'La justicia es el camino hacia la paz'

Después de tener por más de año y medio cinco vacantes en su Sala Plena, la Corte Suprema de Justicia pudo nombrar los magistrados que ocuparán esos cargos. El Espectador habló con la presidenta de ese alto tribunal, la magistrada Ruth Marina Díaz, sobre cómo se llegó finalmente a la decisión, así como sobre la llegada de Alfonso Gómez Méndez al ministerio de Justicia, el proceso de paz y los famosos viajes de la Rama Judicial.

¿Cómo lograron elegir después de un año y medio las cinco vacantes que había en la Corte?

La Corte venía reuniéndose permanentemente para poder nombrar las vacantes, y desafortunadamente los candidatos obtenían 15 votos, es decir, faltaba uno porque se requieren 16. Mi preocupación fue mayor porque el magistrado Solarte se retiró el sábado 31 de agosto, y por tanto en la sala del jueves 5 de septiembre llegamos a escoger los cinco candidatos.

Pareciera que lo que estaba pasando es que alguien ponía trabas a los nombramientos. ¿Qué fue lo que pasó para que de un día para otro la Corte finalmente se pusiera de acuerdo para nombrar?

La verdad es que hubo candidatos que siempre tuvieron 15 votos, sólo nos faltaba uno. Y afortunadamente a última hora tuvimos tres candidatos por unanimidad y dos candidatos con 16 votos. El voto es secreto, y como es democrático respetamos la posición de los demás compañeros. Para nombrar miramos las hojas de vida de los magistrados. Todos los que vienen en listas son personas competentes. Pero en realidad los nombrados tenían la mejor hoja de vida.

Pasando a hablar del proceso de paz: ¿qué piensa de la priorización de las investigaciones que tengan que ver con los grupos al margen de la ley?

Como en todo proceso de paz tiene que haber ciertas concesiones, pero sin impunidad, porque no puede haber paz sin justicia. Se va a priorizar y se van a seleccionar los casos que sean de lesa humanidad y los crímenes de guerra que se hayan cometido reiteradamente, y entonces serán los cabecillas quienes van a responder por esos delitos.

¿Eso es lo que se haría en el contexto de la negociación de paz con las Farc?

Es preciso tener en cuenta que la firma del acuerdo para la terminación del conflicto armado con la guerrilla es un primer gran paso que esperamos, pero es sólo el comienzo de un proceso muy complejo en el que estarán involucradas todas las instituciones y la sociedad colombiana. Comprendemos y asumimos que el desafío para la justicia será determinante. De igual forma, el papel de la Comisión de la Verdad va a ser crucial, por eso es fundamental que en su integración se incluya a personalidades nacionales e internacionales de muy alto nivel, reconocidas, de gran trayectoria y, sobre todo, objetivas, independientes e imparciales.

¿Usted cree que con el Marco Jurídico para la Paz podría llegar a haber impunidad en este proceso con las Farc, como dicen algunos?

En momentos cruciales, como el que vive Colombia, ante la expectativa del proceso de paz con las Farc, es indispensable ampliar la comprensión de lo que entendemos por impunidad. Los negociadores deben entender que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, el Estado tiene la obligación de perseguir, sancionar y dejar clara la identidad y responsabilidad de los perpetradores de genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Una paz sin justicia no puede ser estable ni duradera. Por eso en este momento estamos mirando el Marco Jurídico avalado por la Corte Constitucional. Con base en ello no creo que haya impunidad y el Congreso se encargará ahora de reglamentarlo.

Si bien la paz no es duradera sin justicia, ¿no habrá unos “sapos” que los colombianos nos vamos a tener que pasar para poder llegar a la paz, en aras de finalizar con un conflicto que lleva más de 50 años?

Cuando hay un conflicto como el que ha tenido Colombia hay que ceder en ciertos aspectos, como rebajas de penas. Por ejemplo, por los delitos que han cometido los grupos armados al margen de la ley, no van a responder todos los guerrilleros sino los cabecillas; es decir, las personas que tenían bajo su dirección los ilícitos que se estaban cometiendo. La justicia no es ni será un obstáculo para la paz: la justicia es el camino hacia la paz. Y hablo de justicia en todo el sentido de la palabra.

Es decir que quienes están sentados hoy en La Habana negociando con el Gobierno, ¿jurídicamente no van a poder dejar de pagar algún tipo de condena?

