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La justicia sí es para los de ruana

Ya es un lugar común en Colombia que los grandes escándalos de corrupción terminen en sentencias nimias.

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Sebastián Jiménez Herrera
17 de abril de 2012 - 11:19 p. m.
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El último episodio de la larga lista de controversias judiciales que parecen quedar en deuda con el país es el llamado carrusel en Bogotá. El empresario Julio Gómez, protagonista del desfalco al Distrito, apenas recibió una pena de 60 meses y está en libertad. El fiscal Eduardo Montealegre se escandalizó con el fallo. Un panorama que contrasta con miles de procesos en los que la justicia parece de todo, menos laxa y, aun más, equivocada. El Proyecto Inocencia de la universidad Manuela Beltrán constituye un esfuerzo por corregir esos yerros, cazando historias de inocentes injustamente condenados. El Espectador presenta cinco de ellas.

Condenado por una confusión

Manuel Mena vivía en la ciudad de Cartagena (Bolívar), donde trabajaba como obrero. A mediados de 2007 se trasladó a Bogotá y la ciudad lo recibió con una detención. En la Terminal de Transporte las autoridades lo capturaron porque, según ellas, era el responsable del asesinato de un hombre en zona rural de Vegachí (Antioquia), ocurrido a mediados de 1988. De acuerdo con las investigaciones, un minero del oriente antioqueño al que conocían con el alias de El Morenazo, después de una gresca con otro minero, lo asesinó y descuartizó. Nadie supo decir el nombre de alias El Morenazo. Sin embargo, uno de los testigos aseguró que creía que se llamaba Manuel Mena. Para el momento sólo había dos personas con ese nombre en todo Colombia: un adulto mayor y un joven, entonces las autoridades descartaron al anciano y condenaron al joven a 25 años de prisión. Por ello, Mena fue recluido. Lo que no atendieron los investigadores es que todos los testigos aseguraron que alias El Morenazo se caracterizaba por una cicatriz que le cubría la mitad del cuerpo y que iba desde su cabeza hasta sus pies. Manuel Mena no tenía esta cicatriz y, además, nunca en su vida había estado en Antioquia. Fue por ello que la Corte Constitucional decretó su libertad. Mena apenas pudo disfrutar de unos cuantos meses de libertad, ya que murió producto de una serie de afecciones que se le complicaron después de tres años de reclusión.

“Una cárcel para todos”

Durante 20 años, Gerardo Sánchez vivió ignorante de que la justicia lo había condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 11 personas, ocurrido en junio de 1987 en San Pablo de Borbur (Boyacá). Cuando lo capturaron, el 18 de enero de 2009, supo que Luz Sierra, una sobreviviente de la masacre, lo señaló como responsable del crimen. A Sánchez nunca se le informó del proceso y no hubo quién apelara su sentencia, por eso cuando lo capturaron era poco lo que podía hacer. Sánchez asegura que lo condenaron injustamente.

Desde el momento de su captura, sus familiares y el Proyecto Inocencia empezaron con su misión de demostrar que esto es así. Ellos revisaron el testimonio de Sierra y descubrieron que la descripción que ella había dado de quien, supuestamente, era Gerardo Sánchez, no correspondía con los rasgos del condenado. Luego encontraron testigos de que para la fecha de los hechos Sánchez se encontraba en Bogotá. Y recogieron el testimonio de Merco Sierra, el hermano de Luz Nydia Sierra y quien aseguró que a ella la habían obligado a señalar a Sánchez. La testigo murió antes de que pudiera rectificar. El Proyecto Inocencia prepara una acción para que la justicia revise si Sánchez fue correctamente condenado o no. Sus familiares aseguran que esto ha sido “una cárcel para todos” y que la justicia “sigue siendo para los de ruana, porque a los de cuello blanco no les pasa esto”.

“El Divina Alegría se esfumó”

Divina Alegría Patiño dice que no tiene tocayas en el mundo, y recuerda que su nombre se lo debe a que su papá era fanático del poeta Julio Flórez, quien le puso el mismo nombre a una de sus hijas. Pero Patiño, de 66 años, dice que del Divina Alegría ya no queda mucho. “La cárcel me dejó triste, melancólica, fueron 18 meses que nadie me los va a reponer, mi madre se enfermó, mi casa está embargada y mi nombre manchado”. Patiño cuenta que a mediados de 2004 una mujer, Luz Marina Penagos, le arrendó una habitación y se ganó su confianza, y además se ofreció para ayudarla a vender su casa, razón por la cual le entregó una copia de la escritura de la misma y una copia de su cédula. La casa nunca se logró vender y la inquilina, meses después, desapareció. Dos años más tarde Divina Alegría Patiño fue capturada porque, según las autoridades, era la jefe de una banda de estafadores. Su inquilina la había suplantado y había estafado a un sinnúmero de personas. No fue sino hasta que sus defensores comprobaron que a Divina Alegría Patiño le habían usurpado su identidad, que las autoridades decidieron liberarla. No obstante, sobre ella pesan otros tres procesos debido a que, según la Fiscalía, promovió su propia suplantación. Patiño dice que eso es descabellado y disfruta, mientras puede, de su libertad, porque para ella salir de la cárcel fue volver a la vida. La suplantadora, mientras tanto, sigue sin ser capturada.

