí sí actuar, sino buscar evidencias de redes de corrupción y decidir cómo desestructurarlas.De otro lado, hay que fortalecer las medidas preventivas frente a la corrupción, tanto en la justicia como en la administración pública.

¿La justicia transicional le deja un balance positivo?

Sí. Yo creo que es una forma de intentar hacer la paz con niveles dignos de justicia para las víctimas y rendición de cuentas de los victimarios.

¿Que debería venir para la rama pensando en que sea más eficiente, que los índices de impunidad disminuyan, que la congestión disminuya, que la justicia llegue a las regiones donde nunca ha imperado?

Si uno tiene un hospital y tiene una mala gerencia el hospital funciona mal. Y aquí la mala gerencia es el Consejo Superior de la Judicatura. No digo que ahí estén todos los problemas, pero ahí hay unos problemas serios del administrador de la rama, que tienen que ver con nombramientos y es algo que se debería repensar, pero el Consejo siempre aparece como imposible de modificar.

Usted lleva muchos años enseñando sobre la realidad del sistema judicial colombiano en universidades nacionales e internacionales ¿Qué les dice a las nuevas generaciones cuando toma como referencia los hechos del Palacio de Justicia?

Que la historia de la justicia colombiana es una historia con precariedades, pero es una historia también con enorme dignidad y capacidad de actos heroicos. A pesar de todas las dificultades, en Colombia debemos seguir apostándole a un fortalecimiento de un sistema judicial, que le ha dado al país muchas cosas buenas.

Y les enseña a valorar la memoria histórica, a no olvidar lo que ocurrió hace 40 años.

Exacto. Eso toca recordarlo y mostrarles las atrocidades que ocurrieron para que no vuelvan a ocurrir nunca más.

Los alumnos de Derecho son cada vez más. ¿Hay demasiados abogados en Colombia?

Sí creo que hay demasiados abogados. Mi colega Mauricio García Villegas ha insistido en la necesidad de regular la profesión jurídica. En Colombia no hay el equivalente de las barras de abogados o los colegios de abogados que hay en otros países que permitirían generar como criterios de habilitación para ejercer la profesión.