Si ellos son los que han dirigido la comisión de esos delitos, tendrán que ir a pagar esas condenas. Otra cosa es que la justicia transicional permita sanciones alternativas. Habrá concesiones, eso lo vendremos a saber con la reglamentación que haga el Congreso de la República en la ley estatutaria que queda pendiente.

¿El Congreso podría reglamentar que quienes están sentados en la mesa de La Habana no paguen con cárcel por ningún delito? ¿Es posible?

De acuerdo con el Marco Jurídico para la Paz, es claro que habrá investigaciones contra los máximos dirigentes, que deberán responder.

¿Cómo va ser posible que quienes están sentados en La Habana van a aceptar firmar la paz sabiendo que van a ir a la cárcel? Ellos han dicho públicamente que eso no lo tienen contemplado.

Cuando hay dos partes, la una puede proponer, pero eso no necesariamente es lo que se obliga a aceptar. Yo puedo pedir, y lo que se llegue a acordar es completamente distinto. Como la Corte Suprema de Justicia lo advirtió hace algunos años, hay que tener en cuenta “lo negociable en términos políticos y lo imposible de tranzar en el terreno jurídico, lo jurídicamente permitido y lo políticamente viable”. Pero la puerta de la paz tiene un catálogo de posibilidades muy amplio que se abre ante la voluntad sincera de paz, perdón y reconciliación que tenemos los colombianos.

¿Cómo ve la llegada de Alfonso Gómez Méndez al Ministerio de Justicia?

El doctor Gómez Méndez es un importante interlocutor para la justicia, por su conocimiento del sector, su experiencia como procurador y fiscal general de la Nación y la amplia visión de Estado que da una carrera profesional como la suya.

¿Qué implicación va a tener la llegada del nuevo ministro de Justicia para las relaciones de la Rama con el Gobierno?

Afortunadamente, durante el período en que he presidido la Corte Suprema, hemos tenido muy buenas relaciones, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. Espero que esas buenas relaciones continúen.

¿A usted le parece que se necesitaba el cambio de ministra en la cartera de Justicia?

Es una decisión del Ejecutivo. Yo creo que la exministra Ruth Stella Correa lo hizo bien. Es una persona nacida en la rama y siempre estaba atenta a las necesidades de la rama, como lo ha estado directamente el presidente de la República. Quiero decirle que nosotros, los presidentes de las altas cortes, actuamos unidos, nos hemos reunido con él, le hemos manifestado las necesidades y hemos visto su preocupación por solucionar los problemas de la justicia.

En este mismo espacio le pregunté a la exministra de Justicia si creía que se estaba gestando una nueva reforma a la rama. Le pregunto lo mismo: ¿usted cree que eso se está pensando nuevamente?

No creo que se esté pensando en una reforma. La justicia, como toda institución, necesita modificaciones en algunos aspectos, pero no se observa un ambiente favorable ni una coyuntura adecuada para una reforma, aunque la justicia, como toda institución, necesita modificaciones puntuales.

¿Usted cree que se necesita? ¿No en este gobierno, pero sí en el próximo?

Siempre en toda institución se necesitan reformas, pero para eso existen las leyes. Entonces serán unas reformas de procedimientos las que tengan que hacerse. Porque en realidad las instituciones son muy fuertes. La Rama Judicial está sólidamente conformada y cada organismo cumple la función que le corresponde, de acuerdo con la Constitución Política.

¿Entonces quiere decir que no se debería volver a pensar en eliminar el Consejo Superior de la Judicatura?

El Consejo Superior de la Judicatura es importante en el autogobierno, la autonomía y la independencia de la Rama Judicial. Por supuesto, como decía, toda institución requiere ajustes y el Consejo Superior no es la excepción.

¿Qué opina del enfrentamiento entre el procurador general y el fiscal general de la Nación? ¿Cuánto daño le hace a la justicia?

No veo distancias personales, sino conceptuales, que alientan el espíritu de discusiones democráticas. Para eso están los cauces institucionales, y es allí donde al final se sabe cuál de los dos tiene la razón.

Ya que nombramos a la Procuraduría, ¿debe seguir esa entidad participando en los procesos penales? Hay quienes dicen que no tiene sentido...

Claro que debe seguir participando en los procesos penales. Entre mayor control haya, la trasparencia es mayor.

¿No estaríamos desperdiciando una cantidad de recursos del Estado pagando procuradores presentes en los procesos penales y cuyas opiniones no son obligantes?