En busca de un muerto vivo

Isabel Sánchez busca desesperada a Carlos Julio Jiménez. A su esposo, Peregrino Torres, a su hermano Fernando Sánchez y a su amigo Javier Jiménez los condenaron a 13 años de prisión por su homicidio, ocurrido, presuntamente, el 15 de agosto de 1994. Según las autoridades, ese día durante una fiesta, la supuesta víctima invitó a bailar a Isabel. Ella se negó y él la golpeó. Sus familiares reaccionaron, pero de acuerdo con sus relatos no pasó todo de los puños.

Después, la víctima salió corriendo y no se supo más de él. Sin embargo, ocho años más tarde apareció un testigo, Mario Quintero, quien aseguró que vio cuando los tres hombres asesinaron a Jiménez Quintero y lo echaron al río. Nunca se encontró el cuerpo ni el arma homicida y tampoco se estableció la escena del crimen. La sentencia se basó exclusivamente en el testimonio de Mario Quintero que —él mismo lo dijo—, se encontraba a unos 800 metros del lugar de los hechos y estaba bajo los efectos del alcohol.

Lo que más le duele a Isabel es que vecinos de Suesca (Cundinamarca) dicen haber visto a la víctima llevándole comida a su madre y que hay pruebas de que él sigue vivo. De hecho, su cédula, la 80’394.697 de Chocontá (Cundinamarca), sigue activa, no se le ha emitido ningún acta de defunción y, aparentemente, votó en las últimas elecciones y se inscribió a un seguro de vida. Isabel sufre de taquicardia y cáncer de estómago. Tiene tres hijos a los que sostiene apenas e ir a visitar a su marido la enferma. Su marcapasos se ha averiado debido a los aparatos de rayos X por los que la obligan a pasar cuando visita la cárcel de Chocontá. El Proyecto Inocencia prepara una acción de revisión para que se estudie el caso de sus tres seres queridos. Ella sólo espera que Carlos Julio Jiménez aparezca y su marido vuelva a casa.

Una cicatriz le dio su libertad

En marzo de 2009 Apolinar León Munévar fue capturado y enviado a la cárcel La Picota en Bogotá, debido a que la justicia lo había condenado a seis años y dos meses de prisión, por los delitos de porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. Sin embargo, Munévar nunca había usado un arma y siempre se declaró inocente de los cargos por los que lo acusaban. Meses después, la justicia le dio la razón y decretó su libertad. Fue entonces cuando supo lo qué sucedía: había perdido su cédula y alguien lo suplantó. No sólo eso, dicho suplantador estuvo detenido durante 8 meses por un sinnúmero de delitos. La ficha clave que encontraron los abogados del Proyecto Inocencia para demostrar que Munévar no era culpable, fue una cicatriz o, mejor, la ausencia de ella. Los abogados descubrieron que el suplantador ingresó al Hospital de Kennedy el 27 de noviembre de 2002 porque se había caído de un cuarto piso. Allí lo operaron y la intervención quirúrgica le dejó una prominente cicatriz en sus piernas. Cuando lo supieron, sus defensores corrieron a entrevistarse con él. “Lo primero que hice fue levantarle el pantalón: no tenía ninguna cicatriz”, recordó Francisco León, uno de sus defensores. Entonces, sus abogados interpusieron una tutela para que lo liberaran, lo que finalmente sucedió el 20 de noviembre de 2009. Sin embargo, León Munévar no olvida esos 8 meses que fueron los peores de su vida. Del suplantador no se ha sabido nada.

El Proyecto Inocencia

Esta iniciativa surgió hace cuatro años tomando como ejemplo un proyecto similar en los Estados Unidos. Su motor son los estudiantes de Sicología, Derecho e Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán.

Francisco León y Juan Carlos Cárdenas revisan cada que pueden si hay algún proceso en su contra porque después de cuatro años de defender a personas injustamente condenas, saben que a cualquiera lo pueden suplantar o señalar de delitos que no cometió. Ellos lideran el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán que se creó hace cuatro años replicando en Colombia lo que desde 1.992 venía realizando en Estados Unidos un proyecto del mismo nombre.

Por esta labor, el Proyecto ha atendido cientos de casos. Aunque sólo reciben aquellos en los que es evidente que la persona ha sido condenada de forma irregular. En cuatro años ha sacado de la cárcel a por lo menos 7 personas, entre ellas, Apolinar León Munevar y Manuel Mena (ver recuadros). Los jueves, sus abogados visitan las cárceles buscando casos de personas que hayan sido condenadas injustificadamente.

Otros casos los reciben gracias a los estudiantes de Derecho, Sicología e Investigación Criminal de la Manuela Beltrán que son el motor de la iniciativa. Recuerda Juan Carlos Cárdenas, director del Proyecto, que los estudiantes son quienes presentan y estudian los casos y eso los hace unos duchos antes de haberse graduado.

Los abogados de Inocencia destacan que a sus clientes los defienden sin cobrar un peso y con el fin de demostrar que “el Derecho puede y debe cumplir una labor social”, asegura Francisco León y agrega que, de forma subsidiaria, el Proyecto también ayuda a personas que se han declarado culpables pero que tienen derecho a beneficios jurídicos a los que no podrían acceder de no tener una asesoría jurídica. Cualquier persona que considere haya sido condenada injustificadamente o que tenga un familiar en esas condiciones puede conocer más del Proyecto Inocencia en http://umb.edu.co/inocencia/somos.html

Por Sebastián Jiménez Herrera

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