'La liberación del general Alzate no es ningún acto de buena voluntad': Procurador

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que este es el momento preciso para que el Gobierno Nacional le exija a las Farc la firma de una serie de compromisos antes de reanudar con el proceso de paz, el cual se encuentra suspendido desde el pasado domingo tras el secuestro del general Rubén Alzate Mora, un cabo primero y una civil.

El jefe del Ministerio Público calificó como un “sainete más de las Farc” el secuestro del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional, hecho por el cual manifestó que se debe exigir a las Farc que si quieren seguir en la mesa de negociación en La Habana (Cuba) deben renunciar a la práctica del secuestro, el reclutamiento de menores, los ataques contra la población civil, entre otros.

“Es indudable que la liberación del general Alzate, si la hace, y de las personas que lo acompañaban no es ningún acto de buena voluntad. El Gobierno debería utilizar este episodio para corregir los errores con los que inicio este proceso”, precisó Ordóñez Maldonado al manifestar que en los dos años que llevan las negociaciones se han registrado 58 civiles.

Igualmente manifestó que los representantes del Gobierno deben preguntarles a los delegados de las Farc en La Habana si son capaces de renunciar al secuestro, a no seguir cometiendo crímenes contra la población civil. “Son correctivos mínimos. Lo digo, y así no me escuchen, la suspensión del proceso no debería reiniciarse si no hay un compromiso por parte de las Farc”.

El Procurador General aseguró que si se hacen estas correcciones la ciudadanía apoyaría este proceso de paz puesto que verían una real voluntad de paz por parte del grupo guerrillero y así "relegitimar" esta negociación. "Todos los colombianos estamos de acuerdo con la paz, queremos que este proceso fructifique, pero debe haber condiciones, las cuales están enmarcadas por la Corte Constitucional. A partir de allí se puede construir un verdadero pacto político para darle sostenibilidad". 

El jefe del órgano de control disciplinario presentó sus objeciones a la propuesta del cese bilateral puesto que la experiencia permite inferir que estos actos son utilizados por el grupo guerrillero para fortalecerse militarmente y aumentar "de manera considerable" el número de sus integrantes, citando el caso registrado entre los años 1982 a 1987.

“Tengo mis temores y mis dudas”, precisó Ordóñez Maldonado al manifestar que un cese bilateral al fuego únicamente funciona cuando se lograr un acuerdo final en las negociaciones y se le pone punto final al conflicto armado.  Igualmente no se mostró de acuerdo con la propuesta presentada por el expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez sobre la creación de un lugar restringido y con vigilancia para ubicar a los miembros de este grupo guerrillero. 

En este punto aseguró que esa propuesta debe ser analizada y observar cada una de sus implicaciones, alejándolos de las zonas que explotan la hoja de coca y la minería ilegal.

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que este es el momento preciso para que el Gobierno Nacional le exija a las Farc la firma de una serie de compromisos antes de reanudar con el proceso de paz, el cual se encuentra suspendido desde el pasado domingo tras el secuestro del general Rubén Alzate Mora, un cabo primero y una civil.

El jefe del Ministerio Público calificó como un “sainete más de las Farc” el secuestro del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional, hecho por el cual manifestó que se debe exigir a las Farc que si quieren seguir en la mesa de negociación en La Habana (Cuba) deben renunciar a la práctica del secuestro, el reclutamiento de menores, los ataques contra la población civil, entre otros.

“Es indudable que la liberación del general Alzate, si la hace, y de las personas que lo acompañaban no es ningún acto de buena voluntad. El Gobierno debería utilizar este episodio para corregir los errores con los que inicio este proceso”, precisó Ordóñez Maldonado al manifestar que en los dos años que llevan las negociaciones se han registrado 58 civiles.

Igualmente manifestó que los representantes del Gobierno deben preguntarles a los delegados de las Farc en La Habana si son capaces de renunciar al secuestro, a no seguir cometiendo crímenes contra la población civil. “Son correctivos mínimos. Lo digo, y así no me escuchen, la suspensión del proceso no debería reiniciarse si no hay un compromiso por parte de las Farc”.

El Procurador General aseguró que si se hacen estas correcciones la ciudadanía apoyaría este proceso de paz puesto que verían una real voluntad de paz por parte del grupo guerrillero y así "relegitimar" esta negociación. "Todos los colombianos estamos de acuerdo con la paz, queremos que este proceso fructifique, pero debe haber condiciones, las cuales están enmarcadas por la Corte Constitucional. A partir de allí se puede construir un verdadero pacto político para darle sostenibilidad". 

El jefe del órgano de control disciplinario presentó sus objeciones a la propuesta del cese bilateral puesto que la experiencia permite inferir que estos actos son utilizados por el grupo guerrillero para fortalecerse militarmente y aumentar "de manera considerable" el número de sus integrantes, citando el caso registrado entre los años 1982 a 1987.

“Tengo mis temores y mis dudas”, precisó Ordóñez Maldonado al manifestar que un cese bilateral al fuego únicamente funciona cuando se lograr un acuerdo final en las negociaciones y se le pone punto final al conflicto armado.  Igualmente no se mostró de acuerdo con la propuesta presentada por el expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez sobre la creación de un lugar restringido y con vigilancia para ubicar a los miembros de este grupo guerrillero. 

En este punto aseguró que esa propuesta debe ser analizada y observar cada una de sus implicaciones, alejándolos de las zonas que explotan la hoja de coca y la minería ilegal.