¡No! Al contrario. Entre mayor sea el numero de ideas y visiones que se puedan escuchar en un proceso cuando se va a tomar una decisión, más se enriquece la discusión.

¿Cómo están las relaciones con el Congreso? ¿Hay tensiones burocráticas?

La Corte tiene unas relaciones armónicas con el Congreso. Y sobre los puestos, debo decirle que nunca he visto que un congresista haya venido a pedirme ningún favor, ni que le nombre ninguna persona. Aquí en la Corte no ha habido nunca interferencia del poder político. Somos apolíticos y la mayor muestra es que para nombrar a un magistrado jamás se le pregunta su filiación política, ni de qué región viene, y tampoco su universidad. Se mira su hoja de vida y trayectoria.

Pero en la Corte hay líneas políticas, eso sería imposible negarlo...

No. En la Corte jamás se le pregunta a un aspirante qué ideología tiene y mucho menos sus convicciones religiosas. Su pensamiento es libre. Aquí se nombra a un juez de la más alta jurisdicción que debe ser imparcial y ecuánime.

Digamos que esos tiempos ya pasaron, pero la Corte tuvo unos momentos muy duros y difíciles frente a la opinión pública por los famosos viajes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fueron por tanto tiempo protagonistas en los medios para mal y no para bien?

Lamentablemente fue por cosas muy triviales. No solamente han tratado de desprestigiar a la Corte sino a toda la justicia. No sabemos qué intereses oscuros habría detrás de ello. Pueda ser que la historia algún día nos lo cuente. Usted entenderá que no hubo ninguna acusación valida para que eso se hiciera. Tanto es así que cuando le preguntábamos el señor presidente de la República a qué se debían los ataques permanentes, se mostró muy sorprendido al respecto.

¿Qué intereses oscuros podrían ser aquellos que quieren desprestigiar a la justicia?

Hablo de oscuros porque no son declarados, porque se mueven detrás de los periodistas que tienen como misión dar la noticia, porque el periodista no es el que tiene el interés de desprestigiar a una rama. Son otras personas que lo están haciendo. Los periodistas no tienen por qué saber cuáles son las leyes y los derechos que tenemos. Entonces se valen de ello para poderlos manipular y hacerles creer cosas que no son, a través de chismes y rumores.

¿Por qué alguien querría desprestigiar a la justicia?

Para debilitarla. Porque la justicia ha sido de una las ramas del poder más respetadas del Estado colombiano.

Cuando se reunieron con el presidente, ¿qué les dijo?

Nos reunimos los presidentes de las cortes, el fiscal y el procurador. Él quedó muy impactado por la actitud de los medios, porque no sabía qué interés oscuro estaría detrás de todo esto. Aunque nosotros sabemos que no son los medios, porque a los medios les corresponde dar las noticias.

Sin embargo, aquí hubo gente de la rama, como el exmagistrado Jaime Arrubla, que criticó lo mismo que estábamos criticando los medios...

La declaración de Jaime Arrubla, quien perteneció a la Corte, fue desafortunada al decir que solamente había pedido dos permisos porque estaba enfermo. Porque después ustedes en los medios dijeron y demostraron que eso no había sido así, que para estar enfermo no hay permisos, hay licencias.

¿Se arrepiente de haberse ido a ese crucero por el que tanto se le atacó?

El permiso del que yo hice uso está disponible desde hace cuarenta años para la rama, porque los jueces están en disponibilidad permanente. Es una especie de compensatorio porque a nosotros nunca se nos puede pagar una hora extra. Nunca ha habido una reclamación por esto, hasta ahora, y pienso que fue por desinformación. Porque si los medios hubiesen sabido la realidad de esa norma, lo que los jueces trabajamos, yo sé que no hubiesen actuado de esa manera.

Si se quisiera cambiar los permisos que ustedes tienen, ¿el encargado de tramitarlo es el Congreso?

Así es. Pero, entonces, el legislador debería mirar la forma de compensar las horas extras trabajadas por los servidores judiciales.

Después de todo ese trago y episodio amargo por lo de su viaje, ¿usted cómo está?

Muy bien. Porque cuando uno tiene la conciencia tranquila eso lo ayuda a fortalecerse más. Yo he sido una mujer cumplidora de mi deber. La prueba de que mi despacho está al día la tienen las personas que vinieron a investigar. En este episodio, después de todas las palabras que se dijeron en mi contra, la justicia se fortaleció porque se vio que el ataque no era personal sino contra toda la rama.